Las cárceles de todo el mundo se han convertido en potentes zonas de transmisión del coronavirus, lo que ha obligado a que algunos gobiernos tengan que liberar a cientos de miles de presos en una loca lucha por frenar la propagación del contagio tras las rejas.
La pandemia también desencadenó rebeliones de prisioneros, puesto que los presos enojados han hecho que se preste atención a los problemas crónicos de los sistemas correccionales en muchos países, incluidos el hacinamiento, la suciedad y el acceso limitado a la atención médica.
En Brasil, que tiene uno de los sistemas penitenciarios más grandes y sobrecargados, los reclusos han grabado videos tras las rejas en los que amenazan con matar a los guardias a menos que el gobierno actúe rápidamente para mejorar sus condiciones.
En Colombia, los prisioneros preocupados por contraer el coronavirus organizaron un motín que dejó un saldo de 23 fallecidos. El viernes, los reclusos de un centro penitenciario en Buenos Aires, Argentina, se enojaron por la falta de protección contra el virus y durante nueve horas se amotinaron realizando acciones como subirse al techo de las instalaciones, quemar colchones y exhibir una pancarta que decía: “Nos negamos a morir en la cárcel”.
A medida que el virus fue sumiendo prácticamente a todos los países en una crisis el mes pasado, los expertos de la ONU en materia de detención, la Organización Mundial de la Salud y activistas de derechos humanos han instado a los gobiernos a que se apresuren a reducir sus poblaciones de prisioneros.
“En muchos países los centros de detención están atestados, y en algunos casos lo están de manera peligrosa” dijo Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en un comunicado. Agregó que las consecuencias de descuidarlos “podrían ser catastróficas”.
Al menos 125 países tienen poblaciones de prisioneros que superan las capacidades de sus sistemas correccionales, incluidos 20 que tienen más del doble de los reclusos que pueden albergar, según el Informe Mundial sobre Prisiones, una base de datos del Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres.
La facilidad de propagación del virus tras las rejas se evidenció en febrero, cuando al menos 555 reclusos en China se infectaron en instalaciones en las provincias de Hubei, Shandong y Zhejiang.
En respuesta, el gobierno despidió a varios guardias por no haber evitado el brote, prohibió las visitas a la prisión y exigió que los guardias de varias instalaciones permanecieran en sus puestos durante semanas.
Cinco prisiones de Hunan designaron un edificio dentro de sus instalaciones para aislar a los prisioneros y guardias infectados. Los reclusos en una prisión de Shandong fueron trasladados a hoteles para ponerlos en cuarentena luego de que un guardia regresó de Wuhan, donde se reportó por primera vez el coronavirus, e infectó a otros guardias y reclusos.
Conforme el virus se extendía rápidamente a través de las fronteras en las siguientes semanas, los funcionarios de muchos países suspendieron las visitas a las cárceles, pero lucharon por imponer medidas de distanciamiento social en las instalaciones sobrepobladas.
Irán, que ha sido uno de los países más afectados, a mediados de marzo liberó temporalmente a unos 85.000 detenidos, incluidos algunos presos políticos. Pero los defensores de los derechos humanos también han criticado a Irán por lo que definen como una dura represión de los reclusos que han protestado por el riesgo de infección.
Bachelet dijo el miércoles que Irán quizás haya acelerado las ejecuciones de los prisioneros sentenciados a muerte que se unieron a algunas de esas protestas.
Este mes, el Parlamento de Turquía aprobó una ley que autoriza la liberación temporal de 45.000 prisioneros. Indonesia ha liberado a unos 30.000.
Miles de prisioneros, incluidos algunos migrantes, también han sido liberados en Estados Unidos.
En Brasil, las autoridades reportaron cuatro muertes, 104 casos confirmados de coronavirus y 145 sospechosos entre los prisioneros hasta el domingo. Las autoridades del país dicen que han liberado a unos 30.000 prisioneros. Pero esa cifra no es significativamente más alta que la tasa de liberación típica, según los expertos.
Los investigadores sostienen que el alcance del problema en Brasil no está claro porque solo 682 de los más de 773.000 prisioneros del país han sido examinados.
Drauzio Varella, un médico que estudia la situación de los centros penitenciarios y que ha escrito libros sobre las necesidades de atención médica de los prisioneros en Brasil, dijo que un número desproporcionado sufre condiciones graves como diabetes, obesidad e hipertensión.
“Las cárceles en Brasil a menudo tienen el doble o el triple de la capacidad para la que fueron construidas, e incluso hay personas que duermen en el piso”, dijo. “Una persona con tos puede infectar a todas las demás”.
Para evitar la transmisión del virus, los funcionarios brasileños suspendieron las visitas de familiares y abogados y buscaron intensificar las medidas de higiene en las prisiones federales y estatales.
Aunque los jueces brasileños han aprobado miles de peticiones de libertad anticipada, altos funcionarios del Ministerio de Justicia argumentan que sería un error liberar a los prisioneros en masa porque eso crearía riesgos para la seguridad pública.
Los defensores de los presos dicen que es más arriesgado que los reclusos permanezcan en las cárceles.
La Pastoral Carcelaria Nacional, una organización cristiana que apoya a los prisioneros y sus familias, dijo que a muchos familiares de los encarcelados se les ha prohibido proporcionarles alimentos y artículos de higiene.
“Los presos logran satisfacer la mayor parte de sus necesidades materiales con lo que les llevan sus familias, ya que la comida que se les da adentro es terrible y escasa”, dijo la hermana Petra Silvia Pfaller, coordinadora del grupo. “Incluso antes de la pandemia ya estaban pasando hambre”.
Vincent Ballon, el principal experto en temas de detención del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que la crisis del coronavirus debería impulsar a los gobiernos de todo el mundo a reconsiderar las leyes y políticas que han generado prisiones sobrepobladas y mal administradas.
“Esperamos que sea una oportunidad para reconsiderar la privación de la libertad, especialmente acciones como la detención preventiva y la detención de inmigrantes”, dijo.
Mário Guerreiro, quien lidera el Consejo Nacional de Justicia, un grupo brasileño que monitorea y supervisa el sistema penitenciario del país, dijo que la pandemia había dejado en claro las deficiencias de ese sistema, que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas sin una inversión proporcional para incrementar sus capacidades.
Brasil tiene la tercera población carcelaria más grande del mundo, detrás de Estados Unidos y China, según el Informe Mundial sobre Prisiones. El promedio de sobrecapacidad en las cárceles brasileñas es del 168 por ciento.
“Brasil tiene prisiones cuyas condiciones humanitarias equivalen a las de los campos de concentración”, dijo Guerreiro. “Es una crisis humanitaria”.
c.2020 The New York Times Company