En una tranquila sala de maternidad en Noruega en febrero de 1965, Karen Rafteseth Dokken vivió lo que creyó el nacimiento de su primera hija. Una semana después de dar a luz, salió del hospital con la pequeña Mona, completamente convencida de que llevaba en brazos a su bebé biológico.
Con el tiempo, algunos rasgos físicos de la niña, como sus rizos oscuros, generaron pequeñas dudas, aunque Karen asumió que estas diferencias simplemente venían de la familia de su esposo.
La vida transcurrió sin mayor inquietud, hasta que décadas después se descubriría la verdad: la pequeña que crio no era su hija biológica.
Ahora, casi 60 años después, Karen, Mona y Linda Risvik Gotaas (la otra bebé implicada, y la verdadera hija de Karen pero criada por otra familia), iniciaron una demanda contra el estado de Noruega y el municipio de Herøy en el Tribunal de Distrito de Oslo. Según informó la agencia de noticias AP, habían nacido una el 14 y otra el 15 de febrero.
En el centro de su denuncia está la violación de su derecho a una vida familiar. Afirman que, cuando las autoridades descubrieron el error, en los años 80, optaron por ocultarlo. La decisión, según la acusación, privó a cada una de ellas de conocer a su verdadera familia biológica, además de haber afectado sus vidas y su identidad.
“Fue absolutamente increíble, nunca se me había pasado por la cabeza que Mona no fuera mi hija. Por supuesto, fue muy estresante”, aseguró Karen ante el tribunal, según el medio noruego VG. “Se llamó Mona en honor a mi madre”, agregó, según AP.
Impacto en las vidas de las mujeres
Para Mona y Linda, el descubrimiento del intercambio trajo respuestas, pero también despertó sentimientos de pérdida y desconexión difíciles de procesar. Mona relató ante el tribunal que, desde pequeña, había sentido que no encajaba completamente con su familia y, en su adolescencia, incluso llegó a preguntar si era adoptada.
Esa incertidumbre la acompañó durante gran parte de su vida, hasta que en 2021 decidió someterse a una prueba de ADN, que confirmó finalmente que no tenía parentesco biológico con Karen ni con su esposo.
Saber la verdad, después de más de medio siglo, fue para Mona un alivio y un choque a la vez, pues explicó que el hallazgo le ayudó a entender por qué siempre había sentido una sutil sensación de desarraigo.
Por su parte, Linda expresó ante el tribunal que desearía haber sabido del intercambio mucho antes, según NRK. Su vida también estuvo marcada por una desconexión inexplicable, tanto en su apariencia física como en su manera de ser, lo que la hacía sentirse ajena a quienes la rodeaban.
Linda lamenta que el ocultamiento de la verdad por parte de las autoridades le haya impedido conocer a su madre biológica en un momento más temprano de su vida, cuando ambas hubieran tenido la oportunidad de desarrollar una relación desde una base más temprana y natural.
Encubrimiento de las autoridades
El intercambio de los bebés permaneció desconocido hasta que un evento inesperado en 1981 levantó las primeras sospechas. Linda tenía entonces 16 años y estaba a punto de mudarse con su familia a Tanzania. Antes del viaje, un análisis de sangre rutinario reveló que Linda no compartía parentesco biológico con la madre que la había criado, según informó en un artículo VG.
Ante esta inesperada revelación, la mujer acudió a las autoridades locales para obtener respuestas, pero rápidamente se encontró con obstáculos. En 1985, luego de varios años de correspondencia y gestiones administrativas, las autoridades de salud noruegas confirmaron el error, pero decidieron mantenerlo en secreto, afirmó NKR.
La Dirección de Salud respondió a la madre de Linda asegurando que no existían indicios de que las personas implicadas vivieran en condiciones insatisfactorias y le sugirieron que dejara el asunto en paz. A pesar de las pruebas, ni Mona, ni Karen ni sus familias fueron notificadas.
La postura del Estado y el municipio
En el juicio, los representantes del estado y del municipio rechazaron la responsabilidad en el intercambio de los bebés y en el ocultamiento de los hechos. Alegaron que el hospital donde ocurrió el error en 1965 era una institución privada y que el personal de salud pública no tenía autoridad para intervenir.
Asgeir Nygaard, abogado del Estado, presentó ante el tribunal una declaración en la que explicó que los funcionarios públicos en esa época enfrentaron dificultades para evaluar el caso debido a la ambigüedad legal en torno a sus responsabilidades.
“La documentación de esa época indica que los funcionarios del gobierno encontraron difícil la evaluación, entre otras cosas porque no estaba claro legalmente qué podían hacer”, declaró a AP antes de la apertura del juicio.
Luego, agregó: “Por lo tanto, en el tribunal argumentaremos que no hay base para la compensación y que las reclamaciones que se están haciendo en cualquier caso están prescritas”.