Una operación policial llevada a cabo por la Policía Estatal de Sicilia en la ciudad de Trapani, Italia, en la costa oeste de la isla, destapó un sistema ilegal y sistemático de corrupción, manipulación de entierros y profanación de cadáveres que afecta a los servicios del cementerio municipal.
Según un comunicado oficial difundido el último lunes, se ejecutaron cinco medidas cautelares, entre ellas el arresto del ex sepulturero municipal y de uno de sus asistentes, mientras se investiga a otras 18 personas vinculadas a las prácticas ilícitas.
La investigación, que comenzó en 2023, condujo también a la inhabilitación de tres funerarias locales, implicadas en el esquema, de acuerdo con información de The Guardian.
Las medidas fueron acompañadas por registros domiciliarios y la incautación de documentación relacionada con los servicios funerarios, revelando un entramado de favores, pagos ilegales y prácticas sistemáticas de exclusión a la empresa oficial que tenía la concesión del servicio.
Redada en el cementerio de Trapani
El operativo se centró en desmantelar un sistema de gestión paralela que, durante años, habría operado en el interior del cementerio de Trapani.
Según fuentes de la Policía Móvil de Trapani, el ex sepulturero lideraba una red con acceso total a los procedimientos funerarios, que controlaba con absoluta discrecionalidad. La injerencia no se limitaba a la programación de entierros, sino que incluía decisiones sobre exhumaciones, traslados de cuerpos y asignación de nichos funerarios, informó la policía en un comunicado.
Los agentes documentaron 25 episodios sospechosos, entre ellos 10 casos de corrupción directa, en los que particulares habrían pagado al sepulturero a cambio de un trato preferente para enterrar rápidamente a sus familiares fallecidos.
Uno de los métodos más habituales para acceder al sistema ilegal consistía en abonar en efectivo una suma de dinero conocida localmente como “café para el sepulturero”, un eufemismo para sobornos pagados con el fin de evitar las largas demoras habituales.
Las prácticas de corrupción estaban tan extendidas que muchas familias entendían este pago no oficial como único modo de garantizar que el entierro se llevara a cabo sin dilaciones.
El ex empleado municipal, además, habría intervenido activamente para entorpecer las operaciones de la empresa contratada por el municipio, y en su lugar, favorecía a tres funerarias específicas, a las que dirigía los servicios a cambio de una comisión sobre las ganancias generadas.
Exhumaciones fraudulentas y venta de nichos municipales
Las pesquisas revelaron que el sepulturero no sólo agilizaba entierros ilegales, sino que también realizaba exhumaciones extraordinarias sin autorización, valiéndose de certificados médicos alterados. En varias ocasiones, los nichos liberados eran revendidos a nuevas familias, lo que generó una situación de gran indignación entre los habitantes.
Un informe citado por CBS News en febrero de 2024 detalló el caso de una familia que, al visitar el lugar de entierro de su pariente, descubrió que el nicho había sido reasignado a otro nombre. El cuerpo fue localizado posteriormente en una bolsa, junto con otros restos, en una parte distinta del cementerio.
La implicación de un médico forense
Las autoridades confirmaron que uno de los cómplices clave era un médico forense de la Agencia de Servicios de Salud (ASP) de Trapani.
Según la Policía Estatal, el profesional firmó certificados falsos de descomposición de cadáveres o directamente omitió los informes requeridos por ley, con el fin de permitir que los nichos fueran vaciados antes del tiempo legalmente estipulado.
Este apoyo médico permitió al sepulturero ofrecer los nichos a nuevos clientes, quienes accedían a ellos sin conocer que su uso anterior había sido interrumpido de forma ilícita.
Robo de objetos, flores y obras ilegales
Además de las irregularidades en los entierros, el ex trabajador está acusado de robar joyas y otros objetos de valor de los cuerpos.
La policía, según informó The Guardian en su artículo, sospecha que estas pertenencias eran extraídas antes de los entierros y utilizadas para fines personales.
Otro aspecto del negocio ilegal incluía la colaboración con floristas locales, a quienes informaba sobre flores frescas recién colocadas en las tumbas. Estas eran luego retiradas por los comerciantes y revendidas.
También ofrecía obras de albañilería dentro de capillas privadas, empleando mano de obra no declarada y sin permisos municipales, a cambio de evitar el pago de impuestos locales por parte de los propietarios.
Alcance del escándalo y cifras de la investigación
De acuerdo con los datos recopilados por la policía, 25 casos están plenamente documentados, de los cuales 10 implican acuerdos directos con ciudadanos que pagaron sobornos. En al menos otros tres casos, las familias fueron inducidas a pagar para acceder con prioridad a los servicios funerarios.
La investigación continúa y se centra en esclarecer el destino de los cuerpos exhumados ilegalmente, muchos de los cuales no fueron registrados ni reubicados conforme al protocolo sanitario.
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