En Italia, organizaciones sociales gestionan tierras confiscadas a la mafia y hacen vino y aceite de oliva, entre otros productos

A un pequeño pueblo del sur de Italia llega una muestra itinerante con importantes obras de artistas célebres. Es una oportunidad única, porque en el pueblo no hay museo y las gloriosas Galleria degli Uffizi de Florencia o Borghese de Roma quedan a kilómetros de distancia. Pero esa no es la única particularidad que tiene la exposición: en el acceso hay una placa que explica que esos cuadros fueron confiscados a una organización mafiosa que los tenía guardados en un piso del barrio latino de París.

La iniciativa responde a las acciones de la Agencia de Administración y Destinación de los Bienes Secuestrados y Confiscados a la Criminalidad Organizada, dependiente del Ministerio del Interior de Italia, creada en 2010. Encabezado por la directora general Mariarosa Turchi, el organismo se ocupa del cuidado y la reutilización de los bienes confiscados al crimen organizado, y privilegia el reúso social de los bienes por sobre la venta, así retornan a la misma comunidad que fue dañada por el crimen organizado.

Hasta la fecha, más de 20.000 bienes que se le quitaron a la mafia italiana han sido puestos al servicio de la comunidad. Propiedades, campos, vehículos, maquinaria agrícola y obras de arte, entre muchos otros, son gestionados por organizaciones de la sociedad civil, que los destinan a su vez a cooperativas y a emprendimientos con contenido social.

Además de garantizar que el uso y los beneficios vuelvan a la comunidad, es requisito que los productos y las acciones que resulten de esa gestión exhiban los datos exactos sobre su origen, la organización criminal que se combatió, el lugar donde operaba y la fecha en que se desarrolló el proceso judicial.

En algunos casos, los destinatarios de los bienes son, directamente, víctimas del accionar delictivo de la mafia. En otros, se trata de establecimientos comerciales o productivos que hoy son gestionados por los antiguos trabajadores, lo que implica para ellos un proceso de capacitación y adaptación a la nueva realidad, que acompaña la Agencia.

En Alto Belice Corleonese, Sicilia, funciona la Cooperativa La Placido Rizzotto Libera Terra, que produce bienes de su tierra cultivable, bodega y olivares y recibe turistas en una finca dedicada al agroturismo de 250 hectáreas que el Gobierno le confiscó a la mafia.

Creada en 2001, la siciliana fue la primera de las nueve cooperativas de Libera Terra, que integra la red italiana antimafia más antigua y extensa del mundo: Libera, Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie (Asociaciones, Nombres y Números contra las Mafias), liderada por el sacerdote Luigi Ciotti.

Libera Terra reúne cooperativas sociales que gestionan instalaciones productivas y cientos de hectáreas de tierra que fueron quitadas a las mafias en Sicilia, Puglia, Calabria y Campania. Producen pastas, legumbres, aceite de oliva virgen extra, miel, conservas dulces y saladas, mozzarella de búfala y limoncello.

Las características de la zona han llevado a que muchos de estos emprendimientos se hayan afianzado en la producción de vinos de alta calidad, algunos de los cuales llevan en sus etiquetas, además de la información de origen, los nombres de víctimas del crimen organizado.

La gran diversidad de ámbitos en los que se mueven las organizaciones mafiosas se refleja en la variedad de actividades que se desarrollan con los bienes confiscados, que la Agencia monitorea de forma permanente y publica en detalle en su sitio web.

A comienzos de este año, la policía italiana confiscó bienes por un valor de más de 800 millones de euros pertenecientes a los hermanos Franco, Pasqualino y Marcelo Perri, acusados de tener vínculos con la mafia calabresa, la N’drangheta, la más poderosa desde que se desarticularon la Cosa Nostra siciliana y la Camorra napolitana. Empresas, supermercados, un importante centro comercial, dos mansiones, cuentas corrientes y vehículos de lujo, entre ellos una Ferrari, figuran en la lista. Se considera uno de los operativos más grandes realizados en Calabria en los últimos años.

Si bien existen agencias de administración de bienes confiscados en otros países, como Rumania o Irlanda, no todas funcionan con la perspectiva de reutilización social que tiene el modelo italiano.

Antes de la asunción de Gustavo Petro, en Colombia existía la Sociedad de Activos Especiales, que se ocupaba de gestionar las incautaciones, sobre todo de campos utilizados por redes de narcotráfico. Quien era su titular, que actualmente está siendo investigado por corrupción, solía describir al organismo como “el holding inmobiliario más importante del país”. Con la nueva administración, el tema se incluyó en los acuerdos de paz. En ese marco, el presidente Petro entregó recientemente 200 mil hectáreas a organizaciones campesinas.

En los últimos días de octubre, se desarrolló en Palermo la Convención Internacional contra el Crimen Organizado (Cross). Participaron representantes de organizaciones de varios países del mundo interesadas en replicar la experiencia italiana. El encuentro se realizó en un hotel que fue confiscado a la Cosa Nostra y que hoy es gestionado por los antiguos trabajadores.

Allí se compartieron experiencias internacionales sobre la reutilización social de los bienes cautelados y decomisados a las organizaciones criminales. Hubo paneles y difusión sobre los distintos programas y proyectos que se desarrollan en África, América y Europa. Libera tiene filiales en Gran Bretaña, Francia, Albania, Colombia y México.

En representación de la Argentina, participó de la Cross Lucas Manjón titular de Libera Argentina, quien contó el caso de la colección de arte: “A un miembro de la N’drangheta se le confiscó un piso en el barrio latino de París, donde había cuadros de pintores italianos famosos. En ese piso, la Agencia italiana armó un refugio para víctimas de trata. Y con las obras armó una muestra itinerante que recorre el sur del país, donde no hay grandes museos como en el norte”. La muestra lleva por título “La victoria del Estado”.

En la Argentina, se estima que los bienes decomisados por la Justicia alcanzan los 50 billones de pesos en dinero, inmuebles, talleres textiles clandestinos, campos y vehículos, entre otros orígenes. Solo en vehículos de todo tipo ―incluida maquinaria agrícola, por ejemplo―, entre 2014 y 2021 la Justicia federal secuestró un valor estimado en 25 mil millones de pesos.

“Hoy todo se rige por una ley de 1974 de bienes secuestrados. Se guardan y a los seis meses se deberían vender. El problema es que, por ejemplo, un auto que queda guardado en un depósito, a los seis meses ya no sirve”, explica Manjón, impulsor de un proyecto de ley para que se regule y protocolice el reúso de bienes confiscados al crimen organizado.

En el mundo, los procesos judiciales relacionados con este tipo de delitos tardan un promedio de 8 años. “Entonces no sirve esperar una sentencia firme ―detalla―. La idea es usar los bienes cautelados cuando hay sentencia de Cámara, que todavía sirven. Y no sería una extinción de dominio sino que se trataría de cuidar los bienes usándolos, administrándolos eficientemente”.

Manjón menciona algunos casos reales, como el de un juez que secuestró un cargamento de granos que terminó pudriéndose, o tres contenedores llenos de ropa decomisados al contrabando que fueron destruidos. “Hay autos de alta gama que no se usan pero deben mantenerse, un estacionamiento de cinco pisos en el microcentro porteño que está vacío y más de treinta inmuebles sin uso en la Ciudad de Buenos Aires”, ejemplifica.

En este contexto, se está trabajando en un proyecto para crear una agencia similar a la italiana a través de una ley nacional de reutilización de bienes del delito que establezca pautas y protocolos para la gestión transparente y eficaz de esos bienes en favor de las víctimas directas. Sería una agencia dependiente del Poder Ejecutivo con control parlamentario, encabezada por un directorio integrado por representantes legislativos y de organizaciones de la sociedad civil. También con un vocal del Poder Judicial y uno del Ministerio Público, pero solo como observadores, ya que no estarán habilitados a participar de un organismo del Ejecutivo.

Todo lo que administraría esa agencia se publicaría en la web para que se pudiera ver quién usa cada bien y para qué. “Los bienes seguirían siendo del Estado. Se entregarían en comodato de uso por 99 años. Y si se desvirtuara el destino, se le darían a otra organización”, aclara Manjón.

El texto propuesto para la nueva ley ya fue presentado a asociaciones de jueces y magistrados y por estos días recorre despachos de diputados y diputadas nacionales. Manjón espera que se pueda presentar antes de fin de año o a principios de 2023, “para evitar la temporada electoral”.

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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.