En Brasil, la compra de armas se dispara durante el gobierno de Bolsonaro

El presidente Jair Bolsonaro ha galvanizado la cultura de las armas en Brasil.

El símbolo característico de su campaña fue una mano que simula la forma de una pistola. Una de sus primeras maniobras en el cargo fue relajar las reglas para la posesión de armas. Sus tres hijos mayores, quienes a su vez también son políticos, han sido feroces defensores de la expansión de la posesión de armas mediante propuestas de ley y publicaciones en redes sociales.

Con sus acciones, Bolsonaro y sus hijos han hecho más que solo facilitarles la compra legal de armas a los brasileños. Han impulsado un debate político y cultural en torno a las armas que era nuevo para Brasil pero que, de muchas maneras, se parece al de Estados Unidos, donde las personas que critican estas políticas consideran que el hecho de que haya más armas significa que habrá más muertes, mientras los simpatizantes aseguran que las armas son necesarias para la autodefensa.

“Con las leyes de desarme, ¿quién renuncia al acceso a las armas de fuego, el ciudadano decente que solo quiere protegerse o el criminal, quien por definición no sigue las leyes?”, cuestionó Bolsonaro en Twitter. “¡No se puede seguir violando el derecho a legitimar la autodefensa!”.

En Brasil, un país de más de 209 millones de personas con una de las tasas de homicidio más altas del mundo, el derecho a la posesión de armas no es una garantía constitucional, como lo es en Estados Unidos. Desde hace tiempo, el movimiento a favor del derecho a la posesión de armas ha estado del lado de los perdedores en los debates políticos.

Aproximadamente dos de cada tres brasileños están en contra de la posesión de armas, e incluso un segmento mayor de la población se opone a facilitar un permiso para la compra de armas, según un estudio de 2019 realizado por Datafolha, uno de los principales grupos de investigación en Brasil.

Sin embargo, con el gobierno de Bolsonaro, podría estar cambiando la actitud hacia las armas. Desde que Bolsonaro relajó las reglas para la posesión de armas en las primeras semanas de su mandato, la cantidad de solicitudes para obtener permisos ha aumentado de manera dramática.

“A largo plazo, esto podría ser desastroso”, comentó Natália Pollachi, coordinadora de proyectos en el Instituto Sou da Paz, una organización de políticas públicas que respalda las leyes estrictas para la posesión de armas.

Durante el primer año del mandato de Bolsonaro, el gobierno emitió más de 200.000 licencias para los propietarios de armas. En 2019, la policía federal, institución a cargo de la emisión de licencias para la autodefensa, aprobó 54.300 permisos, un aumento del 98 por ciento en comparación con el año anterior. En 2019, el ejército, el cual otorga permisos para cazadores y coleccionistas, emitió más de 147.800 licencias nuevas, un incremento del 68 por ciento.

El Instituto Sou da Paz obtuvo esas cifras por medio de la ley de acceso a la información y las compartió con The New York Times.

El flujo de armas nuevas en los hogares brasileños haría que la violencia doméstica sea más letal, las confrontaciones comunes y corrientes se vuelvan fatales y se potencie un mercado negro que ya es próspero, advirtió Pollachi.

En la actualidad, el Congreso está sopesando un puñado de proyectos de ley que relajarían aún más las regulaciones. Y los defensores de más alto perfil en el movimiento a favor del derecho a la posesión de armas son los tres hijos mayores del presidente.

En respuesta a un aumento dramático de la violencia relacionada con las drogas que se afianzó en la década de 1990, en 2003, el Congreso de Brasil aprobó una ley de desarme de gran envergadura que tenía como objetivo hacer que la posesión de armas fuera excepcional gracias a un proceso caro, burocrático y demandante de tiempo para solicitar un permiso.

La ley ordenaba que cualquier persona interesada en solicitar un permiso para la posesión de un arma como autodefensa debía convencer a la policía federal de que había una “necesidad razonable” para tener un arma, un criterio vago que le daba plena discreción al gobierno para negar peticiones. Los coleccionistas y cazadores debían solicitar un permiso con el ejército.

Los solicitantes también debían realizar pagos altos, demostrar que no tenían antecedentes penales, presentar un examen psicológico y capacitarse en puntería. Una vez otorgadas, las licencias autorizaban a los civiles a tener sus armas en casa, pero no a que las portaran fuera de ellas.

La ley también les pagó a los dueños de las armas —con o sin licencia— para que las entregaran al Estado, y casi 650.000 personas lo hicieron en el primer año, de acuerdo con el gobierno federal.

Dos años después de la aprobación de la ley, se rechazó una medida de mayor alcance sometida a votación en un referendo, la cual habría prohibido de manera efectiva todas las ventas de armas a civiles.

No obstante, incluso con las duras regulaciones para la posesión de armas de fuego, había una gran circulación de armas ilícitas.

Desde hace tiempo, los poderosos carteles del narcotráfico han desobedecido las regulaciones de armas por medio del contrabando, principalmente a través de la porosa frontera con Paraguay. Los miembros de las pandillas portan a la vista pistolas y rifles de alta potencia en varios distritos de Río de Janeiro, São Paulo y otras ciudades donde las organizaciones criminales a menudo tienen una mayor influencia en los ciudadanos que el Estado.

El año pasado, la policía de Río de Janeiro decomisó más de 8400 armas de fuego, incluidos 505 rifles, una cifra récord.

Cuando Jair Bolsonaro puso en marcha su campaña presidencial, Brasil tenía más de 63.800 homicidios, un máximo histórico, y lideraba el número de muertes provocadas por armas de fuego en el mundo.

El decreto ejecutivo de Bolsonaro, firmado dos semanas después de convertirse en presidente, relajó el proceso para obtener un permiso facilitando el cumplimiento de los requisitos para la posesión de un arma. Por ejemplo, en la actualidad y conforme el decreto, el solo hecho de vivir en una zona rural o una zona urbana con un alto índice de criminalidad basta como justificación para solicitar el permiso de posesión de un arma.

El decreto extendió la validez de los permisos de cinco a diez años, y aumentó la cantidad de municiones que se pueden adquirir en una sola compra, así como la cantidad de armas que puede poseer un individuo. También permitió la venta de armas de más alto calibre.

Entre el armamento que ahora está a la venta, se encuentra el T4 —un rifle semiautomático de estilo militar producido por el fabricante de armas brasileño Taurus—, un arma que antes solo estaba disponible para las fuerzas armadas.

Cuando firmó el decreto, Bolsonaro señaló que la capacidad para tener armas iba a llevar “la paz a las casas” de los brasileños.

En Brasil todavía se debe pasar por un largo proceso para obtener el permiso para comprar un arma —incluida una evaluación de la salud mental y una revisión de los antecedentes penales— que puede durar meses. Sin embargo, los campos de tiro y las tiendas de armas comenzaron a percibir un repunte en sus negocios, incluso antes de que las nuevas reglas entraran en vigencia.

c.2020 The New York Times Company