La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia abrió una investigación y emitió un pliego de cargos contra importantes compañías del sector de combustibles, entre ellas Organización Terpel S.A., Chevron Petroleum Company, Biomax Biocombustibles S.A., Primax Colombia S.A., y la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y derivados del Petróleo Nariño (Adiconar). Esto, por presuntas prácticas de obstrucción a la libre competencia.
La decisión comunicada recientemente, responde a un proceso legal iniciado en abril de 2020 en el cual se cuestionó el control del suministro de combustible en la región.
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De acuerdo con lo manifestado por la entidad de inspección, vigilancia y control, según la reglamentación aplicable para la distribución de combustibles líquidos en zonas de frontera, si un distribuidor mayorista construye una planta de abastecimiento en Nariño, tendrá el primer orden de prelación para llevar a cabo actividades de distribución en ese departamento.
Por esta razón es que los otros distribuidores mayoristas solo pueden atender la demanda de combustibles que no hubiera atendido el distribuidor que tuviera el primer orden de prelación.
“En el pliego de cargos, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a las empresas investigadas explicación sobre el ejercicio masivo, reiterado e injustificado de más de 45 acciones judiciales y administrativas ante diversas autoridades para impedir que nuevos distribuidores mayoristas construyeran plantas de abastecimiento en el departamento de Nariño, con lo que presuntamente pretendían que ningún agente pudiera obtener el primer orden de prelación para la actividad de distribución”, indica la SIC en el comunicado emitido.
Adicionalmente, agrega: “Dentro del conjunto de acciones ejercidas con ese fin se encuentran recursos ante el Ministerio de Minas y Energía, acciones de tutela, acciones populares y demandas ante la jurisdicción administrativa.
Esta estrategia habría sido acordada en reuniones hechas por Adiconar, con la presunta participación de distribuidores mayoristas y minoristas investigados”.
La contienda legal comenzó cuando el Ministerio de Minas asignó la gestión del suministro de combustibles a Petrodecol, decisión que fue atacada con múltiples recursos legales que obstaculizaron su operación.
No obstante, un fallo del Tribunal Administrativo de Nariño inicialmente respaldaba a los demandantes, pero otro posterior del Consejo de Estado del 17 de noviembre, revocó dicha sentencia y exhortó a la SIC para ejercer controles adecuados a fin de proteger al consumidor final de combustibles.
El abogado Iván Cancino, defensor de Petrodecol, dijo a El Tiempo que tiene listos los preparativos para presentar una denuncia penal contra las compañías mencionadas por presunto lavado de activos y contrabando de gasolina.
“También estamos evaluando un posible peculado. La denuncia no solo está fundamentada en la información de la SIC, sino, además, en evidencia propia que hemos recogido sobre el caso y que le entregaremos a la Fiscalía”, dijo Cancino a el medio.
Asimismo, las empresas señaladas en el pliego de cargos redireccionaron de forma dispar a la investigación de la SIC. Chevron afirmó al mismo medio que aún no ha sido notificada, pero aseguró su actuar transparente en Colombia durante más de un siglo. Entretanto,
Primax sostuvo su respeto por la normatividad y su disposición a colaborar con la investigación.
“La compañía siempre ha cumplido con la normatividad vigente y fomentado la libre y sana competencia de los agentes, entendiendo que es la forma más eficiente para garantizar un abastecimiento de combustibles confiable y eficiente”, aseguraron desde esta última compañía, según El Tiempo.
Mientras que Terpel alegó que todas sus acciones y decisiones son guiadas por valores corporativos de integridad y respeto, negando haber participado en cualquier estrategia para obstruir la competencia.
La investigación de la Fiscalía y la SIC está en curso para determinar las responsabilidades pertinentes.
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