La tensión entre el Gobierno nacional y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se ha recrudecido luego de que la Superintendencia Nacional de Salud interviniera de manera forzosa a Sanitas y a la Nueva EPS, por incumplimientos en los requisitos financieros de habilitación y por múltiples quejas de los usuarios.
Sin embargo, las entidades promotoras del país han asegurado que el dinero que reciben por parte del Gobierno no alcanza y que, por eso, se han generado dificultades en la prestación de los servicios. Pero, el Ministerio de Salud y Protección ha asegurado que los recursos destinados a cada EPS son “suficientes” y, además, se han entregado “a tiempo”.
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De hecho, la empresa española Keralty, que controla a la EPS Sanitas, se quejó del Gobierno nacional luego de la intervención llevada a cabo por la superintendencia, al considerar que fue una decisión “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.
“La situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC (unidad de pago por capitación), la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada. Dichas problemáticas fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la Adres y otras instituciones, sin encontrar soluciones”, precisó Keralty en un comunicado.
Sin embargo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) informó que entre marzo y la primera semana de abril giró $1.144.000.000.000 por concepto de presupuestos máximos. Estos recursos corresponden al cierre de 2023 y a los pagos corrientes del año en curso.
De la totalidad, $539.000 millones hacen parte del cierre y los ajustes correspondientes a 2023, mientras que $605.000 millones son de enero y febrero de 2024, de acuerdo con la entidad.
“Las EPS que recibieron estos recursos de Adres son las que manifestaron su conformidad con las resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de las cuales el sistema reconoce los gastos de los servicios de salud no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, indicó la entidad en un comunicado.
Entre las entidades promotoras incluidas en los pagos está Sanitas, la Nueva EPS, Famisanar, Aliansalud, Salud Bolívar EPS, Cajacopi EPS, Coosalud, entre otras. La Adres informó que está a la espera de recibir as resoluciones ejecutoriadas de otras entidades promotoras de salud que hacen falta, para poder hacer los giros. “¡#ADRES no retiene los recursos de la #salud!”, escribió la entidad en X.
Cabe resaltar que en agosto de 2023, cuando varias EPS manifestaron carencia de recursos, el Ministerio de Salud informó que para ese año se estableció un incremento del 16,23% en la UPC, que es el pago se hace por cada usuario afiliado al sistema de salud. Indicó que dicho aumento se calculó teniendo en cuenta la información reportada por las mismas EPS.
“Nunca antes un gobierno destinó tantos recursos para la salud. Los dineros que se giran a las EPS no son de las EPS; son dineros públicos, aportados por todas y todos los colombianos a través de sus impuestos y las cotizaciones que pagan las personas del régimen contributivo”, aseveró en su momento el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Ahora, en medio de la intervención de Sanitas y la Nueva EPS, la exministra de Salud Carolina Corcho informó que están perdidos $12 billones que fueron destinados por el Gobierno nacional para la salud y que fueron entregados a cuatro EPS. “Estos recursos no aparecen ni en caja, ni tampoco invertidos en reservas técnicas, como dice la ley, ni tampoco aparecen en pagos a clínicas, hospitales y proveedores”, precisó Corcho.
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