Desorden en los cementerios de Bogotá puede ser un riesgo para la memoria de la desaparición forzada

Una presunta red de corrupción en la administración de los cementerios públicos de Bogotá puso al descubierto un posible manejo inadecuado de los cuerpos, tanto enterrados como cremados. Esta situación podría haber contribuido a la desaparición forzada, tanto en perpetrar el delito y en mantenerlo en el tiempo como alertó la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

Esta organización trabaja con más de 1.600 víctimas de violaciones a los derechos humanos, la mayoría de desaparición forzada. Ese fue el crimen que dio origen a la creación del colectivo en el 2009 que, además de labores de búsqueda inversa, ha promovido la declaratoria de los cementerios como espacios de memoria.

Tras conocer las denuncias por manejos irregulares en los cuatro cementerios públicos de Bogotá, hicieron un llamado sobre el riesgo que representa para la memoria no hacer un manejo adecuado de los cuerpos de los muertos. “Hemos logrado considerar durante 14 años de lucha contra la desaparición forzada que en los cementerios del país se encuentra una gran verdad por desenterrar y los cementerios de Bogotá indudablemente hacen parte de esta realidad”, señaló César Santoyo, director del Colectivo OFB.

Más allá del presunto uso de los hornos crematorios para desaparecer cuerpos, el empresario Sergio Vanegas (que confesó haber entregado dinero para ganar la licitación para el manejo de los cementerios distritales), señaló que había falta de registros de servicios funerarios, inhumaciones y cremaciones, así como de veeduría por parte de las autoridades responsables.

Ese concesionario incumplió reiteradamente las obligaciones del contrato firmado con la Uaesp durante 17 meses, según determinó la Contraloría. Además, no contaba con los informes correspondientes de la administración de los centros, porque presuntamente la intención era desviar parte de los recursos que recibían.

En medio de todo ese desorden, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda expresó su preocupación por el manejo de los cuerpos no identificados que se encuentran en los cementerios. Reiteran que es obligación de las entidades territoriales preservar la memoria y dar garantías para la identificación de los cuerpos.

“Es indudable que es necesario garantizar que estas custodias, esta memoria, y este proceso de reserva cumpla un papel absolutamente estratégico en la búsqueda de la verdad que hemos desenterrado durante los tres últimos lustros en el país. Muchas de las personas desaparecidas las presumimos inhumadas como no identificadas desafortunadamente en los cementerios de Colombia y los de Bogotá no son la excepción”, señaló Santoyo.

Desde el Colectivo OFB resaltan que la situación de desaparición forzada se puede agravar por ese mal manejo de cuerpos, sumado a un contexto como el Paro Nacional de 2021 sobre el que, según denunció el informante se habrían cremado cuerpos sin registro. La organización sociojurídica señala que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos existe la denuncia de 379 personas reportadas como desaparecidas.

Instaron a las entidades distritales a que “fortalezcan las acciones de implementación de la Paz, fortaleciendo la actuación para identificación y custodia de los cuerpos inhumados en los cuatro cementerios, se garanticen los manejos adecuados y transparentes en los registros de seguimiento de inhumados y el esclarecimiento de esta grave situación para avanzar en la recuperación, exhumación, identificación, búsqueda de sus familiares y entrega digna de los cuerpos encontrados en los cementerios a cargo de la capital del país”.

El 17 de enero, la Uaesp solicitó a la Fiscalía adelantar medidas cautelares sobre los bienes de las personas que hicieron parte del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, sus bienes y se les impida salir del país. La Personería, además, ordenó la suspensión de la subdirectora de servicios funerarios de la entidad y señaló que habría elementos de prueba de la omisión en la vigilancia del contrato.

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