Los dos soldados confiesan sus crímenes de forma monótona. Solo unos cuantos parpadeos delatan su emoción: ejecuciones, entierros en masa, destrucción de pueblos y violaciones.
La orden de su comandante en agosto de 2017 fue clara, dijo el soldado Myo Win Tun en un testimonio en video: “Disparen a todo lo que vean y a todo lo que escuchen”.
Dijo que obedeció, participó en la masacre de 30 musulmanes rohinyás y los enterró en una fosa común cerca de una torre celular y una base militar.
En un municipio vecino, el soldado Zaw Naing Tun dijo que alrededor de la misma época, él y sus camaradas de otro batallón siguieron una directiva casi idéntica de su superior: “Maten a todos los que vean, sean niños o adultos”.
“Acabamos con unas 20 aldeas”, dijo el soldado Zaw Naing Tun, y agregó que él también arrojó los cuerpos en una fosa común.
El testimonio en video de los dos soldados se compartió con los fiscales internacionales y es la primera vez que miembros del Tatmadaw —como se conoce al ejército de Birmania— confiesan abiertamente haber participado en lo que los funcionarios de las Naciones Unidas dicen que fue una campaña genocida contra la minoría musulmana rohinyá del país.
El 7 de septiembre, los dos hombres, que huyeron de Birmania el mes pasado, fueron llevados a La Haya, donde la Corte Penal Internacional ha abierto un caso que examina si los líderes del Tatmadaw cometieron crímenes a gran escala contra los rohinyás.
Las atrocidades descritas por los dos hombres se hacen eco de las pruebas de graves abusos a los derechos humanos que se han recogido entre los más de un millón de rohinyás que ahora se refugian en el vecino Bangladés. Lo que distingue su testimonio es que proviene de los perpetradores, no de las víctimas.
“Este es un instante monumental para los rohinyás y el pueblo de Birmania en su continua lucha por la justicia”, dijo Matthew Smith, director ejecutivo de Fortify Rights, un organismo de vigilancia de derechos humanos. “Estos hombres podrían ser los primeros perpetradores de Birmania juzgados en la Corte Penal Internacional, y los primeros testigos internos bajo custodia del tribunal”.
The New York Times no pudo confirmar independientemente que los dos soldados cometieron los crímenes que confesaron. Pero los detalles de sus relatos se ajustan a las descripciones proporcionadas por decenas de testigos y observadores, incluidos los refugiados rohinyás, los residentes de Rakhine, los soldados del Tatmadaw y los políticos locales.
Y múltiples aldeanos confirmaron de manera independiente la ubicación de las fosas comunes que los soldados proporcionaron en su testimonio, pruebas que serán aprovechadas en las investigaciones de la Corte Penal Internacional y otros procedimientos judiciales. El gobierno de Birmania ha negado repetidamente la existencia de esos sitios en toda la región.
Los crímenes que, según los soldados, fueron perpetrados por sus batallones de infantería y otras fuerzas de seguridad —unos 150 civiles muertos y docenas de aldeas destruidas— son solo una parte de la larga campaña de Birmania en contra de los rohinyás. Y retratan una operación concertada y calculada para exterminar a un solo grupo étnico minoritario, la cuestión que está en el centro de los actuales casos de genocidio.
Las masacres de los rohinyás que culminaron en 2017 fueron catalizadoras de una de las huidas más rápidas de refugiados del mundo. En cuestión de semanas, tres cuartos de millón de apátridas fueron desarraigados de sus hogares en el estado occidental de Rakhine, en Birmania, mientras las fuerzas de seguridad atacaban sus aldeas con rifles, machetes y lanzallamas.
Los ancianos fueron decapitados y las chicas jóvenes violadas y les arrancaron los pañuelos de la cabeza para vendarles los ojos, dijeron los testigos y los sobrevivientes. Médicos sin Fronteras calculó que por lo menos 6700 rohinyás, entre ellos 730 niños, sufrieron muertes violentas desde fines de agosto hasta fines de septiembre de 2017. Aproximadamente 200 asentamientos rohinyás fueron completamente arrasados entre 2017 y 2019, según las Naciones Unidas.
En un informe publicado el año pasado, una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que “existe un grave riesgo de que se produzcan o se repitan actos genocidas y de que Birmania no cumpla su obligación de prevenir el genocidio, de investigar el genocidio y de promulgar leyes eficaces que lo tipifiquen como delito y lo castiguen”.
El gobierno de Myanmar ha negado cualquier campaña orquestada contra los rohinyás. El pasado diciembre, Daw Aung San Suu Kyi, líder civil de la nación, defendió a Birmania de los cargos de genocidio en otro caso, éste en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ganadora del premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi ha visto su legado empañado por su apoyo a los militares y su negativa a condenar claramente la persecución de los rohinyás.
Solo unos pocos soldados del Tatmadaw han sido castigados, con breves períodos de prisión, por actos que los militares dicen que fueron eventos aislados en un par de aldeas.
Aunque los rohinyás son del estado de Rakhine en Birmania, el gobierno del país afirma que son intrusos extranjeros. Los funcionarios birmanos han sugerido que los rohinyás quemaron sus propias aldeas para obtener simpatía internacional.
Los relatos de los dos soldados destrozan esa narrativa oficial.
No está claro qué pasará con los dos hombres, que no están bajo arresto pero que fueron efectivamente puestos bajo custodia de la Corte Penal Internacional el lunes. Podrían prestar testimonio en los procedimientos judiciales y ser puestos en protección de testigos. Podrían ser juzgados. La oficina del fiscal del tribunal se negó a comentar públicamente sobre un caso en curso, pero dos personas al tanto de las investigaciones dijeron que los hombres ya habían sido interrogados ampliamente por funcionarios del tribunal en las últimas semanas.
La Corte Penal Internacional normalmente enjuicia a figuras de alto nivel acusadas de delitos graves como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad, no a soldados rasos.
Payam Akhavan, un abogado canadiense que representa a Bangladés en una demanda contra Birmania ante la Corte Penal Internacional, no quiso hacer comentarios sobre la identidad de los dos hombres. Sin embargo, pidió que se rindieran cuentas para evitar nuevas atrocidades contra los 600.000 rohinyás que permanecen en Birmania.
“La impunidad no es una opción”, dijo Akhavan. “Algo de justicia es mejor que nada de justicia”.
Los relatos de los soldados también añadirán peso al caso separado en la Corte Internacional de Justicia, donde se acusa a Birmania de intentar “destruir a los rohinyás como grupo, en su totalidad, mediante el uso de asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como la destrucción sistemática por el fuego de sus aldeas”.
Ese caso fue presentado el año pasado por Gambia en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica, integrada por 57 naciones. La semana pasada, los Países Bajos y Canadá anunciaron que prestarían apoyo jurídico a la labor de responsabilizar a Birmania por el genocidio, calificándolo de asunto “de interés para toda la humanidad”.
En agosto de 2017, los batallones de infantería ligera números 353 y 565 llevaron a cabo “operaciones de despeje” en las áreas donde los hombres dijeron que lo hicieron, los municipios de Buthidaung y Maungdaw. Los comandantes que el soldado Myo Win Tun dijo que ordenaron eliminar a los rohinyás —el coronel Than Htike, el capitán Tun Tun y el sargento Aung San Oo— estaban operando ahí en ese momento, según sus compañeros.
Hay una torre celular cerca de la base del Batallón de Infantería Ligera 552, en las afueras de la ciudad de Taung Bazar, cerca de donde el soldado Myo Win Tun dijo que había ayudado a cavar una fosa común. La base es muy conocida en la zona porque, junto con dos docenas de puestos de guardia fronterizos, fue atacada por insurgentes rohinyás el 25 de agosto de 2017, lo que impulsó las brutales operaciones militares contra los civiles rohinyás.
Los refugiados rohinyás que vivían en un pueblo adyacente al campamento 552 dijeron reconocer al soldado Myo Win Tun. Describieron en detalle la ubicación de dos fosas comunes en esa zona. Los residentes que aún están en la región, que hablaron con el Times, también dijeron conocer los sitios de entierro masivo cerca del campamento militar.
Basha Miya, quien ahora es un refugiado en Bangladés, dijo que su abuela fue enterrada en una de las fosas comunes de la base, junto con al menos otras 16 personas del pueblo vecino de Thin Ga Net, conocido en la lengua rohinyá como Phirkhali.
“Cuando la recuerdo, solo lloro”, dijo. “Me siento mal por no haber podido darle un funeral apropiado”.
Después de que los soldados arrojaron los cuerpos en dos tumbas a orillas de los canales, trajeron excavadoras para cubrir los cadáveres, según testigos presenciales. El soldado Myo Win Tun dijo que él y otros enterraron a ocho mujeres, siete niños y 15 hombres en una tumba.
La aldea de Thin Ga Net fue borrada del mapa por el fuego. Hoy, solo un par de depósitos de agua insinúan que una vez estuvo allí una bulliciosa aldea rohinyá.
Mientras merodeaban por las aldeas alrededor de Taung Bazar, el soldado Myo Win Tun, de 33 años, parece haber perdido la cuenta de cuántos rohinyá mataron él y su batallón. ¿Fueron 60 o 70? ¿Quizás más?
“Disparamos indiscriminadamente a todo el mundo”, dijo en un testimonio en video. “Disparamos a los hombres musulmanes en la frente y pateamos los cuerpos al agujero”.
Él también violó a una mujer, dijo.
El soldado Zaw Naing Tun, un exmonje budista, admitió que pasa por una confusión similar, ya que el asesinato de unos 80 rohinyás se extendió de horas a días. El soldado dijo que él y otros miembros de su batallón irrumpieron en 20 aldeas del municipio de Maungdaw Township, incluyendo Doe Tan, Ngan Chaung, Kyet Yoe Pyin, Zin Paing Nyar y U Shey Kya.
Algunas de estas aldeas fueron quemadas hasta los cimientos. Bashir Ahmed dijo que los batallones del Tatmadaw entraron en su aldea natal, Zin Paing Nyar, temprano en la mañana del 26 de agosto de 2017.
“Abrían fuego cuando encontraban a alguien delante de ellos”, dijo. “Quemaron nuestras casas. No queda nada”.
Más de 30 residentes fueron asesinados en Zin Paing Nyar, según los testimonios de los sobrevivientes.
El soldado Zaw Naing Tun, de 30 años, dijo que él y otros cuatro miembros de su batallón mataron a tiros a siete rohinyás en Zin Paing Nyar. Capturaron a diez hombres desarmados, los ataron con cuerdas, los mataron y los enterraron en una fosa común al norte de la aldea, dijo en el testimonio en video.
Hay algunas discrepancias entre el recuento de los soldados y el de los aldeanos rohinyás. El soldado Myo Win Tun describió la torre celular como al este de la base 552, cuando en realidad está al suroeste.
Pero la mayoría de los otros detalles están corroborados por declaraciones de testigos y sobrevivientes. En la aldea de Ngan Chaung, parte de la cual se salvó de la destrucción, cinco o seis soldados del Batallón 353 de Infantería Ligera llegaron una tarde a finales de agosto de 2017 y eligieron a cinco mujeres para violarlas, dijo un residente que aún vive en la aldea. Él y otros residentes relataron que los esposos de las mujeres fueron asesinados después.
El soldado Zaw Naing Tun dijo que no cometió violencia sexual porque su rango era demasiado bajo como para participar. En cambio, se mantuvo de centinela mientras otros violaban a las mujeres rohinyás.
Los dos soldados que admitieron haber matado rohinyás son miembros de minorías étnicas en un país donde la persecución de tales grupos está institucionalizada.
A principios de este año, el par terminó bajo custodia del ejército de Arakan Army, una milicia étnica de Rakhine que actualmente combate al Tatmadaw y que grabó sus confesiones en video. Ambos hombres dijeron que desertaron del Tatmadaw.
La deserción es un problema particular en las zonas de conflicto de minorías étnicas, dijeron militares con información privilegiada. Se cree que unos 60 soldados del Batallón de Infantería Ligera 565 han desertado.
“Fui discriminado racialmente”, dijo en su testimonio en video el soldado Myo Win Tun, miembro de la etnia shanni, en un raro estallido sentimental.
Más tarde, describió, en voz baja, cómo su oficial al mando, el coronel Than Htike, había instruido al batallón que “exterminara” a los rohinyás.
“Estuve involucrado en el asesinato de 30 hombres, mujeres y niños musulmanes inocentes, enterrados en una fosa común”, dijo, mientas miraba estoicamente a la cámara.
*Hannah Beech ha sido la jefa de la corresponsalía para el sureste asiático desde 2017, con sede en Bangkok. Antes de trabajar en The New York Times, fue reportera de la revista Time durante veinte años, donde reportó desde Shanghái, Pekín, Bangkok y Hong Kong. @hkbeech
c. 2020 The New York Times Company
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