Paro en los puertos agroexportadores: las claves de un conflicto que ya retrasa exportaciones por USD 1.500 millones

El paro en los puertos agroexportadores y en las plantas aceiteras y de procesamiento de granos oleaginosos, no es la mejor noticia para un país ávido de los dólares que puedan ingresar del agro, el principal sostén de la economía argentina.

Ya van 11 días desde que tres sindicatos comenzaron una medida de fuerza que paralizó las terminales y cuyas negociaciones con las cámaras empresarias, hasta el momento, no dieron frutos. En sí, las consecuencias se traducen en más de un centenar de barcos a la espera de cargar mercadería por USD 1.500 millones.

Si bien el conflicto ya había dados sus primeros pasos el 3 de diciembre cuando la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (FTCIODYARA), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos (URGARA) llevaron a cabo un paro de 24 horas, fue el 9 de diciembre cuando comenzó el derrotero que hasta el momento lleva acumulado 11 días fundamentado en un reclamo de actualización salarial y un bono “extraordinario” por la pandemia.

Por supuesto que todo paro de actividades trae aparejado un costo económico. En diálogo con Infobae, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, explicó que “no hay una estimación de pérdidas, sino que lo que acá tenemos es una estimación de retrasos. Tenemos 111 barcos en línea de espera en la zona del Río Paraná para cargar 4,5 millones de toneladas de harina de soja, trigo y maíz. Por otro lado, hay cerca de 3.000 camiones por día pendientes de ingresar a los puertos. Eso nos da una estimación de retrasos de exportaciones de alrededor de USD 1.500 millones. Por supuesto, habrá costos de logística que habrá que asumir posteriormente”.

La estimación de Idígoras se aproxima a la de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que calculó que entre maíz y subproductos de soja (harinas, pellets y aceite) restan por cargarse en las terminales portuarias del Gran Rosario unos USD 1.000 millones.

Costos

Respecto a los costos, días atrás el vicepresidente de CIARA-CEC, Guillermo García, indicó a este medio que los elevados gastos que implican mantener un barco a la espera de la carga, que podrían ascender a USD 25.000 por día, subrayó que uno de los principales problemas que puede afrontar Argentina de extenderse el conflicto es que “en el tiempo empezás a ser un exportador no confiable”.

Según datos de la BCR, mantener un barco parado a la espera de ser cargado en concepto de fletes puede oscilar entre USD 15.000 y USD 25.000 diarios. En relación a las plantas paradas, los costos fijos se ubican en torno a los USD 10.000 por día según fuentes no oficiales de la industria, mientras que otros especialistas plantean que se pierden USD 10 por tonelada por día de paralización. Entonces, si la planta tiene la capacidad de procesar 12.000 toneladas por día, el costo de paralización diario es de USD 120.000 diarios.

Por otro lado, existe el problema de las “extensión penalties” que son los costos por las demoras en los contratos de ventas. Pueden ascender a aproximadamente USD 80.000 cada dos días según el contrato de flete. “El contrato hasta puede caer en default, lo que implica que el comprador puede renegociar todo el precio de la mercadería y los perjuicios pueden ser mayores”, indicó la entidad bursátil.

El conflicto y las negociaciones

Como ya se dijo, el conflicto que lleva 11 días, empezó a tomar forma semanas antes, pero su real magnitud se vio en estos últimos días. Los sindicatos que llevan a cabo la medida reclaman una actualización salarial y el pago de un bono “extraordinario” por el trabajo durante la pandemia, donde las cámaras sostienen que dicho incremento debe darse conforme al aumento de la inflación y rechazan pagar la suma exigida por los gremios respecto al bono.

Asimismo, para retomar las negociaciones, hoy totalmente paralizadas, piden que los trabajadores levanten el paro. Cabe mencionar que la última vez que se vieron las caras las partes fue el lunes pasado en el Ministerio de Trabajo, que tras una reunión de más de 8 horas, no pudieron llegar a un acuerdo.

Según explicó Idígoras, las conversaciones “se fueron complicando en la revisión salarial de mitad de año. Hicimos un aumento del 25% que se implementó a partir de mayo y habíamos quedado que una vez que la inflación lo superara íbamos a revisarlo. En medio surgió la pandemia en Santa Fe, que retrasó bastante las conversaciones, y ahí surgió por octubre el pedido de un bono especial extraordinario más allá del bono anual que habitualmente se otorga, vinculado con la pandemia”.

“En la última reunión que intervino el Ministerio (de Trabajo) ellos incrementaron el pedido y hoy quieren un bono de 160.000 pesos por trabajador y trabajadora, lo que implica un aumento del 180% al 190% por encima del bono del año pasado. Es imposible de aceptar y pagar, por eso estamos tratando de volver a los criterios que nosotros proponemos que es inflación real efectiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC para que nadie pierda poder adquisitivo”, sostuvo.

Bajo este panorama, el titular de la cámara empresaria pidió “retomar la cordura” para volver a la mesa de negociación, pero que la condición para eso suceda es que se levante la medida de fuerza. “Espero que podamos retomar la cordura y volver a la mesa de negociación lo antes posible. Tendría que evitar seguir en conflicto durante las fiestas y para eso es necesario que los sindicatos levanten las medidas de refuerzo como condición sine qua non. Estamos a disposición para sentarnos ya, pero esa es nuestra condición”, sostuvo Gustavo Idiígoras.

Por su parte, los gremios, en una declaración conjunta, acusaron de “intransigencia” a las cámaras empresarias, alegaron que éstas no han cumplido con los acuerdos firmados y que es falso que haya habido una modificación en los reclamos durante la reunión que se llevó a cabo el lunes pasado en la cartera que conduce Gabriel Moroni.

“Las cámaras han incumplido con los acuerdos firmados. En el caso de Aceiteros la revisión salarial del 2020 estaba prevista para el mes de agosto, con URGARA no han firmado aumento alguno para la paritaria anual que debiera regir desde junio del 2020”, afirmaron y agregaron que “nunca hemos cambiado nuestros reclamos, seguimos insistiendo con nuestra propuesta: deben cumplir con el acuerdo para el 2020 y ajustar el 25% que ya hemos percibido para llevarlo al 35% de inflación proyectada para este año, pagando el bono anual de todos los años ajustado con la pauta firmada”.

En este sentido, aseguraron que “la suma de dinero necesaria para cubrir las necesidades básicas familiares a enero de 2021 es de $93.280, conforme a los estudios realizados por el INDEC. Hoy nuestros básicos iniciales de convenio no llegan a los $70.000, estando pendiente el reajuste del 2020”.

Intervención del Estado

Ante tamaño conflicto y con las consecuencias que está arrojando, que no solo pueden complicar las exportaciones sino también la logística de la cosecha de trigo, sectores de la cadena agroindustrial manifestaron su sorpresa por la quietud del Gobierno nacional para resolver el tema, más allá de la reunión que se mantuvo en la cartera laboral el pasado lunes. Esta poca movilidad también alertó al sector primario, más precisamente a la Mesa de Enlace y a las cuatro cadenas de los principales cultivos, quienes pidieron que el Estado arbitre los medios necesarios para que se le busque una salida a la problemática que se ha planteado en los principales puertos del país.

En un comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro, expresaron “su alarma ante la paralización de los puertos cerealeros” y pidieron al Gobierno que “implemente las mesas de diálogo o las instancias necesarias para destrabar este conflicto que continúa irresuelto y perjudica, cada día que pasa, al sector y a la Nación”.

“Los principales afectados por esta medida gremial somos los productores agropecuarios, que estamos en plena cosecha de trigo y de cebada, gran parte de la cual se destina a la exportación, a través de los puertos que hoy se encuentran cerrados. De persistir la medida de fuerza, terminará impactando aún más sobre las exportaciones de productos emblemáticos para nuestro país y que esto repercutirá en un menor ingreso de divisas, afectando la reactivación y el empleo, y mancillando la reputación de nuestra Nación como proveedora y socia comercial confiable, en favor de nuestros competidores más cercanos”, señalaron los dirigentes del campo.

Por su parte, las cuatro entidades de los principales cultivos de la Argentina (Acsoja, Asagir, Argentrigo y Maizar) manifestaron que el camino para llegar a una solución del conflicto “es el diálogo en paz y sin medidas de fuerza, que claramente requiere la participación y arbitraje del Estado nacional. La medida sindical a través de un prolongado cese de actividades es el camino contrario a lo que necesita la Argentina en este momento”.

“El Gobierno debe arbitrar todos los medios para lograr un acuerdo donde el reclamo sindical sea razonable y acorde a la realidad del país y la respuesta de las empresas sea justa y equilibrada”, agregaron.

Al respecto, Idígoras indicó que “el Gobierno ha intervenido de acuerdo a la legislación laboral a través del Ministerio de Trabajo y venimos teniendo un diálogo fluido con el Ministerio de Economía y de Producción para ver el día a día de este tema, pero lo que queda claro es que es un acuerdo paritario que tiene que ser negociado por los dos sindicatos (FTCIODYARA y SOEA) y CIARA”.

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