Nuevos cuestionamientos pesan sobre los hombros de la ex congresista aprista Luciana León. Como parte de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, se consiguieron registros de conversaciones virtuales (chats) entre la exparlamentaria y diversas figuras. Aquellas entre León y su entonces pareja, Augusto Labarthe, han llamado la atención por los términos que utilizan para referirse a grandes sumas de dinero y las coordinaciones para la entrega y depósito de este.
La conversación del 5 de septiembre del 2017 inicia con el pedido de Luciana León de una cuenta bancaria en dólares para recibir un depósito de US $5,000. “Tu sabes del tema”, escribe inmediatamente para luego consultar si una persona identificada como Nuria sería capaz de hacer el mencionado favor. “Le digo a la chata”, responde Labarthe.
Días después, el 21 de setiembre del mismo año, León vuelve a escribir a su prometido diciendo: “Betsy me cuenta ya depositaron en la cuenta de la chaparra”, siendo esta la primera vez que el apodo aparece entre las conversaciones obtenidas por la fiscalía. Poco después, Augusto Labarthe escribe “¿5 chapitas?”, usando un término que refiere al monto antes mencionado e inmediatamente después recomienda a su pareja borrar la conversación.
“Cuando hablamos de depósito, chapitas o por decir algún tipo de monto de dinero irregular, hablamos de una presunción de actos de corrupción, de pagos de coimas en realidad. Cualquier acto de pago de coimas a un funcionario público, definitivamente podría dar lugar a un acto de cohecho que en términos sencillos es un delito de corrupción de funcionarios”, señaló la abogada penalista Romy Chang a Latina.
LAS HUELLAS DEL DINERO
Poco antes de contraer matrimonio, Luciana León le escribe a su prometido para comentarle que se encuentra con “Villacorta, el viejo” quien le habría entregado un sobre con S/ 15,000. “¿Misio no?¿Pido más?”, escribe poco después la política aprista para recibir una respuesta afirmativa de Labarthe.
De esta conversación, llama la atención la mención a bebidas alcohólicas. “Me va a dar dos cajas de whisky de 18″, señala León, pero su pareja recomienda que mejor pida champagne. La emoción por esta posible entrega queda registrada en el chat difundido, pero la alegría parece aumentar cuando Luciana León confirma que al regresar de viaje, “Villacorta, el viejo” les entregará más dinero.
El 3 de octubre, “La chata” vuelve a ser parte de la conversación de la pareja para que esta reciba un sobre y se lo entregue “al chaleco”. Cuando se confirma que ya ha recibido el dinero, León pide información sobre los siguientes pasos a seguir. Su pareja le informa que debe entregarla en una tienda cerca a un gimnasio ubicado en Miraflores. La ex congresista menciona a Alejandro Vega como la persona que acudirá para que luego su pareja señale que Nuria San Román sería la mencionada “chata”.
Dos semanas después, por tercera vez Luciana León pregunta a su esposo si puede utilizar la cuenta de “la chata” para depositar “5 o 10″ a lo que Labarthe le pregunta si se trata de “cholas”, término de connotación discriminatoria que refiere a la moneda nacional. Sin embargo, León señala que se trata de dólares.
Augusto Labarthe muestra preocupación por el nuevo requerimiento de Luciana León y le consulta el motivo por el cual prefiere una transferencia. “El que lo hace deja huella”, escribió. “Yo creo que ese es un indicio de otro delito que también es bastante grave que es el lavado de activos. Este busca ocultar el origen ilegal de un monto de dinero. No busca que nadie se de cuenta de dónde viene porque no tiene un respaldo económico legal; por ejemplo, dinero que recibo producto de una coima no puedo ir y meter al banco porque si lo hago lo primero que me van a preguntar es de dónde viene el dinero”, señaló la abogada Chang.
Tras la información recopilada por la fiscalía, Luciana León estaría comprometida en los delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. Sin embargo, en su calidad de exparlamentaria, cuenta con una inmunidad hasta cinco años después de haber culminado sus labores como congresista. Dependerá del Congreso si permite que la justicia la procese.
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