Por qué la detención de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, preocupa al régimen de Turquía

Por estas horas hay una enorme preocupación en la cúpula chavista por la detención de Alex Saab, el principal testaferro de Nicolás Maduro. Pero no solo la dictadura venezolana redobla esfuerzos para evitar su extradición a Estados Unidos. Otros países ven con preocupación la posibilidad de que el empresario colombiano termine ante la justicia norteamericana.

Tal es el caso de Turquía. Es que Saab, entre las innumerables operaciones de lavado que realizó para el régimen venezolano, también ha sido clave en la construcción de la relación económica de Caracas con Ankara a través de sus empresas ficticias radicadas en Estambul, de acuerdo a un artículo de Ahval News.

Según esa publicación, los dos regímenes “han establecido un mecanismo denominado ‘oro por alimentos’”. Desde el 2018, el oro venezolano ha sido enviado a Turquía para su refinamiento, con un valor estimado en unos 900 millones de dólares.

A cambio, Ankara pasó a ser un importante proveedor de alimentos básicos, como pasta, aceite de girasol, harina de trigo, lentejas rojas y leche en polvo para Venezuela, que atraviesa la peor crisis humanitaria y el más profundo desabastecimiento de su historia.

Ahval News recuerda que la compañía Mulberry Proje Yatirim, establecida en Estambul en 2017 por los socios de Saab, se convirtió en la principal intermediaria de las importaciones de alimentos al comprar productos de Turquía en nombre de clientes venezolanos y venderlos en el país caribeño.

En el marco de la presión sobre la dictadura de Maduro, en julio de 2019 el Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Mulberry por su participación en la sofisticada red de Saab que blanqueó millones de dólares en beneficios de contratos sobrevalorados vinculados al programa de subsidios de alimentos de Venezuela.

El gobierno de Donald Trump asegura que los principales beneficiarios son altos funcionarios del régimen venezolanos y miembros del Ejército. Sin embargo, la lupa también está puesta en algunos funcionarios de alto nivel de Turquía. Como el caso de Reza Zarrab, un comerciante de oro turco-iraní, que se encuentra detenido tras ser acusado en los Estados Unidos en 2016 por su participación en un enorme plan de blanqueo de dinero que violaba las sanciones impuestas por Washington a Irán.

Zarrab, que en un principio se declaró inocente, decidió cooperar con la justicia norteamericana y se convirtió en testigo del Gobierno de los Estados Unidos. Admitió su participación en el plan multimillonario de oro por petróleo, y en su testimonio salpicó a varios ex ministros turcos.

No obstante, el hecho de que los medios de comunicación turcos estén cada vez más bajo el control del régimen de Erdogan hace que prácticamente se desconozcan los hechos de corrupción en los que están involucrados los funcionarios del gobierno.

Otro dato que aportó Ahval News para reflejar el estrecho vínculo entre Caracas y Ankara, es que el régimen venezolano contrató recientemente a Amsterdam and Partners LLP, un bufete de abogados estadounidense que también representa a Turquía, en un esfuerzo por combatir las duras sanciones económicas impuestas por Washington. Esa información fue publicada en febrero pasado por la agencia The Associated Press.

Desde 2015, ese bufete de abogados viene ayudando al régimen de Erdogan en la búsqueda de la extradición del clérigo islámico estadounidense Fethullah Gülen, a quien Turquía acusa de ser el autor intelectual de un fallido golpe militar el 15 de julio de 2016.

El pasado mes de mayo se dio a conocer que Alex Saab había sido designado por Maduro para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán. El colombiano ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg.

Alex Saab, señalado por la justicia de los Estados Unidos de ser uno de los testaferros del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido el pasado viernes en el archipiélago africano de Cabo Verde después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para cargar combustible.

Saab, de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL), que es acusada de vender al régimen chavista alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes.

Con los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”, según dijo un funcionario del Gobierno estadounidense en julio del año pasado.

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega, quien hoy se encuentra en el exilio, lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

“Esta persona es señalada por las agencias internacionales de ser un testaferro de Nicolás Maduro y encabezar un esquema de corrupción que, en Venezuela, se apoderó de recursos millonarios destinados a la compra de alimentos y mercados que llegaron a precios superiores y descompuestos”, precisó la Fiscalía colombiana la semana pasada tras decidir expropiar inmuebles del empresario.

Saab tiene en sus manos mucha información sensible que involucra a las altas esferas del régimen venezolano. Por ese motivo, la dictadura de Maduro aumenta la presión para evitar que se concrete la extradición a Estados Unidos. En una clara maniobra de desesperación, el chavismo emitió un comunicado el sábado pasado para exigir la liberación de Saab, y en el texto el régimen dijo que el empresario colombiano tiene nacionalidad venezolana y que viajaba en calidad de “agente” de su Gobierno. En el razonamiento chavista, su función le otorgaría “inmunidad diplomática”.

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