El gobierno incluye a productores de alimentos en las compras que efectúa el ministerio de Desarrollo Social

Mientras continúa la investigación por las supuestas irregularidades en la compra de alimentos y otros productos a proveedores (en las últimas horas se conoció un llamativo caso en el Senasa), desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo se convocó por primera vez a empresas productoras de alimentos y sobre todo cooperativas agropecuarias a participar de ese tipo de licitaciones. En una primera instancia, en los próximos días se hará un concurso para adquirir casi 11 mil toneladas de alimentos básicos.

La convocatoria de Desarrollo Social se conoce luego de que el 6 de abril estallara un escándalo por una compra irregular de alimentos para los sectores más humildes de la población, que estaba plagada de vicios y que ahora es investigada por la justicia, que ayer realizó varios allanamientos, tal como informó Infobae. Las irregularidades denunciadas es que un puñado de empresas intermediarias, que incluso duplicaban sus razones sociales para poder vender más, iban a cobrar 550 millones de pesos del Estado por mercadería con evidentes sobreprecios de hasta el 80%.

El ministerio de Desarrollo Social, por orden del presidente Alberto Fernández, ya había anulado esas compras y ahora convocó a las empresas productoras a convertirse directamente ellas en proveedoras de lentejas, aceite, azúcar, leche en polvo, arroz, harina y fideos guiseros.

Según un comunicado de esa cartera, para atender la crisis en el marco de la pandemia del coronavirus, el gobierno necesita adquirir de urgencia 1.700.000 paquetes de lentejas de 400 gramos, 1.700.000 kilos de azúcar de un kilo, 1.700.000 paquetes de leche en polvo en envases de un kilo, 1.700.000 kilos de arroz en paquetes de un kilo, 1.700.000 envases de aceite comestible por 900 centímetros cúbicos, 1.700.000 kilos de harina en paquetes de un kilo y 1.700.000 kilos de fideos guiseros en paquetes de medio kilo. En total, suman unas 10.710 toneladas de alimentos.

La cartera que dirige Arroyo, quien se vio bastante salpicado por el escándalo de los sobreprecios y debió expulsar a varios funcionarios, aunque también recibió el respaldo presidencial, informó que espera que de esta nueva compra participen “empresas y productores de alimentos”. Esto también responde a una decisión de Alberto Fernández, que tras el escándalo se reunió con Luis Pérez Cómpanc, titular de la empresa Molinos Río, para analizar la posible intervención de empresas fabricantes, sin intervención de intermediarios.

La aspiración de Arroyo parece ser que también participen del nuevo concurso las empresas de la economía social, en especial las cooperativas agropecuarias. De allí que se invitó a participar de esta nueva convocatoria “que se encuentra activa en la página comprar.gob.ar” a las empresas, productores y cooperativas de alimentos registradas allí.

“Para participar de la convocatoria, los interesados deberán encontrarse inscriptos en el momento de la adjudicación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) asociado al Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional”, aclaró el Ministerio. Los plazos son perentorios, ya que la convocatoria finalizará el próximo 29 de abril para arroz, aceite, fideos y harina, y un día después para azúcar, lentejas y leche en polvo.

Será una prueba de fuego para ver si el Estado puede finalmente comprar evitando sobreprecios. Y es que en esta nueva convocatoria se define con claridad que las ofertas (que podrán ser de al menos un 10% del total de las cantidades solicitadas) “no podrán superar los precios máximos mayoristas establecidos por la Secretaría de Comercio Interior”, y que eran los vigentes para esos alimentos para el 6 de marzo, según los listados vigentes.

El caso del Senasa

Que es posible acomodar los precios a esos “valores máximos” quedó en claro en otra compra que podría haber terminado en escándalo. Se trata de una provisión de alcohol en gel para cuidar al personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Este viernes en el Boletín Oficial se publicó la Resolución 333/20 del Senasa que aprobaba la “Contratación por Emergencia COVID-19 3/2020, correspondiente a la adquisición de insumos para la emergencia sanitaria”. Esa compra directa se había lanzado el 27 de marzo, cuando mediante un correo electrónico se invitó a tres oferentes habituales a participar de una compulsa de precios. Luego, el 1° de abril se abrieron dos ofertas de otras tantas empresas, que ofrecieron vender alcohol en gel al organismo por la suma de casi 9 millones de pesos.

Esa primera oferta fue aceptada por Senasa el viernes 3 de abril, pero el lunes 6 estalló el escándalo por las compras de alimentos de Desarrollo Social. Luego de eso, a través de la Decisión Administrativa 472 de la Jefatura de Gabinete, el gobierno estableció que “en los procesos de compras que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios, no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los precios máximos establecidos por Comercio Interior".

En ese contexto, el Senasa se vio obligado a revisar los términos de su contratación, y pidió a sus proveedores que se adecuaran a la nueva exigencia. “Se procedió a intimar a las firmas adjudicatarias a certificar que los precios cotizados en el mencionado procedimiento correspondían a los precios de mercado al 6 de marzo de 2020”, se indicó en la misma resolución.

Finalmente sucedió que la firma MAXXILIMP SRL aceptó el 17 de abril bajar su oferta de los 2.425.840 pesos iniciales a 1.904.230 pesos en el nuevo presupuesto, con un ahorro de algo más del 20%. Y que la empresa LABORTEKNIC SRL acatara el 20 de abril mejorar su cotización reduciendo la suma original de 6.493.000 pesos a solo 3.064.800 pesos. Es decir a menos de la mitad.

Entre ambas operaciones, Senasa redujo de casi 9 millones de pesos a solamente 5 millones de pesos el valor de sus compras de alcohol en gel, con un ahorro cercano a 4 millones de pesos. Fuentes del organismo contaron que otro concurso de precios se canceló por “precios abusivos” para barbijos, máscaras y guantes.

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