Deportan a testigo del colapso del Hotel Hard Rock

El obrero que se convirtió en testigo en una investigación federal de seguridad laboral después de que se lesionó durante el colapso de un nuevo Hotel Hard Rock en Nueva Orleans fue deportado por las autoridades migratorias el viernes, señalaron sus abogados.

Delmer Joel Ramírez Palma, el trabajador, tuvo que luchar por su vida mientras le caían encima metales y escombros y partes de una estructura de dieciocho pisos se desmoronaban a su alrededor y mataban a tres de sus colegas el 12 de octubre.

Ramírez Palma había planteado varias veces sus preocupaciones sobre los problemas de la construcción a los supervisores, de acuerdo con sus abogados. Después de que el edificio se desplomó a su alrededor, dio un recuento al aire para un noticiero en español y participó en una demanda en contra de los desarrolladores del proyecto y sus firmas de construcción, acusándolos de usar materiales deficientes y soportes inadecuados para colocar los pisos de concreto.

El 14 de octubre, dos días después del colapso, Ramírez Palma, un inmigrante hondureño que no tenía autorización para quedarse en el país, fue arrestado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) mientras estaba en un viaje de pesca.

Durante el tiempo que pasó detenido por las autoridades migratorias, los investigadores federales que analizaban lo ocurrido en el sitio del proyecto hotelero de 85 millones de dólares, a tan solo unos pasos del Barrio Francés de la ciudad, lo entrevistaron en tres ocasiones.

Sin embargo, mientras una rama del gobierno federal buscaba su ayuda, otra se apresuraba a llevar a cabo su deportación, una decisión que, según funcionarios de Nueva Orleans, defensores de inmigración y abogados laborales, podría tener un efecto espantoso para los trabajadores inmigrantes que encuentran violaciones de seguridad, además de que podría obstaculizar la investigación sobre el colapso del Hotel Hard Rock.

“Nos debemos evitar que alcen la voz las víctimas y los testigos de catástrofes en el sector de la construcción”, comentaron mediante un comunicado esta semana Helena Moreno, presidenta del Ayuntamiento de Nueva Orleans, y Jason Williams, vicepresidente del organismo.

Un funcionario de ICE dijo que no había conexión entre la deportación de Ramírez Palma y su participación en la demanda o su papel como testigo en la investigación por parte de la Administración Ocupacional de Seguridad y Salud.

Tanto ICE como Mary Yanik, abogada del Centro para la Justicia Racial de los Trabajadores de Nueva Orleans, que ha estado trabajando en el caso de Ramírez Palma, confirmó su deportación el viernes.

“La deportación de Delmer Joel Ramírez Palma hace que todos nosotros estemos menos seguros”, señaló el centro de los trabajadores mediante un comunicado publicado el viernes por la noche. “La próxima vez que colapse un edificio, nos preguntaremos si pudo haberse evitado si nuestras agencias federales hubieran dado prioridad a las respuestas y la rendición de cuentas para los sobrevivientes del Hard Rock, nos preguntaremos también si son responsables los mismos agentes negligentes, y además nos preguntaremos si posibles denunciantes se quedaron callados porque vieron lo que sucedió con Joel”.

Ramírez Palma emigró de Honduras en 1999 y jamás regresó. No tenía autorización legal para trabajar en Estados Unidos, pero había pasado casi dos décadas en el negocio de la construcción en Nueva Orleans, dijeron sus abogados. Está casado y tiene un hijo de 10 años.

Un juez federal de inmigración ordenó su deportación en 2016, pero Ramírez Palma pudo quedarse porque mostró que su salida del país afectaría a un ciudadano estadounidense, su hijo. Su solicitud más reciente para obtener una extensión, presentada en agosto, fue negada esta semana antes del colapso parcial.

“Ramírez Palma es testigo material de una posible investigación judicial”, dijo Daryl A. Gray, socia en Wright Pichon & Gray, una firma en Nueva Orleans que representa a los trabajadores en la demanda. “Además, lo está deportando el mismo gobierno obligado a revelar las causas del derrumbe de este proyecto de construcción, debido al cual murieron y resultaron lesionados varias personas”.

Las indagaciones de seguridad generalmente toman por lo menos seis meses antes de que se emitan citatorios, y algunas investigaciones de denunciantes pueden durar años.

“En efecto, no es apropiado deportar a alguien que protagoniza el comienzo de una investigación de denunciantes, pues posiblemente sea muy difícil comunicarse con esa persona”, dijo Michael D. Felsen, que, antes de retirarse en 2018, fue abogado durante 39 años en la oficina del procurador del Departamento del Trabajo.

“Cuesta mucho trabajo obtener la verdad”, agregó. “Y a menudo la verdad no sale sino hasta que dos historias opuestas van a juicio y un juez se encarga de tomar una decisión”.

El denunciante y la división de respuesta de OSHA, una agencia del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, ha abierto una investigación con base en pruebas que compartió Ramírez Palma. Tomar represalias contra empleados por reclamar sus derechos según la ley federal del trabajo es ilegal, sin importar el estatus migratorio del trabajador.

Además, según un acuerdo de 2011 entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Trabajo, ICE no debe arrestar a trabajadores que estén involucrados en disputas que el Departamento del Trabajo esté investigando.

Casos como este no ocurren con frecuencia, dijeron los expertos, pero uno que data de 2017 obtuvo un resultado distinto. Un trabajador indocumentado en Boston, también hondureño, cayó de una escalera y se rompió la pierna. Mientras OSCHA comenzaba la investigación, el Departamento del Trabajo halló que la constructora trató de hacer que el trabajador fuera deportado.

El trabajador fue liberado de un centro de detención de ICE y ahora tiene autorización para trabajar legalmente. Un tribunal pronto dará un fallo del caso en contra de la constructora.

Ramírez Palma ha sufrido dolores de cabeza, inflamación de órganos internos, músculos desgarrados, dolor en la espalda alta y baja, y pérdida del conocimiento, dijeron sus abogados.

Tania Bueso, su esposa, dijo que otros trabajadores indocumentados a los que su esposo le había pedido que contactara ahora tenían miedo de colaborar con la investigación de OSHA.

“Solo quiero justicia para él y para todos los trabajadores que quieren respuestas sobre lo ocurrido en el Hotel Hard Rock”, comentó Bueso.

*Copyright: 2019 The New York Times Company