La violencia despiadada de las bandas narco llegó a Europa: asesinatos, torturas y secuestros siembran el caos en los países “más seguros del mundo”

En las últimas décadas, Europa occidental ha sido vista como una región de paz y seguridad, con sociedades que gozaban de una estabilidad y bienestar envidiables. Sin embargo, este panorama cambió drásticamente en los últimos años, especialmente en países como Suecia, Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos.

La Policía Europea (Europol) advirtió que la violencia relacionada con el mercado de drogas ha alcanzado niveles sin precedentes en varias partes del continente, con casos de asesinatos, torturas, secuestros e intimidaciones cada vez más frecuentes.

La violencia desatada por bandas criminales, especialmente aquellas involucradas en el narcotráfico, sacudió la tranquilidad de estas naciones y dejó a su paso un rastro de miedo e inseguridad. Un ejemplo claro de esta transformación es Suecia, que ahora ostenta la tasa más alta de homicidios por armas de fuego en Europa. En un giro alarmante, reveló DPA, el ejército sueco se ha visto obligado a colaborar con la policía para controlar la situación en las calles, una medida impensable hace solo unos años.

En Dinamarca, informa AFP, la situación en la comuna de Christiania ilustra cómo la violencia invadió incluso los espacios más insospechados. Este famoso mercado de cannabis al aire libre, que por mucho tiempo fue un símbolo de tolerancia y autogestión, tuvo que cerrar debido a la toma de control por parte de violentas bandas de narcotraficantes.

En Bélgica, las fuerzas de seguridad ahora deben custodiar camiones de aduanas que transportan cocaína incautada, debido al riesgo de que los criminales intenten recuperar la droga por la fuerza. Este tipo de escenas, más propias de países con altos índices de criminalidad, se han vuelto comunes en regiones que hasta hace poco se consideraban entre las más seguras del mundo.

Uno de los casos más emblemáticos de cómo la violencia del narcotráfico ha transformado la realidad europea es el del neerlandés Ridouan Taghi, un narcotraficante cuya notoriedad alcanzó niveles sin precedentes en los Países Bajos.

Taghi, considerado uno de los criminales más peligrosos de Europa, fue juzgado en condiciones extraordinarias: su juicio se llevó a cabo en un almacén convertido en búnker, ubicado en Ámsterdam y rodeado de cientos de fuerzas especiales enmascaradas, con drones vigilando desde el cielo. Esta escenografía refleja el miedo y la tensión que su figura ha infundido en la sociedad neerlandesa.

El capo fue condenado a cadena perpetua por su implicación en cinco asesinatos y dos intentos de homicidio, pero su legado de terror no se limita a estos crímenes. Durante los seis años que duró su proceso legal, tres personas vinculadas al testigo estrella de la fiscalía fueron asesinadas en las calles de Ámsterdam: su hermano, su abogado y un conocido periodista de investigación que se había unido al equipo legal del testigo.

Este patrón de violencia dirigida contra individuos fuera del submundo criminal es lo que hace que el caso de Taghi sea especialmente perturbador. Robby Roks, profesor asociado de criminología en la Erasmus School of Law en Róterdam, explicó a The Wall Street Journal que lo inédito del caso Taghi es su capacidad para atacar a personas ajenas al mundo del crimen, lo que plantea serias dudas sobre el alcance y poder de estos criminales, incluso desde prisión.

El impacto de Taghi fue tan profundo que su hijo, Faissal Taghi, de 23 años, también fue extraditado recientemente desde los Emiratos Árabes Unidos bajo sospechas de estar involucrado en una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y preparación de crímenes violentos. Faissal ahora comparte prisión con su padre, en una medida que subraya la gravedad con la que las autoridades neerlandesas están abordando el caso.

Según el parlamentario neerlandés Ulysse Ellian, sin una acción rápida y decisiva, se corre el riesgo de que figuras como Taghi continúen desafiando la autoridad y el orden social, aún desde detrás de las rejas.

El aumento de la violencia en Europa occidental no es un fenómeno aislado; está estrechamente vinculado a la globalización del narcotráfico. Las bandas criminales han aprovechado la globalización para expandir sus operaciones, estableciendo firmes bases en puertos clave de Europa, como Róterdam en los Países Bajos y Amberes-Bruselas en Bélgica. Estas ciudades, que históricamente han sido centros neurálgicos del comercio legal, ahora también son puntos críticos para el contrabando de cocaína.

El auge del cultivo de coca en Colombia y la fragmentación de la cadena de suministro facilitaron la entrada masiva de cocaína en Europa, superando por primera vez en 2019 las incautaciones de esta droga en América del Norte.

En 2021, las autoridades de la Unión Europea incautaron más de 300 toneladas de cocaína, un récord que subraya la magnitud del problema. Según un informe conjunto de Europol y la EMCDDA (Agencia Europea de Drogas), hay 821 redes criminales serias activas en la UE, con más de 25.000 miembros. Este crecimiento exponencial ha llevado a la UE a clasificar el crimen organizado como una amenaza al mismo nivel que el terrorismo.

Ante este panorama sombrío, los gobiernos europeos han comenzado a adoptar medidas más estrictas para combatir el crimen organizado. En Suecia, por ejemplo, la situación ha escalado tanto que el ejército ha intervenido para apoyar a la policía en la lucha contra las bandas callejeras. En Bélgica, la presencia de fuerzas de seguridad armadas que custodian los camiones de aduanas que transportan cocaína incautada es una señal clara de que las autoridades están tomando en serio la amenaza que representan estas organizaciones criminales.

La Unión Europea también ha intensificado sus esfuerzos, reconociendo que la violencia derivada del narcotráfico está desestabilizando la sociedad y el contrato social que ha definido a Europa durante décadas. La portavoz adjunta de Europol, Claire Georges, señaló que la violencia, que antes se concentraba en puntos de tránsito como aeropuertos y afectaba principalmente a grupos específicos, ahora se está extendiendo a las calles, poniendo en riesgo a los civiles. Esta tendencia refleja cómo las bandas criminales han logrado infiltrar profundamente la estructura social europea, lo que exige una respuesta coordinada y contundente por parte de los estados miembros.

La creciente influencia del crimen organizado tuvo un impacto profundo en el sistema legal y en la vida cotidiana de las personas en Europa. Jueces, fiscales, periodistas y figuras públicas se han convertido en objetivos de intimidación y violencia.

WSJ recuerda que un ejemplo de ello es el asesinato en 2021 del periodista Peter de Vries en Ámsterdam, quien había asumido un papel activo en la investigación contra Ridouan Taghi.

La situación es tal que, según una encuesta realizada el año pasado, la mitad de los jueces y fiscales neerlandeses se sienten menos seguros en su trabajo debido a amenazas o intimidaciones, y casi un tercio de ellos cambió sus rutinas laborales, incluyendo la sustitución de sus nombres por códigos en los expedientes judiciales. Esta atmósfera de miedo y peligro constante refleja la erosión del estado de derecho en regiones que antes se consideraban baluartes de la justicia y la democracia.

El parlamentario neerlandés Ulysse Ellian, quien ha sido un firme defensor de políticas más duras contra el crimen organizado, ilustra la gravedad de la situación. Ellian fue objeto de amenazas y ahora vive bajo protección policial y ahora impulsó iniciativas para imponer un régimen más estricto de aislamiento a los presos peligrosos en los Países Bajos, inspirado en las medidas adoptadas en Italia contra la Mafia. Su propuesta de restringir a los detenidos de alto riesgo a dos llamadas telefónicas y una visita al mes es un intento de cortar los lazos que estos criminales mantienen con el mundo exterior y, en última instancia, reducir su capacidad para continuar delinquiendo desde la prisión.

El escenario desafía culturalmente a Europa: cómo erradicar la amenaza sin afectar las libertades fundamentales que definen a estas naciones.