El miércoles primero de noviembre el abogado del presidente Gustavo Petro, Mauricio Pava, fue notificado oficialmente por la Comisión Nacional de Disciplina, indicándole que fue reconocido en el caso de Nicolás Petro.
Esto ocurre luego de que la defensa del presidente interpusiera una demanda, acusando al fiscal Burgos de extralimitarse en sus funciones, pues según el jurista, Burgos habría hecho preguntas que poco o nada tenían que ver con el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que enfrenta Nicolás Petro Burgos. Además, el fiscal también es investigado por la filtración a medios de comunicación de las audiencias del hijo del presidente.
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Ante la petición de Mauricio Pava, la magistrada Magda Victoria Acosta le notificó que la comisión reconoció su personería jurídica para participar en el caso: “Se le reconoció personería jurídica para actuar en representación del quejoso, doctor Gustavo Petro, en los términos y para los efectos de la autorización allegada”.
Lo anterior, luego del escándalo que sacudió la Casa de Nariño por las revelaciones publicadas por Semana, que indicaban que, a la campaña de Gustavo Petro sí habían ingresado dineros ilícitos:
“Ese dinero no solo ingresó a las arcas del señor Nicolás Petro, ingresó a la campaña del señor presidente Gustavo Petro Urrego, como quedó por la misma manifestación del señor Nicolás Petro Burgos, dineros que no fueron reportados a la campaña”, aseguró el fiscal del caso durante la audiencia
Infobae Colombia conoció el derecho de petición presentado por el abogado de Nicolas Petro, Diego Henao, al fiscal Mario Burgos. En el documento, el abogado solicita al funcionario que revele la fecha precisa en la que se entregó el material a Semana. Según el equipo legal que representa a Nicolás Petro, dicho material se difundió sin la debida autorización.
“Informe la fecha exacta en que se hizo la entrega y/o filtración de los videos publicados los días 30 de septiembre y 01 de octubre del año 2023 respectivamente, por la revista Semana a través de sus diferentes plataformas de información, en las que difundió sin contar con la autorización de mi mandante o de autoridad judicial alguna, las grabaciones de los interrogatorios practicados al doctor Nicolás Petro Burgos, en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación”, asevera Henao en el documento.
Asimismo, el abogado Henao también solicitó al fiscal Burgos que proporcione información detallada acerca de la persona encargada de la custodia de las pruebas en cuestión. Esto, considerando que dicha persona podría haber sido la responsable de entregar el material al medio de comunicación mencionado anteriormente.
“Informe si además de los videos que se encuentran en circulación, se realizó la entrega de más información o de material inherente al proceso y que cuenten con cadena de custodia dentro de la investigación que se adelanta en contra del doctor Nicolás Petro Burgos, al medio de comunicación revista Semana”, continúa el documento legal
Por último, se exige al fiscal del caso que explique la razones que lo llevaron a compartir el delicado material audiovisual, debido a que por la etapa investigativa en la que se encuentra el caso, todo el material probatorio que incluye testimonios, declaraciones y audiencias, deben ser confidenciales.
“Informe cuáles son las razones que motivaron la entrega de los videos anteriormente mencionados y se remita copia del documento que así lo indica. Informe quién autorizó el traslado de esos videos e información al medio de comunicación revista Semana. Informe los nombres de todos los funcionarios que y trabajan en su dependencia”, agregó Henao en el derecho de petición.
Ante el derecho de petición de la defensa de Nicolás Petro, la Cndj inició una investigación de oficio contra el fiscal, con el propósito de esclarecer los hechos. El 20 de octubre, tanto Mario Burgos como el exdiputado fueron convocados a comparecer en la sede de la CNDJ. Sin embargo, el exdiputado no pudo asistir, ya que su abogado alegó que no se le había concedido el permiso por parte de un juez para abandonar Barranquilla, ciudad en la que se encuentra desde que fue imputado por supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por más de 1000 millones de pesos durante la campaña presidencial de su padre. Se espera que la audiencia presencial se reprograme.