Marsella fue el último verano boreal uno de los destinos turísticos más populares de Francia, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo. Sin embargo, el encanto de sus calles y su costa mediterránea ha traído consigo un desafío creciente: el exceso de turismo y su impacto en la vida diaria de los residentes. Para hacer frente a esta situación, el alcalde de la ciudad, Benoît Payan, ha decidido tomar medidas drásticas para limitar el número de propiedades disponibles en plataformas de alquiler vacacional como Airbnb. Su objetivo es claro: proteger a los marselleses de los efectos adversos del turismo masivo.
Payan ha lanzado una propuesta ambiciosa que busca soportar las normativas sobre los alquileres vacacionales a corto plazo, convirtiendo a Marsella en la ciudad con las normas más estrictas de Francia en este ámbito. Este movimiento es una respuesta directa a la creciente preocupación de que el aumento de plataformas como Airbnb esté reduciendo la disponibilidad de viviendas para los residentes locales, disparando los precios y haciendo más difícil encontrar alquileres a largo plazo. Según el alcalde, esta situación está permitiendo que algunos propietarios “lucren a costa de los marselleses”, sacrificando la calidad de vida en la ciudad.
Para afrontar el problema del acceso a la vivienda en Marsella, el alcalde Benoît Payan ha propuesto una medida que busca limitar la oferta de alquileres vacacionales a corto plazo a través de una estrategia inédita. Payan plantea que los propietarios que deseen alquilar sus propiedades en plataformas como Airbnb deberán adquirir una segunda vivienda y ponerla en el mercado de alquiler a largo plazo. Esta política, según el alcalde, es un esfuerzo para garantizar que los residentes de Marsella no se vean desplazados por el turismo y puedan seguir accediendo a viviendas a precios razonables.
La propuesta, que ha generado gran atención mediática, se basa en la idea de que quienes se benefician del turismo deben también contribuir a la estabilidad del mercado inmobiliario local. Payan habló con Euronews y se refirió a esto: “Voy a obligar a todo aquel que quiera alquilar una propiedad en Airbnb a comprar un apartamento y ponerlo en alquiler a largo plazo”. La intención detrás de esta norma es disuadir a los propietarios de invertir exclusivamente en alquileres vacacionales, buscando restablecer un equilibrio entre el mercado turístico y el de vivienda permanente para los marselleses.
Desde que Benoît Payan asumió el cargo de alcalde en 2020, Marsella ha experimentado un cambio radical en la gestión de las autorizaciones para alquilar segundas viviendas. En un esfuerzo por reducir el número de propiedades destinadas al alquiler vacacional, Payan implementó medidas más estrictas que han reducido drásticamente la tasa de aprobación de estas solicitudes. Antes de su llegada, aproximadamente un 82% de las solicitudes fueron aprobadas, lo que permitió que muchas segundas residencias se alquilaran a turistas. Sin embargo, en la actualidad, esa cifra ha bajado de forma contundente a tan solo un 4%.
Este cambio refleja la determinación del alcalde de proteger el mercado de la vivienda para los residentes permanentes, quienes a menudo se ven perjudicados por el aumento de precios y la escasez de propiedades disponibles para alquiler a largo plazo. Payan ha dejado claro que está dispuesto a utilizar todas las herramientas legales a su disposición para lograr este objetivo y frenar el crecimiento descontrolado de los alquileres vacacionales.
La preocupación por el impacto del exceso de turismo no es exclusiva de Marsella. En toda Francia, el aumento de los alquileres vacacionales ha generado tensiones en los mercados inmobiliarios locales, especialmente en ciudades turísticas donde los residentes permanentes luchan por encontrar vivienda asequible. Como respuesta a esta situación, el país ha implementado una serie de regulaciones estrictas para los alquileres a corto plazo, permitiendo que las autoridades locales, como en el caso de Marsella, establezcan normas aún más severas si lo consideran necesario.
París, otra de las grandes ciudades francesas afectadas por el turismo masivo, ha liderado el camino en la lucha contra el descontrol de plataformas como Airbnb. En un movimiento sin precedentes, la capital francesa logró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallara a su favor, estableciendo que cualquier alquiler a corto plazo debe contar con una autorización local. En la actualidad, París ha prohibido el alquiler de segundas residencias y ha impuesto límites estrictos sobre el número de días en que se puede alquilar una vivienda principal. Estos esfuerzos están diseñados para mitigar el impacto negativo del turismo excesivo en la oferta de viviendas, asegurando que los residentes locales no sean desplazados por la demanda turística.
Marsella, siguiendo el ejemplo de París, ha adoptado medidas similares y ha comenzado a aplicar sus propias normativas estrictas, con el objetivo de proteger a sus ciudadanos y preservar el equilibrio en el mercado de vivienda.
Tanto Marsella como París han tomado medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las normativas sobre los alquileres vacacionales ilegales, creando sus propias “Brigadas Airbnb”. Estos equipos especiales están dedicados a localizar y sancionar los anuncios de alquiler que no cumplan con las leyes locales. En Marsella, esta brigada se ha convertido en una herramienta clave en la estrategia del alcalde Benoît Payan para frenar el impacto del turismo excesivo en el mercado inmobiliario.
Estas brigadas no solo buscan anuncios que exceden el límite de días permitidos para alquilar o que no tienen las autorizaciones correspondientes, sino que también persiguen a aquellos propietarios que buscan evitar las restricciones establecidas por el gobierno local. En París, la “Brigada Airbnb” ha logrado un éxito considerable, siendo uno de los principales mecanismos que ha permitido a la ciudad controlar y reducir el número de alquileres ilegales, sirviendo como ejemplo para otras ciudades francesas y europeas que enfrentan problemas similares.
La creación de estas brigadas demuestra el compromiso de las autoridades locales para regular de manera efectiva el impacto del exceso de turismo y preservar las comunidades residenciales, garantizando que los beneficios del turismo no se obtendrán a gastos de los ciudadanos que viven permanentemente en estas ciudades.