Por interrupción del PAE en 28 municipios de Magdalena, indagan a funcionarios de la Gobernación

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió indagación previa contra funcionarios de la Gobernación de Magdalena por presuntas irregularidades en la contratación y en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE). De acuerdo con el órgano de control y vigilancia, dichos funcionarios se determinarán en la investigación.

En varias visitas que se adelantaron en diferentes colegios del departamento, el Ministerio Público identificó presuntas falencias en el servicio de alimentación ofrecido a los y las estudiantes por parte de los operadores. Esto, habría llevado a una interrupción abrupta del servicio.

De igual forma, la Procuraduría revisó los términos de contratación del PAE y aseguró que la Gobernación no tomó las acciones necesarias para evitar los problemas que hoy se presentan en la prestación del servicio, que deja a todos los municipios beneficiarios del programa, que en total son 28, sin el suministro de alimentos con el que deberían contar.

“Desde la Gobernación del Magdalena no se habían tomado las medidas pertinentes para evitar la actual situación, cuando desde el pasado 8 de marzo de 2023, se conocía que el proceso de licitación abierto para seleccionar el contratista para el presente año, había sido declarado desierto y que el actual contrato cubriría las raciones a distribuir solo hasta el 17 de marzo de 2023″, dice el auto de apertura de indagación del organismo de control.

El Ministerio Público también encontró que hay equipos e instalaciones de las cocinas que se encuentran en mal estado, dentro de los cuales están refrigeradores, estufas y menaje. Tampoco hay elementos de aseo básicos y las personas encargadas de preparar los alimentos no han recibido sus respectivos pagos.

Por su parte, en las instituciones educativas donde no se cuenta con cocina y comedor, los estudiantes estarían recibiendo alimentos sin refrigerar, lo que estaría ocasionando problemas de salud como dolores estomacales.

En ese sentido, la Procuraduría solicitó los documentos de identidad de funcionarios de la Gobernación de Magdalena que son responsables de la contratación y la administración del PAE, así como sus hojas de vida, sus actas de posesión y las funciones que llevan a cabo como servidores públicos.

El 30 de junio de 2023, la PGN abrió una investigación disciplinaria contra el secretario de Educación de Guainía, Bilialdo Toscano Tello, y la representante legal del Consorcio Shalom Rural, Laura Daniela Martínez, por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE Rural 2023, del cual son beneficiarias las comunidades indígenas del departamento.

Según el organismo de inspección, Toscano Tello habría omitido realizar un seguimiento oportuno y adecuado a la ejecución del programa. Las comunidades rurales afectadas son Laguna Niñal, Yuri y Caranacoa, en donde se registraron denuncias por parte de padres de familias, a quienes se les habría entregado dinero en efectivo en vez de los alimentos que deberían recibir.

Con la investigación disciplinaria, el Ministerio Público busca determinar si la firma contratista, el Consorcio Shalom Rural, tiene alguna responsabilidad en el caso. Pues, este opera en cinco zonas Guainía y, según el órgano de control, no se estaría cumpliendo una minuta que se estableció para beneficiar a las comunidades indígenas con el programa de alimentación.

Para efectos de dicha investigación, la Procuraduría solicitó documentos que den cuenta del cumplimiento del suministro de las minutas en las comunidades indígenas que son atendidas desde que se inició la ejecución del contrato con el Consorcio Shalom Rural.

El 6 de junio la Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre presuntas irregularidades en la ejecución del PAE en las instituciones educativas indígenas La Ceiba y Caranacoa, en Inírida (Guainía), en donde, en cinco meses de 2023, solo se habían entregado dos ayudas, las cuales están destinadas a la compra de proteínas, frutas, verduras y alimentos no perecederos.

“En las inspecciones realizadas por servidores públicos de la Contraloría General de la República, la Contraloría Departamental y la Gerencia Colegiada de Guainía, se evidenció que los recursos entregados para los primeros tres meses del 2023 son insuficientes para cumplir con las minutas, lo que afecta el normal desarrollo de la jornada académica y contraviene las políticas establecidas en el PAE”, explicó en su momento la Defensoría en una comunicación.