HOUSTON — Desde hace tiempo, Citgo ha sido un pilar de la industria petrolera estadounidense con tres refinerías importantes, 4500 gasolineras y un icónico anuncio que se erige imponente sobre el muro del jardín izquierdo del Fenway Park.
Ahora, la empresa podría ser dividida, una pérdida ocasionada por la agitación que se vive en Venezuela.
Al ser la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera estatal de ese país, Citgo ha sido objeto de una confabulación política internacional, de maniobras legales y el uso de prácticas financieras poco ortodoxas. A menos que la petrolera nacional de Venezuela haga un pago de 913 millones de dólares sobre sus bonos de 2020 a vencer el 28 de octubre, los acreedores y otros negocios que tienen reclamos en contra del gobierno socialista venezolano podrían hacer el intento de embargar a Citgo.
“Todo el mundo quiere los activos de Citgo porque es la única manera de que les paguen”, comentó Francisco Monaldi, investigador especializado en políticas energéticas de América Latina en la Universidad Rice.
La situación ocasionó el enfrentamiento de varios grupos y ha desatado una oleada de negociaciones. Los tenedores de bonos quieren una garantía de que les van a pagar. Citgo y Juan Guaidó, el líder de la oposición a quien Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos consideran como el jefe de Estado legítimo de Venezuela, quieren evitar una fragmentación de la empresa, y están instando al gobierno de Trump a que actúe en su nombre.
Varios legisladores republicanos están presionando al presidente Donald Trump con el fin de que evite la división de Citgo porque, según ellos, podría representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Los legisladores aseveran que Rosneft, un gigante petrolero que controla el gobierno ruso, podría adquirir algunas partes de Citgo porque sus acciones son garantía de un préstamo ruso a Venezuela. Sin embargo, los expertos creen que eso es improbable.
Citgo, valuada en más o menos 10.000 millones de dólares, es por mucho el activo más valioso de Venezuela en el extranjero. Desde hace mucho tiempo, ha sido la puerta para que el crudo pesado del país sudamericano ingrese en Estados Unidos que es, por mucho, su mercado más importante. Con una economía en crisis y una deuda estimada en 150.000 millones de dólares, Venezuela necesita desesperadamente a Citgo.
Sin embargo, por el momento, Citgo es un peón en una batalla entre el gobierno de Trump y el del presidente Nicolás Maduro, y sus principales aliados, Cuba y Rusia.
Desde enero, las sanciones estadounidenses en contra del gobierno de Maduro han bloqueado cargamentos de combustible entre Citgo y Venezuela. Además, la empresa ahora está bajo el control de una junta que nombró Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional, quien se declaró presidente interino con el argumento de que Maduro había ganado las elecciones presidenciales de 2018 gracias a un fraude.
Desde que la junta nombrada por Guaidó asumió el control, Citgo ha remplazado las importaciones de crudo desde Venezuela con petróleo de otros países latinoamericanos y africanos.
Maduro ha afirmado que las sanciones estadounidenses están diseñadas para robarle Citgo a Venezuela y que Guaidó es un títere del gobierno de Trump.
Debido a que ha tenido problemas para costear medicinas y alimentos importados, el gobierno de Maduro ha dejado de pagar la mayoría de sus deudas.
En un intento por proteger a Citgo de un desmembramiento, la junta que nombró Guaidó ya hizo un pequeño pago de las deudas que tiene la petrolera nacional.
“Se necesita a Citgo para apoyar la recuperación de Venezuela una vez que PDVSA esté bajo el control total de Guaidó”, comentó Lisa Viscidi, especialista en asuntos energéticos latinoamericanos de Diálogo Interamericano, un centro de investigación en Washington.
No obstante, en meses recientes, la posición de Guaidó se ha debilitado después de fracasar en varios intentos por sacar a Maduro del poder con manifestaciones masivas y llamados al Ejército para que lo removieran del cargo.
Guaidó no controla el flujo de efectivo que genera el país de las ventas del petróleo, por lo tanto no tiene el dinero para hacer el pago del 28 de octubre. Guaidó, ejecutivos de Citgo y varios miembros prominentes del Congreso han presionado al gobierno de Trump para que evite una fragmentación de la empresa, lo cual sería otro golpe para Guaidó y su autoproclamación como el presidente legítimo de Venezuela.
Algunos miembros de un comité de tenedores de bonos de Venezuela, encabezados por Greylock Capital Management y T. Rowe Price, les han propuesto al gobierno de Trump y a Guaidó que permitan a los acreedores prestar más dinero para impedir un incumplimiento. Los inversionistas no han definido la forma de ese préstamo, pero se supone que se sumaría a las deudas de PDVSA.
“Nadie quiere que haya un incumplimiento innecesario”, opinó Ajata Mediratta, socio gerente, presidente y gerente de cartera de Greylock. “Varios acreedores se han ofrecido explícitamente a ayudar al gobierno de Guaidó para que haga este pago. Pero, a cambio de este favor, los acreedores quieren que el gobierno de Guaidó les ayude a alentar al Tesoro de Estados Unidos a modificar las sanciones comerciales”.
El 17 de octubre, un vocero del Departamento del Tesoro se rehusó a dar comentarios.
El 15 de octubre, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, declaró que los bonos de 2020 no eran válidos porque ese organismo no los había aprobado. Los tenedores de bonos aseguran que ese argumento podría no tener validez en un tribunal estadounidense.
Para exacerbar el riesgo de Citgo, el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, en Filadelfia, dictaminó que Crystallex International, una minera canadiense que extrae oro, podría reclamar las acciones de Citgo. En 2011, el gobierno venezolano que en ese entonces era liderado por Hugo Chávez, nacionalizó la participación de Crystallex en un proyecto minero. El año pasado, el gobierno de Maduro le pagó a la empresa 500 millones de dólares de una deuda de 1400 millones de dólares, pero no cumplió con los pagos de los otros plazos que se habían acordado en un arbitraje.
Entre los potenciales demandantes se encuentra ConocoPhillips, una empresa petrolera que recibió más de 10.000 millones de dólares de tribunales internacionales por los proyectos venezolanos expropiados por Chávez, quien murió en 2013. Hasta ahora, la petrolera con sede en Houston no ha buscado adquirir Citgo, y ha intentado recibir su pago directamente por medio de un arbitraje con PDVSA y el gobierno venezolano.
Analistas financieros esperan que los tenedores de los bonos de PDVSA sean los primeros en recibir acciones de Citgo, pues los 3400 millones de dólares en bonos de 2020 están avalados por el 50,1 por ciento de las acciones de Citgo. Ashmore Group, una firma de inversiones de Londres que es el mayor tenedor de bonos, y otros acreedores podrían iniciar procesos legales para subastar Citgo al más alto postor con el fin de recuperar el dinero que les deben.
El 49,9 por ciento restante se ha usado para garantizar los préstamos que PDVSA ha recibido de Rosneft, la petrolera rusa que actualmente tiene actividades en los yacimientos petroleros de Venezuela.
*Copyright: 2019 The New York Times Company