Armando Benedetti le ganó el pulso a la magistrada Cristina Lombana al lograr que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aceptara una de las cinco recusaciones que presentó para alejar a la togada de las investigaciones en su contra.
Ahora, Lombana deberá apartarse del proceso por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activo que se le adelanta al exembajador.
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Esa decisión habría salvado a Benedetti de ir a prisión, pues según lo pudo establecer el diario El Tiempo, la magistrada ya tenía definida su postura jurídica frente al caso, que incluía imponerle al exsenador medida de aseguramiento con detención preventiva, sin el beneficio de casa por cárcel.
La Sala encontró fundada la recusación presentada por Benedetti el pasado 15 de agosto debido a que “mientras el proceso estuvo en la Fiscalía (cuando la Corte lo envió, al perder competencia por el fuero que Benedetti tenía como embajador) la magistrada emitió un concepto que sí podría comprometer su criterio e imparcialidad en el caso”.
El caso en contra de Armando Benedetti
Al exembajador Benedetti lo investiga la Corte por la compra de un lujoso apartamento y unos giros de dinero desde el exterior.
Aquel apartamento, ubicado en Altos del Retiro, al norte de Bogotá, había sido sujeto de un proceso de extinción de dominio al haber estado asociado a personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.
En octubre de 2010, la comunicadora Ruby Corredor Ruiz se lo compró a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por 1.600 millones de pesos y dos meses después se lo vendió a Armando Benedetti por el mismo valor.
Pero ese movimiento llamó la atención de las autoridades porque Ruiz no tenía los recursos para adquirir ese inmueble, además en la operación perdió dinero porque incurrió en gastos de 44 millones de pesos durante la compra y 45 millones durante la venta, sumado a los pagos de administración por 12 millones de pesos.
Por ese motivo, la Fiscalía General de la Nación la imputó con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En medio de la investigación, dos peritos del ente acusador notaron los pagos que hizo el exsenador Benedetti por el inmueble.
El exembajador no pudo justificar de dónde sacó los 1.600 millones para pagar el apartamento, ni el origen de otra gran parte de su patrimonio. Según dijo El Tiempo, en total hay por lo menos 2.971 millones del político que no tienen explicación ni contable ni financiera.
La manera como Benedetti trata de explicar su patrimonio es el préstamo de una persona fallecida y un negocio con Carlos Alberto Dada Barguil, exesposo de Ángela Benedetti.
Dada Barguil dijo que le prestó al excongresista 450 millones de pesos en efectivo, que fueron usados supuestamente para comprar el apartamento. Pero para esa época tenía sus cuentas embargadas y él estaba bloqueado financieramente por deudas, así que dijo que tenía el dinero guardado en una caja fuerte y que era producto de sus ganancias del negocio de la construcción.
También hacen parte de la investigación la utilización de dinero en efectivo para pagar tarjetas de crédito y otros consumos. Aquí aparecen giros desde el exterior que hizo Elsy Pinzón, asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Congreso entre 2010 y 2017, que suman 465.000 dólares.
Tanto los fondos para adquirir el apartamento en el norte de Bogotá, como para estos giros, no tienen una explicación adecuada para las autoridades.
La defensa de Benedetti, encabezada por el penalista David Benavides, dijo que un equipo forense está trabajando para demostrar que cada centavo del exembajador está justificado.