Empresas estarían obligadas a dar almuerzo a los trabajadores que ganen menos de $2.600.000

Colombia vive un momento económico difícil debido a la inflación, el dólar y el desempleo, fenómenos que llevaron al país a que haya una alta tasa de inseguridad alimentaria, la cual, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afecta a 15,5 millones de personas.

Este es uno de los motivos que llevó a los representantes a la Cámara María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), Juan Carlos Losada (Partido Liberal), Erick Velasco Burbano (Pacto Histórico), Alexandra Vásquez Ochoa (Pacto Histórico), Álvaro Rueda Caballero (Partido Liberal) y Jorge Eliécer Tamayo (la U) a radicar en el Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual se crea el Beneficio de Alimentación al Trabajador (BAT).

Con el mismo, según se lee en el documento radicado, se busca asegurar el acceso a los trabajadores y a sus familias a una alimentación adecuada como un beneficio social y con el objetivo de mejorar las condiciones nutricionales, fortalecer la salud, prevenir enfermedades, aumentar la productividad y reducir el ausentismo laboral.

Además, se entregaría beneficio de alimentación al trabajador, auxilio alimentario para la niñez temprana, y las demás disposiciones que la ley obligue.

De acuerdo con María Fernanda Carrascal, el BAT, en caso de ser aprobado el proyecto de ley, será una prestación social obligatoria en cabeza del empleador que se otorga para garantizar una alimentación suficiente y adecuada en favor de los trabajadores beneficiarios y las familias.

A este tendrían derecho personas trabajadoras que devenguen mensualmente hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), o sea $2.600.000.

La primera de ellas es con la instalación de comedores o casinos operados por las entidades de trabajo. La segunda, con el uso de restaurantes administrados por terceros en el lugar de trabajo o en sus inmediaciones. Y la tercera, con la entrega mensual de un bono de alimentación a través de vales, cupones o tarjetas de alimentación electrónicas, emitidos por terceros.

Además, las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y organizaciones de economía popular podrán participar en el mercado de emisión de bonos, impulsando la economía popular y la formalización de este sector.

A su vez, que cerca del 14% de los hogares pobres se endeudan para comprar comida.

Así las cosas, los congresistas detallaron que las consecuencias de la inseguridad alimentaria y la seguridad alimentaria marginal son mala salud, uno de los principales factores que genera enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres y diabetes, así como menor capacidad de aprendizaje, menos desempeño, pérdida de competitividad, altos costos empresariales, disminución del crecimiento económico y salarios inferiores.

También expusieron que es un tema de género, ya que en el mundo el 31,9% de las mujeres tienen inseguridad alimentaria frente al 27,6% de los hombres, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Esta brecha se profundiza en el caso de las madres cabeza de familia: el 35% de los hogares con jefatura femenina en Colombia experimentan inseguridad alimentaria respecto al 26% de los hogares, de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A continuación el proyecto radicado: