Gobierno propuso año rural sin excepciones y los médicos y personal de la salud se rebotaron: “No hay garantías de seguridad”

Un nuevo borrador de resolución del Ministerio de Salud, a cargo de Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reactivado el debate alrededor del Servicio Social Obligatorio (SSO), comúnmente conocido como “año rural”, para todos los profesionales del área de la salud en Colombia.

Históricamente, el SSO ha sido un requisito para obtener la tarjeta profesional y ejercer ciertas carreras del ámbito sanitario en el país. Sin embargo, dado que hay menos plazas que el total de egresados, es prácticamente una lotería tener que hacerlo o no.

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Ahora, la propuesta del Gobierno Petro busca eliminar las exenciones y obligar a todos los estudiantes a cumplir este servicio en áreas rurales, incluso, si no hay plazas disponibles.

De hecho, ya no serían solamente médicos, enfermeros, bacteriólogos y odontólogos los que tendrían que hacerlo, pues unas siete profesiones estarían en la lista: fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, optómetras, terapeutas ocupacionales, terapeutas respiratorios y químicos farmacéuticos.

El estudiantado y los profesionales de la salud han expresado su preocupación por esta medida, argumentando que muchos de los lugares asignados para el SSO carecen de las condiciones mínimas necesarias para brindar atención médica adecuada. Además, señalan el riesgo de seguridad al que se enfrentan los profesionales en estas zonas, donde la violencia y las amenazas son una realidad cotidiana.

“Como se ha evidenciado en plazas como El Bagre, Zapatoca y Florencia u otras plazas rurales, durante este año de SSO se pone en riesgo la integridad física y laboral de miles de profesionales”, se lee en el comunicado.

Además, en la carta le solicitan al Gobierno nacional que considere todas las perspectivas antes de tomar una decisión final. “Nos preocupa en sobremanera estas nuevas propuestas que pueden retrasar nuestro ejercicio profesional y para las cuales no hay garantías efectivas de la seguridad de nuestros rurales en toda la geografía del país”.

Cabe anotar que desde Pasto, Nariño, el ministro Jaramillo expresó que, en Colombia, “no estamos educando adecuadamente en algunas partes a nuestros médicos”. Según él, una de las situaciones que está pasando es que los médicos “solo quieren investigación o que apenas terminen se van a ir a los Estados Unidos”.

Sobre lo anterior, los estudiantes adscritos a esas agrupaciones aseguran que su petición no es falta de compromiso vocacional. En cambio, detallan que “el hecho de tener sentido social no nos somete a aportar nuestro conocimiento si no hay garantías para nuestro bienestar como futuros profesionales”.

La primera modificación es que el tiempo de servicio será de solo seis meses si se da en áreas urbanas o rurales de difícil acceso a los servicios de salud. En el resto de los casos, como se presenta actualmente, será de un año.

El segundo punto implica reducir las causales de exoneración a cinco:

1. Individuos que ya hayan cumplido el servicio rural en otra profesión dentro del campo de la salud.
2. Aquellos que hayan realizado el servicio en el extranjero durante un mínimo de un año después de obtener su título.
3. Personas que hayan cumplido servicio militar.
4. Extranjeros con un título de posgrado obtenido en el extranjero y debidamente convalidado.
5. Aquellos que demuestren incapacidad para prestar el servicio debido a enfermedad catastrófica, caso fortuito o fuerza mayor.

El tercer punto establece que aquellos que no cumplan con las causales mencionadas anteriormente estarán obligados a realizar el año rural. En caso de no ser seleccionados en los sorteos anuales, el Ministerio indica que los jóvenes deberán continuar inscribiéndose hasta obtener un cupo. Este es, quizás, uno de los puntos más polémicos; ya que los estudiantes argumentan que el Gobierno, si pide obligatoriedad, debería proveer todas las plazas para no retrasar el ejercicio de los profesionales.

El último punto especifica que las Secretarías de Salud y sus respectivos directores serán responsables de resolver las solicitudes de exoneración, lo que exime al Gobierno nacional de tomar esa tarea.