El 25 de marzo el vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, anunció el plan del mandatario Nicolás Maduro para aliviar el efecto del coronavirus en la famélica economía venezolana: transferencia de dinero a los trabajadores, prohibición de despidos, el compromiso del Estado de pagar la nómina de las pequeñas empresas, suspensión del cobro de alquileres y reestructuración de los créditos bancarios.
“Nicolás Maduro instruyó esta comparecencia de prensa para informar las medidas que hemos adoptado para proteger en primer lugar a la familia, a la clase trabajadora venezolana” dijo Tareck El Aissami.
El Aissami habló desde el Palacio de Miraflores. Afuera, escuchó un país bajo una cuarentena obligatoria que paralizó la actividad en todas las áreas, salvo las esenciales, con empresas muy frágiles tras seis años consecutivos en recesión y una población empobrecida por la hiperinflación que estalló a finales de 2017.
El aislamiento social, necesario para combatir la epidemia, aumenta la depresión de la economía con empresas apagadas, comercios cerrados y millones de personas en sus casas: de acuerdo a la consultora Datos 47 de cada 100 venezolanos que trabajan lo hacen por cuenta propia y el confinamiento, que comenzó el 16 de marzo, los ha dejado sin ingresos, salvo la exigua transferencia que comenzó a hacer el Gobierno.
Cuatro millones de trabajadores en el sector informal o por cuenta propia comenzaron a recibir el bono “Quédate en casa” por 450 mil bolívares, unos seis dólares al tipo de cambio oficial.
Yolanda Martínez es manicurista, trabaja en una peluquería en el este de Caracas y no tiene salario fijo, cobra un porcentaje por cada cliente que atiende: “El bono es lo que gano por dos clientes, será muy difícil resistir una semana más en cuarentena. No puedo trabajar a domicilio porque el transporte es muy escaso y mis clientes temen al contagio del coronavirus”.
El Gobierno anunció que pagará la nómina de las pequeñas empresas que soliciten este auxilio en vista de que no están generando ingresos. No obstante, todo apunta a que los trabajadores solo recibirán un salario mínimo cuando en promedio, gracias a distintas bonificaciones, los pagos en el sector privado cuadruplican esta cantidad.
A pesar de lo insuficiente, las transferencias aumentan el desajuste de unas finanzas públicas sumergidas por un déficit fiscal de 10% del PIB, la catastrófica caída de la producción petrolera hasta el nivel más bajo desde 1945, el declive en el precio del barril y la imposibilidad de obtener financiamiento internacional.
Nicolás Maduro tocó la puerta del Fondo Monetario Internacional para solicitar un crédito de cinco mil millones de dólares, pero el organismo no procesó la solicitud argumentando que no ha decidido internamente si lo reconoce como presidente de Venezuela.
Dólar y precios
Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, advierte que “dadas las condiciones en que se encuentran las finanzas públicas, es de prever que el Gobierno recurrirá a la emisión monetaria como vía fundamental de financiamiento de la expansión del gasto. El resultado no es difícil de deducir: mayor presión inflacionaria y depreciación del tipo de cambio”.
La inflación se acelerará desde un nivel elevado: la firma Macroconsultores precisa que el precio en dólares de una cesta de nueve alimentos básicos (harina de maíz, harina de trigo, pasta, aceite, leche en polvo, arroz, atún enlatado, azúcar y granos) aumentó 22% entre diciembre y febrero.
La inyección de bolívares para cubrir el costo de las transferencias aumentará la presión sobre el dólar, que en los últimos diez días registra un salto de 25% en el mercado paralelo, en medio de la poca oferta de divisas y el recrudecimiento de la crisis política.
Sin financiamiento y asistencia internacional luce imposible un plan de protección a la economía. Luis Zambrano Sequín afirma que “Venezuela no puede salir de este atolladero sin una importante ayuda internacional, masiva y rápida.
Menos remesas
De acuerdo con Datos, 26 de cada 100 venezolanos reciben remesas y el impacto del coronavirus en las economías de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos pone en riesgo la periodicidad y el monto a recibir este año.
El Centro para el Desarrollo Económico de Perú realizó una encuesta el pasado 25 de marzo y determinó que un tercio de los venezolanos en ese país se quedó sin empleo y la mitad están en sus casas, en cuarentena, por lo que dudan que puedan mantener el empleo o cobrar los días no laborados.
La CEPAL proyecta que este año caerá el PIB de América Latina y contempla un salto de diez puntos porcentuales en el desempleo de la región. Al mismo tiempo, las peticiones de ayuda por desocupación en Estados Unidos baten récord y Europa emite señales claras de recesión por la caída del turismo y la producción industrial.
Crédito trancado
A fin de reducir la cantidad de dinero en la economía y contener el ascenso del dólar, el Gobierno obligó a las entidades financieras a disminuir los créditos, ordenándoles congelar como reservas la totalidad de los nuevos depósitos: el resultado es que al cierre de febrero de este año las entidades financieras solo destinaban al crédito uno de cada diez bolívares que gestionan, el mínimo histórico.
Los pocos créditos otorgados deberán ser reestructurados, es decir, los bancos tendrán que negociar plazos más largos con los comercios y empresas que no pueden pagar el capital y los intereses por el impacto de la cuarentena. Al mismo tiempo que obliga a los bancos a congelar como reservas la gran mayoría de los depósitos, el Gobierno quiere asegurar financiamiento en bolívares para las empresas de alimentos, farmacéuticas e industrias que producen artículos de higiene necesarios para combatir la epidemia.
La firma Síntesis Financiera sostiene que se trata de una estrategia inconsistente: “No se anunciaron planes para reducir el encaje bancario, barrera fundamental para el otorgamiento de préstamos de todo tipo”.
Sin combustible
Fuentes de PDVSA, la empresa petrolera del Estado, explican que los problemas de caja y las sanciones de Estados Unidos han obligado a la administración de Nicolás Maduro a disminuir las importaciones de gasolina, al punto que la escasez de combustible llegó a Caracas.
Por años, Venezuela contó con refinerías capaces de proveer todos los combustibles que consume el país, pero gracias a la desinversión y una pésima gerencia actualmente solo operan a 10% de su capacidad. La consecuencia, es un racionamiento de facto, con largas filas de automóviles en las bombas de gasolina de la capital.
Adriana Bermúdez es paciente renal y necesita diálisis todas las semanas. Gracias a que el taxista que le brinda el servicio de transporte hizo una cola de cuatro horas y logró cargar la mitad del tanque del vehículo tiene certeza de que podrá acudir a la próxima sesión. “La situación es muy difícil, yo espero que esto se solucione o creen un plan especial para los que estamos en esta situación”, dice Bermúdez.
La escasez de combustible también ha comenzado a afectar la distribución de la producción agrícola. Aquiles Hopkins, presidente de la Federación de Productores Agropecuarios (Fedeagro) advirtió la semana pasada que está en riesgo la cosecha en varios estados: “Se están perdiendo las cosechas en los andes, Guárico y el sur de Aragua por la escasez de gasolina”.
Jackeline González vende quesos que le traen a Caracas distintos proveedores de los estados del centro del país. Explica que “difícilmente tendré mercancía la semana que viene, mis proveedores me han dicho que la semana pasada tuvieron muchos problemas para obtener la gasolina que necesitan”.
La depresión de los últimos seis años generó una economía enana con la reducción del PIB en más de 50%, la emigración de cinco millones de venezolanos, el crecimiento de la desigualdad y un salto histórico de la pobreza: la profundización de la crisis, en medio del coronavirus, comienza a configurar un país más alejado de la superficie.
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