El proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro ya empezó a surtir su trámite en el Congreso de la República. El mismo, ya tuvo ponencia positiva en su segundo debate, en el que tuvo 93 votos a favor y 43 en contra.
La iniciativa busca modificar el sistema de salud, por ejemplo, eliminando las entidades promotoras de salud (EPS) y estableciendo centros de atención primaria en salud (Caps).
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Quien salió a criticar con dureza la iniciativa es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio Santamaría, que se desempeñó como ministro de Protección Social entre 2010 y 2012, además de ser director del Departamento Nacional de Planeación entre 2012 y 2013. El economista se refirió al proyecto como “nefasto” y lo calificó como una “chambonada histórica” en la red social X (antes Twitter).
En una extensa publicación que hizo se refirió a varios hechos que hacen que la califique de esta manera.
- Tres ministros de reconocida capacidad técnica, conocimiento del sistema de salud (Cecilia López, que fue presidenta del Instituto de Seguros Sociales; José Antonio Ocampo, que le tocó la implementación de la Ley 100 (que creó el Sistema de Seguridad Social Integral), de 1994 a 1998; y Alejandro Gaviria, primer ministro de Salud del Gobierno Petro) salieron del Gobierno por oponerse a la reforma.
- La coalición de Gobierno se desbarató por la reforma y la intransigencia del mismo para hacerle cambios en un proceso como el que surten los proyectos importantes. El Partido Liberal, el Partido de La U y el Partido Conservador dijeron muchas veces que el proyecto era inconveniente y que el Gobierno les había “mamado gallo” en las mesas de concertación, en las que acordaban cosas que no se incluían.
El Gobierno perdió mayorías, lo cual complicó el trámite de los proyectos en el Congreso de la República, como los de la reforma laboral y la pensional.
- Desde que se radicó la reforma se han hecho encuestas y/o sobre si quieren la reforma. Una de estas encuestas la hizo el propio Ministerio de Salud. Todas muestran que el 70% u 80% de los pacientes califican el servicio como bueno o excelente, y menos del 10% como malo.
De manera importante, la encuesta del Ministerio de Salud encuentra que en el Régimen Subsidiado (la población pobre e informal) califica mejor al sistema que los del Régimen Contributivo. La población de menores ingresos valora muy bien la atención. Dicha encuesta la hizo el propio Ministerio de Salud y no la oposición, ni la oligarquía, ni los neoliberales. En todas, entre el 70% y el 75% no quiere la reforma del Gobierno.
- Evaluadores serios y de amplio reconocimiento contradicen a Gustavo Petro cuando dice que la reforma hay que hacerla, porque se tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo. The Economist, The Lancet y la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que es uno de los mejores.
Hace una semana, The Economist lo puso como el sexto en el mundo, por encima de Alemania, Holanda, Francia y lejos de los latinoamericanos.
- Todos los actores del sistema, con la excepción de los hospitales públicos, expresaron su desacuerdo. Sobresalen las asociaciones de pacientes, que argumentan que la reforma segmenta la atención, impone más trámites y rompe la ruta de atención. Les preocupan los pacientes de enfermedades crónicas y alto costo en pobreza.
- Todos los exministros de salud de Colombia han dicho que la reforma será muy inconveniente para los pacientes, especialmente de bajos ingresos. Existen cosas por arreglar, pero lo que se propone es un exabrupto que tendrá consecuencias trágicas. Esta no es la manera de arreglar los problemas.
Congresistas del Pacto Histórico dicen que la reforma es mala
Santamaría adujo que algunos congresistas del Pacto Histórico saben que la reforma es mala y por eso le piden argumentos y datos para debatir.
“Obviamente, no son los de tan bajo nivel como Agmeth Escaf, Wilson Arias o María José Pizarro, que apoyan la reforma sin siquiera entender cómo funciona un sistema de salud”, apuntó.
Señaló que ante toda esta abrumadora evidencia, tanto de la inconveniencia de la reforma para las poblaciones más pobres, como para el mismo gobierno en su gobernabilidad, se hace las siguientes preguntas: ¿Por qué insisten tanto en una reforma tan mala y regresiva? ¿Si insisten, por qué son tan intransigentes y no negocian nada? ¿Esperan que una reforma tan importante pase por un debate democrático sin cambio?
Las posibles respuestas que da el presidente de la Anif sobre estas preguntas es que “lo que quieren de verdad es coger la plata de la salud ($80 billones) para controlar políticamente todo”, especialmente la política regional.
Además, que como dice una publicación del consultor y analista Andrés Mejía Vergnaud, quieren que la reforma se caiga para decir que la oligarquía sabotea las reformas y radicalizarse aún más.