“Y es que desde Bogotá vienen unos ambientalistas a buscar unos méritos sin saber las consecuencias que eso trae”, así de enfática suena Buenaventura cuando se habla del proyecto de ley N.º 17 de 2022, que presentó el senador Fabián Díaz Plata y que desde el 21 de julio de 2022 corre en el Congreso de la República.
En el pacífico colombiano la pesca artesanal se traduce en seguridad alimentaria y económica; tradición y amor por sus ancestros y costumbres.
Al caminar por la calle 3 sur del barrio Pueblo Nuevo, centro pesquero de Buenaventura, se puede percibir que esta tradición mantiene viva a toda una comunidad. Acá se comercializa, transporta, vende, trabaja y se come; todos los pescados que capturan, cuando el mar Pacífico lo permite, hombres y mujeres que van en busca de su sustento.
En la tierra de Jairo Varela y Fredy Rincón, la pesca es considerada un arte, un arte ancestral, de cientos de años. Muchas personas que viven de esto creen que estaría en riesgo de existir. La pesca artesanal marítima, en el Caribe y el Pacífico, la desarrollan cerca de 40.000 pescadores.
En Colombia, según cifras de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, (Aunap) se estima que existen cerca de 120.000 pescadores artesanales, de los cuales, 100.000 son permanentes y de su actividad dependen familias compuestas, en promedio, por cinco personas.
Es decir, que cerca de 600.000 personas viven y tienen relación directa con la pesca artesanal. Casi la población de países como Montenegro, Luxemburgo o Islas Salomón. También podría equivaler a 1.500 Boeing 747 llenos o 15 estadio El Campín a reventar.
El proyecto de ley N.º 17 de 2022 busca prohibir la pesca de tiburones, rayas y quimeras en todo el país.
De acuerdo con el senador Fabián Díaz Plata, actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de que se rinda ponencia para segundo debate, por parte de los senadores designados por la comisión quinta: Andrea Padilla Villarraga (Coordinadora) y Miguel Ángel Barreto Castillo. Luego de radicada la ponencia, se establecerá la fecha para el siguiente debate.
Así dice el artículo 1 del proyecto impulsado por el senador de Alianza Verde.
Entre las justificaciones del proyecto de ley se resalta que estas especies de peces cartilaginosos son especialmente sensibles para la conservación del ecosistema marino; factores asociados a los cambios en la migración, baja fecundidad, tardanza en la maduración, entre otros.
Según el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia (PAN Tiburones Colombia) se debe trabajar en la protección de las especies según su situación geográfica:
“Necesario realizar actividades referentes a discutir estrategias asociadas a modificar o crear estancias legales que soporten las acciones en las que incurra el mal aprovechamiento y explotación desmedida de peces cartilaginosos en Colombia”, se lee en el documento.
La resolución 1912 del 2017 del Ministerio de Ambiente incluyó un registro de 34 especies identificadas de tiburones y rayas, de los cuales dos se encuentran en estado de peligro crítico, una en estado de peligro y trece en estado vulnerable.
Los pescadores, como guardianes del agua, son los principales conocedores de sus ecosistemas. En el mar, durante semanas enteras, hacen las faenas de pesca. Son días y noches enteras que conviven con el agua. Hablan de su territorio con amor, lo cuidan y lo respetan, por eso, concuerdan en la protección de estas especies.
En palabras de Mónica Leonor Mosquera, representante de la Federación de Pescadores Artesanales del Litoral Pacífico Colombiano (Fedepazcifico), lo que falta es conocimiento de la realidad por parte de los políticos del país.
Para ella, como para las más de 20 organizaciones de pescadores que representa, prohibir la pesca de tiburón o raya sería poner en riesgo la pesca artesanal y con ello, la seguridad alimentaria y económica de una población significativa del país. La ley, advierte Mónica con preocupación, “vulnera nuestro derecho al trabajo, a la alimentación y otros derechos fundamentales de las comunidades del pacífico colombiano”.
“No estamos en contra de su trabajo y de cuidar los animales. Sabemos del cambio climático, el calentamiento global y todo lo que hay alrededor del tema. Pero lo que queremos realmente es que se deje trabajar a la gente que vive de esto. Que las acciones sean consultadas. Si no saben que una comunidad vive de la actividad de la pesca que vengan, conozcan y dialoguemos. Se impone mucho desde Bogotá ante las comunidades del pacífico y nunca se negocia. Acá hay una necesidad de fondo de las personas que pescan y de los que vienen detrás de ellos”.
En Buenaventura, en donde todos los parlantes suena salsa; forma directa para conectarse con las raíces, al tiburón chiquito, el que se pesca, le dicen tollo. Desde el malecón; punto turístico y centro administrativo, pasando por el puente del Piñal, donde las mujeres venden la pesca, hasta Pueblo Nuevo, barrio comercial; se come y se vende tollo o raya. Sus consumidores saben que la pesca de los animales es incidental. “La malla no habla y ella es la que pesca”, le dijo Mónica a Infobae.
En comunicación con Infobae, el senador Fabián Díaz Plata respondió, ante la pregunta que si esta ley no es un primer paso para prohibir la pesca artesanal, que “se contempla la pesca artesanal como un medio de subsistencia de diferentes comunidades en Colombia, el cual hace parte de sus costumbres y tradiciones. Es por esto que la prohibición contenida en el articulado los exceptúa”.
Junto a Mónica está Nidia Nelly Ángulo que en Buenaventura es conocida como Nena; es la representante legal de la Asociación el Pan de mis Hijos, en voz de las madres cabeza de familia que representa, cree que esta ley tiene daño y acción. “Acá hay un trasfondo que no han querido venir a conocer”.
“Acá hay unas comunidades ancestrales que viven de la pesca. En las artes que tenemos no lo podemos hacer de forma selectiva. No podemos decir que vamos a capturar. Tiramos la malla y aprovechamos todo lo que venga. Pero no es solo eso, como es de su conocimiento, el sector pesquero artesanal juega un papel importante en el renglón de la economía de nuestra costa pacífica. Cinco o seis eslabones se verían afectados porque se prohíba la pesca en nuestro territorio, la cadena alimenticia que compone la pesca artesanal del tollo y la raya está compuesta por el pescador, la ahumadora, el transportista, el comercializador y la platonera, y otras personas como artesanos, quienes aprovechan el 100% del tollo”.
En esto coinciden los trabajos titulados: Pesquerías y Cadena Productiva del recurso tiburón en el Pacífico colombiano de la Fundación SQUALUS y Lineamientos Integrales de Manejo para el aprovechamiento sostenible y conservación de tiburones y rayas en el Océano Pacífico colombiano.
“Los tiburones y rayas hacen parte de la captura incidental de diferentes pesquerías industriales y artesanales en el Pacífico Colombiano, donde incluso llegan a ser sustento de pescadores artesanales y fuente primaria de la seguridad alimentaria, proporcionando proteína a las comunidades costeras cuya subsistencia depende de estas pesquerías. Estos son explotados para consumo directo (fresco, filete, ahumado, seco-salado) y para la comercialización de subproductos como aletas, aceite de hígado y dientes para artesanías, entre otros”.
Otra de las líderes de Buenaventura que mira con preocupación el futuro que pueda traer el proyecto de ley es Yenny Palma Viveros de la Asociación de Familias Emprendedoras de Cultura y Tradición de la Costa Pacífica (Asofaculp). Cuando tomó la palabra dijo:
“Acabar con la pesca del tollo es un primer paso para acabar con toda la tradición, la que aprendimos desde chiquitas y la que enseñamos ahora. Como dijo la compañera; queremos lo mejor para el ecosistema y para las personas que vivimos de la pesca artesanal”.
El miedo de Mónica, Nena y Yenny contra estos proyectos, que de a poco van limitando el trabajo de la pesca artesanal, no son nuevos.
Recuerdan las tres manifestaciones que realizaron en la Galería José Hilario López, en contra del decreto 281 de 2021, que le dio vida al Proyecto de Ley 17 de 2022. En dicho decreto se excluyeron los tiburones y rayas marinas del listado de recursos pesqueros y su cuidado pasó a manos de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Aunque ellas crean que están solas, en su trabajo de visibilizar su problemática y buscar espacios de diálogos con tomadores de decisiones, no lo están. A Lina Marcela Piedrahita le gusta el agua de coco, comer tollo fresco y bailar salsa con su hermana. Es líder juvenil y defensora de derechos humanos, ha sido una de las tantas personas que han acompañado al sector pesquero en sus protestas.
Como conocedora de los grupos afrodescendientes, de sus necesidades y costumbres, Lina sabe que muchas leyes tienen daños directos a estas comunidades, como por ejemplo, la exclusión del listado de recursos pesqueros.
“Entonces, cómo ahora es un recurso hidrobiológico al pescador o pescadora que vean haciendo su práctica le ponen una denuncia y listo, esto afecta directamente a la comunidad, entonces es una acción con daño. La ley, es una acción con daño directo. Pero, además, de acabar con una seguridad alimentaria y económica, están llevando a la gente a la ilegalidad. Será ilegal lo que durante más de 100 años hizo parte de nuestras tradiciones”.
Para el senador ambientalista, la normatividad que impulsa, “no se enfoca en crear malestar social, al contrario, busca mejorar las condiciones de preservación de los ecosistemas, esto necesariamente implica unos cambios sustanciales en la manera en que desarrollamos una actividad, pero no significa que se pueda considerar un factor de impulso a la ilegalidad”.
Una de las primeras cartas que le envió Fedepazcifico al Congreso de la República tiene fecha de noviembre de 2019. En ella, la organización que representa Mónica le explicó a los congresistas la importancia de la actividad que ejercen y que gira en torno a la pesca de tiburón y raya.
“Esto es una cadena productiva donde cada actor desarrolla una actividad diferente, en este proceso por cientos de años, y como única fuente de ingreso de sustento de sus hogares, queremos que quede bien claro que la pesca que hacemos es incidental. Es una actividad que genera empleos directos e indirectos en nuestra costa pacífica, por tal motivo, pedimos que se volteé a mirar el sector pesquero artesanal como el gremio que es”.
En seis puntos, las organizaciones de pescadores artesanales explicaron cómo es aprovechada la captura del tiburón:
- Su carne la aprovechamos para alimentarnos de ella y también la comercializamos, es decir para las mujeres que por tradición ancestral viven de esta actividad de ahumar hace cientos de años y es el sustento de sus hogares como unidades productivas un trabajo de toda la vida y de tradición y costumbre.
- Sus aletas las utilizamos para consumo como producto afrodisiaco.
- Su cartílago (hueso) lo sacamos para pulverizarlo y con él se hacen capsulas para curar enfermedades como la artritis la artrosis, entre otras.
- Sus hígados los cocinamos a altas temperaturas y sacamos lo que se denomina aceite de tiburón o bacalao que lo consumen los niños en la emulsión de Scott, y ustedes en el omega 3, 6,9 porque sirve para enfermedades pulmonares y prevenir enfermedades cardiovasculares.
- Su piel, con ella se hacen correas y elemento para usos doméstico.
- Su quijada es para aprovechamiento de los artesanos.
En el primer punto de su carta los pescadores enfatizaron en un eslabón clave de la economía del pacífico colombiano: La mujer ahumadora. La necesidad de ahumar el tollo o la raya nació ante la imposibilidad de congelar el pescado. Nació para proteger su seguridad alimentaria.
Entre los costos que debe asumir una ahumadora, antes de vender el pescado en la Galería José Hilario López o a las platoneras, [otro eslabón clave de la cadena] está la compra del tiburón o la raya, de la leña, el pago a transportistas y cargueros.
Priscila Banquera Viveros ahúma tollo y raya desde hace 60 años, el día que recibió a Infobae Colombia eran las 2 de la tarde, y desde las 7 de la mañana estaba en esas. El trabajo lo aprendió de su mamá y se lo enseñó a su hija. Y así, la historia se repite en cientos de casas de Buenaventura, que se levantan desde los manglares, donde se puede ver la pobreza extrema del país, “para mantenerlo comestibles y darle un toque especial a nuestra gastronomía del pacífico”, dijo, mientras explicaba que antes de ponerlos en el fuego se lavan con agua y vinagre.
Y después, con un tono más triste: “Es duro escuchar que una mujer quiere afectar a otra mujer. Con la pesca del tollo y ahumarlo lo único que queremos es que nuestros hijos se preparen y tengan la oportunidad de estudiar”.
En la carta que le enviaron al Congreso, las asociaciones pesqueras aclararon que esta no es una actividad realizada por personas solamente mayores de 70 años “por el contrario, en su mayoría, son adultos, pero no adultos mayores, por lo tanto, se requiere el apoyo especial para estos pescadores. Le pedimos encarecidamente respondan nuestra solicitud de apoyo al sector, pues, nuestros pescadores artesanales están totalmente desamparados”.
El sector pesquero históricamente no ha sido una población sujeta a derechos, como, por ejemplo, el campesinado. Las autoridades nacionales han dejado en el olvido a esta comunidad. La Defensoría del Pueblo publicó en 2021 una cartilla de derechos de los pescadores artesanales.
En el apartado de Retos de las políticas públicas para el reconocimiento de pescadores como sujetos de derechos, el Ministerio Público invitó a los órganos nacionales a garantizar el acceso a los derechos básicos, además de la protección de los ecosistemas y de bienes de los que dependen estas comunidades. Dichas políticas se deben dirigir a la prevención de la pobreza y de la aparición y agravamiento de conflictos, así como a evitar el desplazamiento y despojo de comunidades de pescadores artesanales.
Además, se agregó:
“Es trascendental incorporar registros precisos y sistemáticos relativos directamente a estas comunidades, y que permitan describir o cuantificar las necesidades específicas, al igual que las situaciones de violencia que las afectan. Es necesario un sistema de información donde se destaque el deterioro en los ecosistemas por cambios en el uso de la tierra y en la conectividad de los cuerpos hídricos, la contaminación y la sobreexplotación del recurso pesquero”, se lee en el documento.
Otro de los eslabones que hace parte del sector económico pesquero es la platonera. Con una bandeja en la cabeza recorre los barrios de Buenaventura vendiendo el tollo o la raya. Gloria Mosquera es la representante de la Asociación Mujeres Platoneras Empoderadas del Pacífico y tiene un puesto de venta de tollo en La Independencia, mercado pesquero al norte del distrito.
Habló con Infobae, atendió cuatro clientes y vendió tres pedazos de 300 gramos de tollo a 10.000 pesos cada uno. Dijo que, si se seguía la receta original, de mezclarlo con papa, yuca o arroz, pueden comer hasta seis personas.
“Es más barato que una pechuga de pollo que cuesta el doble y comen solo tres personas. Para nosotras es simple lo que genera la pesca del tollo en nuestra economía. Todas nos vamos a ver afectadas, quizás, las que más sean vean afectadas sean las ahumadoras, porque hay compañeras que solo viven de eso. Este plato es importante para la seguridad alimentaria y para nuestras costumbres”.
En este punto, Fabián Díaz Plata sentenció que las tradiciones se encuentran protegidas por la jurisprudencia: “Es necesario aclarar, que, si bien deben respetarse las tradiciones y costumbres de las comunidades, las mismas deben estar alineadas con la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas”.
Después de atender al segundo cliente, Gloria Mosquera dijo, mirando a la gente pasar, que la problemática que ellas viven es más compleja. E hizo una pregunta: “¿cuántas personas cree que conocen de las ahumadoras o platoneras? Somos invisibles”.
“No le criticamos su trabajo, pero que haga el trabajo correcto, sin acabar una población, porque aquí está acabando una población, no solamente son cinco personas. Si la costa pacífica no está en Colombia que nos avisen. Porque la constitución dice que estamos y que nuestra cultura, tradición y alimentos debe ser respetada y no la están respetando”.
Los pescadores artesanales se reconocen como sujetos históricos interculturales, con conocimientos tradicionales e incluso ancestrales, en relación material, simbólica y emocional con aguas y tierras, con expresiones culturales, organizativas y familiares que se reflejan en el uso y apropiación de artes y técnicas particulares que les permite, bajo condiciones de justicia, aprovechar y manejar sustentablemente ecosistemas y recursos pesqueros de los cuales depende su forma de vida, trabajo, reproducción social y la generación de ingresos, aportando al mercado local, regional y nacional.
Por eso, les duele que las decisiones sean tomadas sin consultarles nada. Aunque han tenido espacios de diálogos con congresistas, ministras, y candidatos presidenciales, pues allá estuvo, en su campaña presidencial, Gustavo Petro, “las decisiones se las van tirando como una pelota”, puntualizó Mónica.
En la Galería José Hilario López donde, además de ser el punto de comercialización de pescado, en el segundo piso cocineras artesanales ofrecen la especialidad del distrito: El triple, que viene tollo, piangua, y camarón acompañado de arroz y ensalada. “En Semana Santa, vacaciones o fines de semana esto está lleno. A la gente le gusta mucho la comida de acá, la del pacífico”, apuntó la representante de Fedepazcifico.
La indignación de las representantes del sector pesquero se basa en que un proyecto de ley, que las afecta directamente, siga su curso en el Congreso sin tener un espacio para hablar. Durante la legislatura pasada (2018-2022) el proyecto contó con tres debates positivos, dos en Cámara de Representantes y uno en Senado, siendo archivado posteriormente por falta de tiempo para realizar el último debate dentro del plazo.
Son tantas las promesas que les han hecho que la desconfianza se siente en una Buenaventura que se niega a creer que la pesca artesanal pueda llegar a desaparecer. No saben cuanto dure el proceso del proyecto, pero si tienen la certeza que sus peticiones, reclamos y necesidades no han sido tenidas en cuenta. “Ni siquiera vienen a hablar con nosotras cuando van a presentar un proyecto de ley que nos afecta. Hablan con unas personas que dicen ser pesqueros, pero que no nos representan”.
La Defensoría del Pueblo, en la cartilla de derechos para pescadores artesanales, insiste que el sector tiene el derecho a tener la información suficiente y oportuna sobre las decisiones que los benefician o afectan, así como a participar en los espacios de políticas públicas, planes, programas y proyectos para la pesca artesanal local, regional y nacional.
Los equipos de los senadores Andrea Padilla, Miguel Ángel Barreto y Fabián Díaz Plata siguen trabajando para la ponencia en segundo debate, mientras esto pasa, el senador Fabián Díaz argumentó: “durante el curso de debate del proyecto se tendrán en cuenta los aportes de las diferentes comunidades involucradas. Se están programando mesas de trabajo en las que contaremos con la participación de diferentes actores vinculados al proyecto”.
El otro objetivo del Proyecto Ley 17 de 2022 es prohibir, sin excepciones, la práctica del aleteo en todo el país. El aleteo consiste en el cercenamiento y retención de las aletas de peces cartilaginosos y el descarte del resto del cuerpo al mar durante las faenas de pesca.
Sobre esta práctica, Mónica, Nena, Gloria y Yenny son contundentes:
“Eso sí sería un crimen. Nosotras aprovechamos todo el animal. Alguna vez los medios de comunicación mostraron a un barco extranjero haciendo aleteo y le echaron la culpa a los pescadores artesanales. Para nosotras el tollo y la raya es alimento y economía. Cuando pescamos al tollo o a la raya ya salen muertos. No lo podemos tirar muertos al mar, porque el animal representa vida para nosotros. Si no me lo como yo, lo vendo y se alimentan otros. Pero además, aprovechamos todo el animal.”, enfatizó Mónica.
Según cifras de la Armada Nacional, en 2022, se incautaron más de 8,3 toneladas de pesca ilegal en aguas del Pacífico. En un caso de dicho año, unidades de Guardacostas de la Armada de Colombia, inmovilizaron una embarcación de pesca, de bandera ecuatoriana y nombre Mis Tres Amores, que se encontraba adelantando faena de pesca, aproximadamente, a 91 millas náuticas de la Isla de Gorgona, sin contar con los permisos.
En esa embarcación fueron hallados una gran cantidad de pesca blanca y 23 tiburones. En su comunicado, con fecha de 6 de diciembre de 2022, la institución le pidió a los pescadores cuidar y preservar los recursos hídricos, haciendo referencia a los tiburones, “especie protegida cuya pesca está prohibida tanto para fines comerciales como artesanales”.
Lo que viene planteando Fedepazcifico es un espacio de diálogo con los congresistas de la Comisión Quinta del Senado, donde se estudiará y debatirá el proyecto de ley. Que para las comunidades pesqueras, así como lo pintan, es nefasto.
“Que los ambientalistas vengan acá y hablen con nosotras. No cuando estén las leyes listas y las palabras de la gente del pacífico no valgan nada. Es muy fácil hacer la de prohibir, para proteger, así no pueden ser las cosas. Parece que nos le importara nuestra seguridad alimentaria y económica. ¿Y la seguridad?, porque esto conduce al hambre, al desempleo, nosotras queremos lo mejor para nuestras familias y esto lleva a más pobreza”, dijo Mónica.
En este punto la líder social que camina por Pueblo Nuevo, donde la reconocen por su representación de las comunidades, plantea un problema más; y si llega a pasar la ley, ¿Cómo nos van a compensar?
Desde su federación, Mónica, Nena, Gloria y Yenny , tienen soluciones al problema. La primera: sentarse a hablar, que oigan las necesidades que nacen cuando las leyes que se promulgan sin tener una consulta previa. Otra es realizar una veda de pesca del tollo y la raya, durante un tiempo determinado, al igual que se hace con el camarón; una tercera opción, es proteger a un número de los tiburones paridos.
Cuando le respondió a Infobae, respecto a la compensación que recibirán los pescadores artesanales, el senador Fabián Díaz puntualizó que será el Gobierno nacional el que apropie los recursos necesarios e implemente las estrategias, planes, proyectos o programas dirigidos a comunidades y pueblos que tengan como costumbre o tradición la pesca de peces cartilaginosos, a efecto de que se les permita migrar a actividades alternativas de subsistencia, en aras de contribuir a la preservación de estas especies y a la garantía del mínimo vital de estos pueblos y comunidades”.
Sobre el papel de las comunidades dijo:
“Tendrán un rol muy importante dado que contribuirán a la protección de las especies marinas, lo cual ayudará a salvaguardar el equilibrio en los ecosistemas acuáticos, generando condiciones para que otras especies de consumo humano, que no están en peligro de extinción o en amenaza, sigan reproduciéndose para garantizar la seguridad alimentaria de la población”.
Cuando las líderes sociales dicen que esta ley tiene un daño directo se basan en dos puntos concretos. El primero de ellos es que, según el senador ponente, los tiburones y rayas hallados sin vida deberán ser reportados a la autoridad ambiental competente.
“Sólo se permitirá que los tiburones capturados incidentalmente se comercialicen a nivel local en la jurisdicción del puerto de desembarque”, respondió el senador a este medio.
Para Fedepazcifico, en cambio, hay que tener en cuenta que el pescador no solo pesca para buscar su alimento, en su mayoría, lo hacen para tener una seguridad económica. “¿Y la autoridad ambiental que hace con lo peces muertos?, es mejor que nos dejen aprovechar la captura incidental. También tocaría aclarar que muchos de nuestros pescadores venden el producto en Timbiquí, Nuquí, Juanchacó, Quibdó, incluso, venden hasta en Cali o Bogotá. Acá se manejan dinámicas de trabajo y alternativas que no se centran en el puerto de Buenaventura”.
El otro punto que ven muy “relajado” del proyecto de ley, que se basa en la preservación de los ecosistemas, es donde se habla de “migrar a actividades alternativas de subsistencia”.
“El trasfondo está cuando me dicen que debo migrar hacia otra alternativa de subsistencia, ahí me está diciendo que deje de hacer lo que por costumbre o cultura yo vengo haciendo. Y eso es un atropello. Entonces desde el punto de vista lo veo muy relajado, porque se habla de preservación y poco de la protección de las personas que habitamos acá. A nosotras nos queda difícil saber porque no han venido hablar con las personas que se ven afectadas por estas leyes. Desde su escritorio buscan un reconocimiento sin saber lo que pasa con las personas”.
La cartilla de la Defensoría del Pueblo relata que la pesca artesanal, más que una actividad económica o un oficio, ha forjado a la Nación colombiana y ha configurado diversas formas de habitar el agua, habilidades para navegar y habitar ríos y mares, así como modos especiales de adaptarse a los cambios de las mareas y a los ciclos climáticos.
Cuando los líderes sociales hablan de su territorio lo hacen como una empresa. En este caso, para más de 600.000 personas, el mar es la única manera de conseguir vida; para ellas, para sus hijos y los ecosistemas. Las prohibiciones que se vienen planteado desde el Congreso irían en contravía del respeto de sus costumbres, tradiciones y derechos fundamentales.
Mónica, Nena, Yenny , Gloria y Lina saben que la balanza está inclinada en su contra. No han servido cartas, derechos de petición, marchas, ni reuniones para lograr un espacio para hablar del proyecto de ley impulsado por los senadores ambientalistas.
“Como es evidente esta medida prohíbe la captura y comercialización de los tiburones y rayas marinas, desconociendo el buen manejo que se le ha dado históricamente al aprovechamiento de estos recursos. Las comunidades buscamos una solución para nuestra seguridad alimentaria. No se está en contra del medio ambiente, pero no estamos de acuerdo con las apreciaciones de los senadores, si estos animales no los aprovechamos para alimentar el ser humano, se acabará la vida”, esto escribió la federación de pescadores artesanales en 2021 en un derecho de petición: la respuesta no llega.
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