La Justicia estadounidense programó para el 11 de octubre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero

La Fiscalía y la defensa del hombre señalado como testaferro de Nicolás Maduro debatieron su supuesta inmunidad diplomática. El acusado estuvo presente en la audiencia de forma presencial

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Alex Saab (Broward County Sheriff's
Alex Saab (Broward County Sheriff's Office/Handout via REUTERS)

Un juez federal de Miami fijó el miércoles la semana del 11 de octubre como fecha tentativa del juicio de Alex Saab, un empresario colombiano acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

La decisión del juez Robert Scola tuvo lugar en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami en la que Saab estuvo presente pero no hizo declaraciones.

Se trata de una fecha preliminar mientras una corte de mayor jerarquía resuelve un pedido del acusado para que su caso sea desestimado, bajo alegatos de que no debió ser extraditado para enfrentar cargos porque goza de inmunidad diplomática.

Scola fijó también una nueva audiencia para el 10 de junio en la que será informado sobre cómo avanza la causa de la inmunidad diplomática en la corte de apelaciones y otra tentativa para el 4 de octubre en la que las partes deberían informarle si están preparadas ya para el juicio.

Las fechas, sin embargo, estarían atadas a la resolución que tome la corte de apelaciones y podrían ser cambiadas.

Saab, de 49 años y quien permanece detenido en una prisión federal de Miami, llegó a la audiencia esposado y con grilletes en sus pies, vestido con uniforme de preso color beige y mascarilla que cubría su boca y nariz. Lucía serio y conversó con sus dos abogados antes del inicio de la sesión. Su cabello entrecano estaba prolijamente sujetado hacia atrás en un pequeño rodete.

Alex Saab en prisión durante
Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Tribunal Federal de Florida/Archivo)

La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.

Saab se declaró inocente en noviembre y ha asegurado que no debería haber sido extraditado por haberse desempeñado como “diplomático de la República Bolivariana de Venezuela”. Sus abogados alegan que como diplomático tiene inmunidad.

Venezuela sostiene que Saab, a quien Estados Unidos considera un testaferro de Maduro, era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible.

En octubre el juez Socola retiró siete de las ocho acusaciones de lavado de dinero que enfrentaba el empresario a pedido de la fiscalía. El gobierno estadounidense se había comprometido a hacerlo como parte de un acuerdo que selló con Cabo Verde para conseguir la extradición de Saab.

Su extradición desde Cabo Verde tensó aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e interrumpió el diálogo que en ese momento tenían el régimen de Maduro y la oposición en México.

Al inicio de la audiencia del miércoles el juez pidió a un puñado de periodistas que se encontraban en la sala que se retiraran después que la fiscalía y la defensa de Saab le solicitaran tiempo para hablar a solas con él. En tiempos regulares ese momento se concede en la misma sala en la que está la audiencia y se pone ruido de fondo en los parlantes para que no se escuche la conversación de las partes con el juez. Pero debido al distanciamiento social dispuesto por la pandemia, el juez prefirió que las personas que no fueran partes del proceso judicial se retiraran momentáneamente.

Cuando terminó ese tiempo el juez ordenó que se hicieran públicos dos documentos de más de un centenar que han sido presentados de manera sellada en las últimas semanas.

Poco después de ser extraditado, Saab expresó que era inocente y dijo que no tenía en qué colaborar con Estados Unidos, como suelen hacer algunos acusados al sellar acuerdos con los fiscales para obtener una reducción de sus condenas.

(Con información de AP)

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