La defensa de Nicolás Petro señaló que se debe modificar el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en su contra, debido a que se le atribuyó enriquecimiento ilícito de servidor público, pero no se demostró la relación con su cargo como diputado que ejercía para el momento de las presuntas actividades delictivas. Sin embargo, el juez negó la pretensión y mantuvo en firme el inicio del juicio.
“El juzgado cae en cuenta que los hechos jurídicamente relevantes, como lo sostiene la misma Fiscalía y el Ministerio Público, son claros, concretos, además son coherentes, entendibles, hasta el punto que el procesado los entendió en la audiencia de imputación”, señaló el juez al rechazar la solicitud de los abogados del ex diputado del Atlántico.
Para la defensa, no queda claro que haya un nexo entre la función pública que ejercía Petro Burgos y el incremento injustificado de su patrimonio que le atribuye la Fiscalía, por tanto no se le podría atribuir el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.
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“Es necesario que una acusación por un delito de enriquecimiento ilícito de servidor público cuente con una narración fáctica para poder entender cuál es el nexo de causalidad que hay entre la función y el presunto incremento patrimonial injustificado. El hecho de que la Fiscalía no haya incluido esa situación en los hechos jurídicamente relevantes afecta el derecho de defensa”, señaló el abogado Sebastián García durante la audiencia.
Para la defensa del hijo del presidente, el ente acusador se contradice porque le imputa un delito que debió cometer en su cargo, pero al tiempo sostiene que el dinero se habría recibido para llevarlo a la campaña presidencial de su papá y en lugar de entregarlo, finalmente se lo embolsilló.
“Esa omisión de la Fiscalía por sí sola nos lleva a entender que no está completa la formulación de imputación en cuanto a hechos jurídicamente relevantes, pero además es que la Fiscalía tiene otra tesis endógenamente analizada, le da otra explicación a por qué el imputado habría tenido contacto con el dinero y eso tiene simplemente que ver para llevarlo a un lugar y se habría apropiado de él. Es decir, la misma tesis de la Fiscalía desdice de que exista un nexo de causalidad entre la condición de diputado que tenía el señor Nicolás y ese presunto incremento patrimonial”, agregó el abogado defensor.
Aunque el enriquecimiento ilícito es el delito menos grave imputado a Petro Burgos, para los abogados defensores no es posible sostener el presunto lavado de activos si no se demuestra que recibió un dinero sin justificación.
“No podemos estructurar una defensa sobre un hecho inexistente, ni podemos nosotros inventarnos un hecho dentro de la imputación para después atacarlo vía ejercicio del derecho de defensa”, manifestó el abogado García. El defensor señaló que si hubiera realizado correctamente la imputación, no estarían solicitando la nulidad de lo actuado.
El abogado señaló que ese aparente error en la formulación de acusación afecta la defensa y así mismo el debido proceso y la economía procesal. Advirtió que el proceso, de continuar, va a incurrir en nulidad, como lo han solicitado. “Estamos evitando que tengamos que llegar a un estadio procesal mucho más avanzado, donde su señoría al momento de tomar una decisión va a ver que no tiene elementos para poder decidir de fondo”, afirmó el abogado.
“El acusado no sabe de qué hecho se le está acusando y de qué tiene que defenderse y el juez a su vez tampoco puede determinar cuál es el objeto del juicio”, agregó el abogado defensor de Nicolás Petro.
Con su alegato, la defensa pide que se anule la decisión del Juez 74 Penal Municipal de Bogotá que avaló la imputación y se devuelva el caso a esa etapa procesal. Es decir que la Fiscalía debería volver a presentar la narración de los hechos y los delitos que le atribuye a Petro Burgos.
El fiscal Mario Burgos calificó de “superflua” y “temeraria” la solicitud de la defensa del hijo del presidente y aseguró que el juez está facultado para decidir de fondo si la aprueba o la niega. En su concepto debe ser rechazada de plano.
“Nicolás Fernando Petro Burgos entendió tan bien la formulación de imputación o comunicación a cargos que decidió aceptarlos. Los aceptó en forma libre, consciente y voluntaria frente a todo el país con el compromiso de colaborar con la administración de justicia. Entonces ahora no entiende los hechos jurídicamente relevantes, es presionado, entre comillas, como él lo dijo, cuando estaba en presencia de la bancada defensiva”, señaló el fiscal.
La Procuraduría también se mostró a favor de que el juez rechace de plano la solicitud de nulidad, al considerar que no vulnera el derecho de la defensa, además de señalar que los hechos ocurrieron cuando Petro Burgos era diputado del Atlántico.