El próximo miércoles 9 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema abordará el caso del expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano (PNP) en un debate público sobre si los aportes irregulares o clandestinos a las campañas electorales pueden considerarse delito de lavado de activos.
La definición de este asunto resulta crucial para la continuidad de los juicios por aportes fraudulentos de campaña electoral, pues tendrá incidencia en otros procesos como el de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.
La defensa de todos ellos aguardan la decisión de los magistrados en una sesión en la que asistirán representantes de Fiscalía, Procuraduría y abogados de Humala, la exprimera dama Nadine Heredia y el PNP.
Para los implicados, los aportes no configuran lavado de activos, pues el presunto dinero de dudosa procedencia se gasta durante la campaña.
La Fiscalía, en cambio, considera que este delito se produce al ocultar a los electores y los órganos electorales la procedencia de los fondos que se utilizan para financiar la campaña política.
El matrimonio Humala-Heredia es investigado por recibir, en 2006, presunto dinero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez extraído ilegalmente del tesoro público de dicho país por medio de la empresa Inversiones KA.
Según la tesis fiscal, la expareja presidencial habría recibido US$ 400.000 de las empresas Odebrecht y OAS para solventar su campaña electoral en 2011. Además, habría destinado parte del dinero recibido al financiamiento de la campaña electoral del Partido Nacionalista.
El escándalo de sobornos de Odebrecht salpicó en Perú a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1995-2000, 2006-2011) y Kuczynski, además de una serie de funcionarios, autoridades locales y candidatos presidenciales como Keiko Fujimori, todos procesados.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha comunicado, además, que el próximo miércoles 2 de noviembre realizará una audiencia de casación interpuesta contra Heredia, para quien el Ministerio Público solicita 26 años de prisión, seis más de los que el organismo pide para su esposo.
Para la Procuraduría de Lavado de Activos, se debe fijar en 20 millones de soles la reparación solidaria contra Humala y Heredia.
En este juicio por lavado de activos se encuentran involucrados Ilán Heredia Alarcón (hermano de Nadine Heredia Alarcón), Rocío del Carmen Calderón Vinatea (exfuncionaria del OSCE), Antonia Alarcón Cubas (madre de Nadine Heredia) y Mario Torres Aliaga (tesorero del Partido Nacionalista).
También están implicados Martín Belaunde Lossio (exasesor de Ollanta Humala), Maribel Amelita Vela Arévalo, Eladio Mego Guevara, Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez (pareja de la madre de Nadine) y el excongresista Santiago Gastañadui.
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