La Fiscalía General de la Nación radicó, el lunes 25 de septiembre, el escrito de acusación en contra de Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Con esto, confirmó que se cayó el acuerdo de colaboración que había solicitado el propio político, ante la contundencia de las pruebas en su contra.
La diligencia se llevó a cabo en horas de la mañana ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Barranquilla (Atlántico) y, según señaló el ente acusador, dentro del término de ley. De esta manera, presentó solicitud formal para llevar a cabo el juicio en el que se determinará su responsabilidad en los delitos endilgados, y luego de que se comprobara un incremento patrimonial de $1.053 millones.
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“El juez del centro de servicios de Barranquilla, en asignación automática, designará al juez que adelantará el juicio contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Es ante este juez que la Fiscalía General de la Nación presentará todas las pruebas que posee en el respectivo juzgamiento”, precisó el ente acusador con respecto a un sujeto procesal que goza de libertad condicional.
Esta determinación se registró ante la falta de colaboración con la justicia del implicado, que si bien se presentó ante las instalaciones del ente investigador en Barranquilla, a finales de agosto de 2023, no habría avanzado en los compromisos que había hecho con el fiscal Mario Burgos. Ni entregado pruebas contundentes del testimonio que dio durante más de 12 horas en el búnker de la Fiscalía.
En dichas audiencias, Petro Burgos confesó que recibió dineros de Santander Lopessierra, alias el Hombre Malboro, y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso Turco Hilsaca, que según dijo su exesposa, Daysuris Vásquez, ascenderían a $1.000 millones. Pero que estos recursos no habrían entrado a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, como se empezó a especular a raíz de lo dicho por el propio acusado.
“El señor Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía la desconocía. Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña; los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley”, mencionó el fiscal Burgos el 3 de agosto de 2023.
El drástico giro que dio el caso Nicolás Petro
La determinación se conoce justo después de una serie de hechos en las que el caso cambió su curso. El primero de ellos, la visita del mandatario Petro al exasambleísta, el lunes 21 de agosto, cuando lo visitó en su residencia, ubicada en Puerto Colombia. Y en la que, según el implicado, solo se habló de asuntos familiares; aunque empezó a gestarse la teoría de que habría un cambio de estrategia en su caso.
“Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial”, afirmó el primer mandatario, además de hacer un claro lamado a la Fiscalía para que tome, en este caso y en los demás que involucre a miembros de su familia, tome decisiones imparciales y ajenas a objetivos políticos.
A esto se sumó, el viernes 1 de septiembre, la renuncia de su abogado, David Teleki, que alegó motivos personales para tomar la determinación. Fue este letrado el que lo defendió en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y definición de la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por el fiscal Burgos. Noticia que causó sorpresa entre quienes seguían atentos este proceso.
“El doctor Nicolás Petro y su abogado hemos decidido dar por terminado el mandato conferido para ejercer su defensa técnica en proceso penal. Los motivos son de índole personal por parte del abogado, y dichas razones han sido aceptadas por el doctor Petro Burgos”, se leyó en el comunicado publicado por el que era, hasta ese día, el apoderado del primogénito del presidente de la República.
Y, del mismo modo, se confirmó la designación de su nuevo equipo jurídico, a cargo de los abogados Diego Henao, el mismo que se presentó en el búnker cuando Petro estuvo recluido en este lugar; Nixon Torres y Stewing Arteaga. Al parecer, la intención inicial de entregar toda la información en su poder a la Fiscalía sufrió un drástico giro, pues ahora se someterá a juicio, en el que tendrá que comprobar su inocencia.