Expertos piden que los laboratorios liberen las patentes de sus vacunas contra el COVID-19

“Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias”, fueron las palabras hace dos semanas de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai en el seno de la misma Organización Mundial del Comercio (OMC), fijando la posición de Estados Unidos y de su presidente Joe Biden para que las farmacéuticas liberen las patentes de sus vacunas contra el coronavirus.

El objetivo es proporcionar la mayor cantidad de vacunas seguras y eficaces al mayor número de personas lo más rápido posible”, insistió Tai, en un contexto de avance generalizado de la pandemia, especialmente en India y en Sudamérica.

El jueves pasado, las autoridades de China se han mostrado a favor de la propuesta realizada por la OMC sobre la exención de las reglas de propiedad intelectual relativas a las vacunas contra la COVID-19 y han propuesto pasar a la fase de consultas sobre la redacción de un acuerdo al respecto, apoyando la idea de suspender las patentes como “una decisión equitativa y eficaz con el fin de que todos los estados puedan vencer la pandemia lo antes posible”. La iniciativa de suspender las patentes fue impulsada por India y Sudáfrica en 2020. Desde entonces, ha recibido el apoyo de unos 60 países.

La mayor motivación de este pedido necesitado mundial es por ejemplo el dato de que los países ricos han acaparado una proporción abrumadora de las vacunas desde que comenzaron a producirlas y aplicarlas. Solo el 0,3 por ciento de las dosis de las vacunas administradas a nivel mundial han llegado a los 29 países pobres, donde habita aproximadamente el 9 por ciento de la población mundial.

Los fabricantes de vacunas sostienen que ya hay una solución disponible, puesto que están en proceso de ampliar mucho las líneas de producción y firmar contratos con sus contrapartes de todo el mundo con el fin de producir miles de millones de dosis más. De acuerdo con un funcionario estadounidense informado sobre el suministro global de vacunas, ahora, cada mes se producen de 400 a 500 millones de dosis de las vacunas de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson.

Sin embargo, el mundo está muy lejos de contar con suficientes vacunas. Los investigadores de la Universidad Duke calculan que se requieren cerca de 11.000 millones de vacunas para inmunizar al 70 por ciento de la población mundial, el umbral aproximado que se necesita para lograr la inmunidad comunitaria. Pero hasta ahora, solo se ha producido una pequeña parte de esa cantidad. Pese a que no es fácil medir la producción global, la empresa de estadísticas Airfinity calcula que, hasta el momento, el total es de 1700 millones de dosis.

La jefa de la OMC afirmó ayer que espera que los miembros del organismo alcancen antes de diciembre una solución “pragmática” sobre si aplicarán una exención a las patentes de las vacunas para el COVID-19. Ngozi Okonjo-Iweala dijo que ve “movimiento en ambas partes”, refiriéndose a quienes proponen una exención y quienes tienen objeciones, y que espera que se alcance un acuerdo marco sobre el tema de las exenciones, las transferencias de tecnología y un mejor acceso a las vacunas para países en desarrollo.

Diciembre es “un límite extremo” para tal acuerdo, sostuvo la directora general de la OMC en una sesión informativa con periodistas durante una visita a Italia, que este año preside el Grupo de los 20 economías industrializadas y en desarrollo. “Espero que haya un encuentro de puntos de vista sobre cómo los países en desarrollo puedan obtener un acceso más fácil a las vacunas, mayores volúmenes y más capacidad de fabricación”, dijo, enfatizando repetidamente la necesidad de “pragmatismo” en las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó la semana pasada un llamado de India y Sudáfrica para eximir a las vacunas para el COVID-19 de la protección de patentes, lo que enfureció a las compañías farmacéuticas y provocó la oposición de varios países europeos. Los expertos dicen que las exenciones podrían tardar años en negociarse y no abordarían la necesidad inmediata de fabricar más dosis rápidamente.

Okonjo-Iweala manifestó que entendía que los impulsores de la exención estaban preparando una propuesta revisada que esperaba se presente a la OMC “lo antes posible” para que a fines de mayo todas las partes se sienten a negociar. Es posible que quienes tienen dudas sobre la exención también estén preparando textos, agregó. Algunos expertos advierten que revocar las reglas de la propiedad intelectual podría desequilibrar la industria y desacelerar sus intentos de suministrar las vacunas; sería como reorganizar un departamento de bomberos en medio de un incendio. “Es necesario que aumenten la producción y que las abastezcan”, comentó Simon J. Evenett, especialista en comercio y desarrollo económico de la Universidad de San Galo en Suiza. “Tenemos una enorme producción por aumentar. No debe interponerse nada que la amenace”, agregó.

En esa línea de pensamiento, otros colegas señalan que la suspensión de las patentes no tendrá ningún efecto significativo a menos de que los fabricantes de las vacunas también compartan sus métodos de fabricación. Las suspensiones son parecidas a la publicación de una receta compleja; la transferencia tecnológica es como enviar a un maestro cocinero a la cocina de alguien para que le enseñe a elaborar un platillo. La única solución a corto plazo, dicen ellos y los líderes europeos, es que los países ricos —especialmente Estados Unidos— donen y exporten más de sus existencias al resto del mundo. La Unión Europea permitió la exportación de cientos de millones de dosis, tantas como las que mantiene en su país, mientras que Estados Unidos se aferró a su suministro.

Pero otros especialistas en salud sostienen que la única manera de evitar una catástrofe es obligar a las grandes farmacéuticas a que compartan sus secretos y a que incorporen a muchos más fabricantes para producir las vacunas. En vez del acuerdo existente —en el que las empresas farmacéuticas forman sociedades en sus propios términos al mismo tiempo que fijan los precios de sus vacunas—, los líderes del mundo podrían obligar a la industria a cooperar o convencerla de que lo haga con el fin de que otras compañías produzcan más dosis a precios que los países pobres puedan pagar.

Quienes se pronuncian en favor de esa medida, se han centrado en dos estrategias principales: liberar las patentes para que muchos más fabricantes copien las vacunas existentes y exigir que las empresas farmacéuticas transfieran su tecnología; es decir, que ayuden a otros fabricantes a que aprendan a replicar sus productos. “Nosotros, como países de ingresos altos, nos aseguramos de que el mercado fuera desigual”, dijo Mark Eccleston-Turner, experto en derecho internacional y enfermedades infecciosas de la Universidad de Keele, en Inglaterra. “El problema fundamental es que el sistema está roto, pero está roto a nuestro favor”.

Avril Benoît, directora de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Estados Unidos, aplaudió en un comunicado enviado a Efe la “valiente” decisión de EE.UU. en un momento “de necesidad sin precedentes”. Aunque Benoît reconoció que si bien “otros fabricantes tendrán la información -y el permiso legal- que necesitan de las empresas farmacéuticas para ayudar a aumentar el suministro mundial y poner más vacunas en los brazos de la gente de todo el mundo, esto no ocurrirá de inmediato”. Actualmente Estados Unidos tiene millones de dosis almacenadas de la vacuna de AstraZeneca, que no ha recibido aprobación por sus autoridades.

“Si los Estados Unidos quieren realmente acabar con esta pandemia, también deben compartir sus dosis de vacunas excedentes ahora con Covax (el mecanismo global lanzado por al Organización Mundial de la Salud) y llenar el vacío de acceso hasta que otros fabricantes estén en disposición de aumentar la producción”, recalcó Benoît.

Guerra de farmacéuticas

El sorprendente apoyo del presidente de EE.UU., Joe Biden, a una suspensión de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, ha puesto en pie de guerra a las farmacéuticas, que han criticado este jueves la iniciativa por considerar que daña la innovación y no supone una solución en la lucha actual contra la pandemia.

El grupo de Investigadores y Manufactureros Farmacéuticos de EE.UU. (PhRMA), asociación que engloba fabricantes como AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson -fabricantes de vacunas contra la COVID-19- advirtió que la propuesta “debilitará aún más las cadenas de suministro y alimentará la proliferación de vacunas falsificadas”. Así lo apuntó en un comunicado el presidente de esta organización, Stephen Ubl, quien advirtió, además, que esta iniciativa “sembrará confusión entre los socios públicos y privados”. Y el diario The Wall Street Journal, referencia en el mundo empresarial, publicó este jueves un duro editorial titulado “El robo de las patentes de vacunas de Biden” en el que se pregunta: “¿Quién invertirá en terapias en el futuro cuando la Casa Blanca ayuda a otros Gobiernos a robar?”.

Para remarcar la complejidad del proceso de producción, Pfizer ha señalado que su vacuna, desarrollada con el laboratorio alemán BioNTech, requiere 280 componentes de 89 suministradores diferentes ubicados en 19 países.

El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, dijo esta semana a la CNBC que la propuesta que tiene que discutirse en la Organización Mundial de Comercio “no tiene ningún sentido” ni tampoco hará “nada” por facilitar la manufactura de las vacunas en países en desarrollo que “carecen de la infraestructura necesaria”. Además criticó lo que esto desincentivaría a la industria ante futuras pandemias.

Caso aparte es Moderna, que aseguró que su negocio no se verá afectado por una posible suspensión de las patentes, aunque como las otras farmacéuticas duda de que la medida pueda ayudar a mejorar el suministro de dosis. “Creo que no cambia nada para Moderna”, dijo el consejero delegado de la firma, Stéphane Bancel, quien recordó que su empresa ya dijo el pasado octubre que no va a forzar a que se respeten sus patentes relacionadas con la covid-19 durante la pandemia. La India y Sudáfrica, apoyados por decenas de naciones en desarrollo, llevan desde octubre del año pasado pidiendo a la OMC que suspenda las patentes de vacunas, tests y tratamientos contra la covid-19 con el fin de que puedan producirse en otros países.

Hasta ahora, EE.UU. y otros productores de esos fármacos, como la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Suiza, se habían opuesto a la suspensión de patentes, al alegar que la propiedad intelectual funciona como incentivo para el desarrollo de vacunas y otros productos contra esta y futuras pandemias. Biden cumplió finalmente con su promesa de campaña de dar su respaldo a la propuesta de retirar las patentes, pero solo lo ha hecho cuando el país ya ha administrado más de 250 millones de dosis (lo que supone que el 45% de su población tiene al menos una) y prevé tener vacunada al 70 % de la población en julio.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés), aprobó la primera terapia farmacológica potente contra el VIH en 1995, lo que provocó un descenso de las muertes en Estados Unidos y Europa, donde la gente podía permitirse la terapia. Pero las muertes en África subsahariana y en Asia siguieron en aumento.

En 2001, la OMC dictaminó que los países podían permitir a las empresas locales romper las patentes para uso doméstico en caso de necesidad urgente. Esta norma sigue vigente. Pero sin la transferencia de tecnología, pocos fabricantes locales de medicamentos podrían reproducir rápidamente las vacunas.

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