Caso Nicolás Petro: empresa de seguridad que habría suministrado armas al clan Vega Daza es mencionada en expediente del hijo del presidente

Nuevos detalles se conocieron el domingo 3 de marzo de 2024 con respecto al caso que involucra a Nicolás Petro Burgos: hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en relación con los dineros al parecer de origen ilícito que recibió de cuestionados personajes de la Costa Atlántica, y por los que fue imputado de los delitos de enriquecimiento y lavado de activos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Un informe de Noticias Caracol dio cuenta que una firma de seguridad de Barranquilla, con la que el primogénito del jefe de Estado buscaría legalizar el dinero que obtuvo de hombres como Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso El Turco Hilsaca, y que iban al parecer para la campaña política de su padre en mayo y junio de 2022, también estuvo vinculada al clan Vega Daza: protagonista en los últimos días de hechos violentos contra sus miembros.

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Se trata de Lost Prevention Limitada, que funciona desde hace 15 años y tiene sedes no solo en la capital del Atlántico, también en Riohacha (La Guajira) y Urabá. De acuerdo con el reporte, desde 2022 ha firmado contratos por más de $8.000 millones, con la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Maicao. Y aunque entre los que componen la sociedad y el clan no existiría familiaridad, se habría comprobado dichos nexos.

Al menos cuatro miembros de la temible familia en el Atlántico, que fue exterminada por sus enemigos en la región, con la muerte de Roberto Vega Daza, el último de sus integrantes, que fue abatido en Valencia (España), fueron miembros de la compañía en mención y tuvieron acceso a armamento que contaba con permisos para su uso.

Ellos serían Rafael Vega Cuello, alias Kike, conocido como el jefe del clan, y estaba acreditado dentro de la organización como directivo; al igual que sus hijos, Ronald, Ray y Roberto Vega Daza, que figuraban como escoltas. Además, uno de los primos, Jorge Vega Salazar, también tenía funciones de escolta y era el que coordinaba el departamento de armas de la empresa; pese a las denuncias en su contra por delitos.

La referida firma de seguridad está relacionada en documentos de la Fiscalía General de la Nación con actividades delictivas en Barranquilla. No obstante, en los últimos cinco años los casos en su contra no registraron mayores novedades y los denunciantes, de acuerdo con lo que se detalla en el informe, fueron asesinados luego de revelar información al organismo de investigación. Es por esto por lo que desde Bogotá se asumió en control del caso.

“A través de la empresa de seguridad, la organización trafica y adquiere armas de fuego para los grupos armados identificados como Los Conquistadores de la Sierra y el Clan de los Vega”, se leyó en uno de los documentos de la Fiscalía revelado por Noticias Caracol. El primero es un grupo residual de autodefensas que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, con la comisión de diferentes delitos.

A la par de estos procesos en su contra, la compañía está en la lupa del ente acusador, debido a que está involucrada en el caso que protagoniza Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del primer mandatario, por los punibles por los que fue imputado. Para la Fiscalía, existen sospechas serias de que la representante legal de Lost Prevention, Lilian Dolores López, se habrían prestado para falsificar documentos en favor del político.

El testimonio de una fuente reservada sería la principal prueba en contra de la firma y de Petro Burgos, que estarían en una alianza para tratar de justificar los ingresos que tienen en líos a uno de los herederos de Gustavo Petro: que pasó de aceptar la posibilidad de colaborar con la justicia, el 1 de agosto de 2023, a rechazar cualquier posibilidad en este sentido, el 25 de septiembre, por influencia de su padre.

“La relación que existe entre esa empresa, esa señora y Nicolás Petro con la investigación es que, a través de esa empresa, están creando documentos falsos, letras, registros y todo lo que se pueda para que Nicolás Pueda justificar el ingreso y procedencia del dinero que la exesposa (Day Vásquez) dijo que recibió”, mencionó la fuente a la entidad investigadora, en lo que sería un elemento clave en este entramado corrupto.

La fuente fue enfática en decir que tiene conocimiento de que se están firmando pagarés, que debía ser registrado en la contabilidad de la empresa, como si fueran préstamos y aportes a campañas políticas. A cambio de esta especie de favor, el reporte periodístico hecho por el periodista Ricardo Calderón hace referencia a lo que serían promesas por parte del involucrado, Nicolás Petro, para conseguirle contratos con entidades del Estado.

En manos de la Fiscalía General de la Nación está el avance de estas revelaciones, que ponen de manifiesto lo que sería una alianza macabra entre la empresa, lo que fue el clan Daza Vega y el hijo del jefe de Estado, que afronta un juicio por un incremento injustificado de $1.053 millones, cuyas audiencias preparatorias serán el 21 y 22 de marzo.