Las razones por las cuales los tenderos resultarían afectados por los impuestos saludables, según docente de Economía

“Lo que se vendía el año pasado no alcanza para pagar el negocio hoy. Se vende más poco, y más caro”, es lo que responde el señor Yebrahím Gutiérrez, dueño de la tienda El Pollero, un negocio abarrotado ubicado en un barrio de la localidad de Usme, en el Sur de Bogotá, cuando se le pregunta cómo ha percibido el impacto de la entrada en vigor de los impuestos a las bebidas con azúcar añadido y a los alimentos ultraprocesados.

Su preocupación es evidente en la mirada. Con cuaderno en mano y lápiz tras la oreja, ojea los apuntes de un cuaderno, porque no cuenta con tablas de Excel o documentos computados. Revisa las cuentas y afirma que no entiende cómo va a sostener su negocio porque en algunos meses del 2023 la utilidad fue menor a los gastos de inversión que tuvo que pagar para surtir la tienda que, eso sí, tiene de todo, como cualquier tienda en los barrios populares de Bogotá.

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Gutiérrez vende desde gaseosas y cigarrillos, hasta pollo congelado, leche y huevos, pasando por paquetes de papas de todo tipo, grandes y pequeños, galletas, pan tajado, café, chocolate, yogur, queso, jamón y embutidos de varias marcas, refrescos en polvo, botellas de aceite, hasta papel higiénico, que es lo único que vende que no estaría gravado por los impuestos saludables.

La misma situación la viven Julieth Ramírez y su esposo Alejandro, una pareja de propietarios jóvenes de un minimercado cercano a la tienda de don Yebrahím. Están impresionados porque los costos de muchos artículos van a subir incluso, según ellos, más del 10% estipulado para el gravamen.

Y aunque Julieth y Alejandro tienen mucho más estructuradas y organizadas las cuentas que Gutiérrez y, posiblemente, cuentan con mayor capital y surtido para encarar los impuestos que entraron en vigencia el 1 de noviembre, no dejan de preocuparse por las implicaciones que las alzas en los precios van a generar en su negocio y en el comportamiento de los consumidores se du barrio.

Es por estas preocupaciones que asociaciones como Fenalco ya se han pronunciado para denunciar las afectaciones que este tipo de normativas pueden traer a los tenderos y a los sectores populares de la sociedad colombiana.

En esa medida, Infobae consultó al académico Alejandro Espitia, docente en Desarrollo y Macroeconomía de la Universidad Javeriana, para conocer las consecuencias que pueden enfrentar los tenderos.

En una primera instancia, el también politólogo, explicó detalladamente los fundamentos que tiene el Gobierno para implementar este tipo de tasas tributarias. Manifestó que existen dos argumentos principales que se deben considerar para comprender este tipo de medidas.

El docente mencionó que no existen extremos, pero sí perspectivas que permiten divisar panoramas positivos y negativos. Por eso, es primordial entender el fundamento de fondo de estos impuestos: un argumento meramente conceptual.

“El estado se desfavorece por el amplio consumo de bebidas y ultraprocesados”, porque “en últimas, al consumir altos contenidos de azúcar y ultraprocesados, los ciudadanos se enferman, lo que implica sobrecostos en el sistema de salud a futuro”, responde Espitia. Es decir que el Estado entra a decidir sobre las elecciones de consumo pues “dado que las enfermedades las costea el sistema de salud, al cual contribuimos todos, las personas enfermas le estarían generando una carga a terceros sobre este sistema”.

Para Espitia, esto suscita la figura económica de una “externalidad negativa” que el Estado busca internalizar en el consumidor. Esto significa, en términos económicos, que hay decisiones que toman los individuos, y de las cuales no se hacen responsables, que afectan a otros actores sin que sean compensados por ello.

En ampliación, esto significaría que el Estado está tras la idea de que los ciudadanos “asuman los costos”, por medio del impuesto, de los sobrecargos que sus decisiones alimenticias generen al sistema de salud en un futuro, en caso de enfermedades que deban ser atendidas por la salud pública. En ese sentido, argumenta que “se estaría cobrando lo que realmente vale consumir el alimento ultraprocesado, o la bebida con exceso de azúcar”.

Aunque el experto señala que, si bien el argumento tiene solidez conceptual, para muchas personas es difícil asumir que el Estado intervenga en sus decisiones personales sobre la elección de su consumo, pues dicha externalidad sería ocasionada por el mismo Estado al propender por un sistema de salud público: “El Estado te obliga a hacer parte del sistema público, para luego no darte más alternativas”, aunque quiera “echarte una mano” con el consumo saludable.

Dicho eso, las consecuencias factuales del impuesto pueden ser inconvenientes en la inmediatez. Aunque la figura en la teoría parezca “eficiente para el Estado”, habría que estudiar el impacto real en toda la cadena de producción, ya que el académico indica que no hay únicamente un afectado.

“Ambos impuestos son diferentes, aunque buscan lo mismo: reducir enfermedades para reducir de atención en salud”, indica el experto. “El impuesto a las bebidas azucaradas es más claro y tiene menos excepciones, mientras el impuesto a los alimentos muy procesados tiene muchas excepciones”, lo cual puede ser un punto de quiebre, por la variedad de alternativas, incluso, no tan saludables, que pueden ser optadas por un precio más asequible.

Para el académico, la entrada en vigencia del impuesto puede ser compleja porque, aunque sí hay estudios que garanticen que gravar las bebidas azucaradas haría que la ciudadanía limite el consumo, por razones económicas de que si sube el precio baja la demanda, no hay “evaluaciones rigurosas sobre este tipo de impuestos que calculen los efectos en el sistema de salud. No son concluyentes. No hay una evidencia de que, efectivamente disminuirían el gasto en salud”, lo que implicaría que la decisión se está tomando sobre “una base donde ese efecto no está del todo comprobado”.

Por otra parte, Alejandro Espitia mencionó que de acuerdo con los cálculos de la Cartera de Hacienda, el Dane y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se puede inferir que el impuesto no es progresivo, sino regresivo: que puede recaudar menos ingresos en la medida en la que los ingresos de quien los paga sean más altos, ya que este impuesto no se tiene en cuenta la capacidad de pago del contribuyente.

Espitia lo explica mejor, afirmando lo que asociaciones como Fenalco han manifestado: que las personas con ingresos bajos van a pagar más, porque “esos alimentos (ultraprocesados y bebidas azucaradas) pesan más en la canasta familiar de las personas con menos ingresos”.

Aunque a la larga, gracias a los gravámenes, cabe la posibilidad que la ciudadanía goce de mejor salud, en el aquí y en el ahora puede haber “efectos indeseados”, porque se altera toda la cadena de producción como consecuencia del aumento del costo de un bien.

Al aumentar el valor de un bien, la comercialización de dicho bien resulta afectada, especialmente por la baja en ventas, lo cual es “indudable”, según detalla Espitia

“Los bienes sustituidos (saludables) no van a satisfacer de la misma manera en términos de plata a las personas de menor ingreso. No satisface igual, y esto se verá reflejado en el margen de ganancia de los tenderos”. Ante la opinión del presidente Petro sobre la afectación a los tenderos, la cual negó bajo el argumento de que que al estar más costosas las opciones los consumidores buscarían sustitutos saludables, el experto menciona que esos sustitutos, por ser saludables pueden tener un alto valor en muchas ocasiones, de manera que “el precio no compensa, y por eso no es una opción”, es la reflexión del experto.

Pero esto no implicaría una desaparición o una quiebra de las empresas, o de los tenderos, como anunció Fenalco. Para Espitia el efecto más cercano es una baja en ventas, “lo cual va a tener una repercusión en la inflación de los ciudadanos con menor ingreso”. En cambio, lo que equilibraría sería la iniciativa de las empresas en buscar productos reemplazables, que sean saludables, lo cual “puede pasar”.

Así las cosas, la medida resultaría “inconveniente” para los dueños de los negocios en los barrios, quienes no se están oponiendo por ser “caprichosos”, porque existe una afectación real, aunque no tan grave, porque existirán maneras de adaptación, según indicó el experto.