Elecciones en Túnez: encarcelaron a posibles candidatos opositores a la presidencia

Un tribunal tunecino encarceló a varios posibles candidatos presidenciales y les prohibió competir en las próximas elecciones previstas para el 6 de octubre, avivando las acusaciones de que estas medidas buscan consolidar la reelección del presidente Kais Saied. Las decisiones judiciales, que afectan a destacados críticos de Saied, generaron preocupación entre partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos.

El abogado Mokthar Jmai informó a Reuters que el último lunes se dictaron sentencias contra el político Abdel Latif Mekki, el activista Nizar Chaari, el juez Mourad Massoudi y otro candidato, Adel Dou, de ocho meses de prisión y se les prohibió participar en las próximas elecciones, bajo cargos de compra de votos, indicó The Guardian.

Por otra parte, Abir Moussi, líder de la oposición y crítica ferviente de Saied, fue condenada a último momento a dos años de prisión por insultar a la comisión electoral, según la radio local Mosaique.

La sentencia contra Moussi fue emitida en virtud del Decreto 54, promulgado por Saied en 2022 para combatir las “noticias falsas”. Esta condena incrementa las sospechas de las medidas arbitrarias que mantiene el gobierno para asegurar la reelección de Saied en los comicios, programados para el 6 de octubre. Estas condiciones restrictivas se suman a la larga lista de líderes opositores detenidos durante el mandato del presidente.

Ahmed Nafatti, director de la campaña de Mekki, declaró que seguían con la intención de presentar su candidatura, describiendo las decisiones judiciales como injustas y destinadas a excluir a actores serios. “Es una norma escandalosa, pretende apartarnos de la candidatura tras una serie de restricciones”, expresó Chaari a Reuters.

Además de Moussi y los condenados el lunes, Lotfi Mraihi, otro posible candidato y crítico de Saied, fue sentenciado previamente a ocho meses de prisión por también ser acusado de compra de votos. Estas medidas se inscriben en un contexto de persecución judicial que afecta a varios partidos de oposición, incluyendo al Partido Destourian Libre.

En una conferencia de prensa tras registrar su candidatura, Saied negó haber impuesto restricciones a sus rivales, calificando las acusaciones de “mentiras”. Según Saied, todas las acciones judiciales responden a la ley y se aplican sin distinciones. Sin embargo, otros cuatro aspirantes denunciaron que la comisión electoral exigía antecedentes policiales para inscribirse, pero que el Ministerio del Interior se negaba a proporcionarlos, creando así barreras burocráticas adicionales.

El 25 de julio de 2021, Saied, anunció la destitución del primer ministro Hichem Mechichi, la suspensión del parlamento y la retirada de la inmunidad parlamentaria de todos sus miembros. Este movimiento fue denunciado como un “autogolpe de estado”, ya que Saied asumió poderes excepcionales, concentrando en su persona funciones legislativas, ejecutivas y judiciales.

Saied justificó sus acciones argumentando que eran necesarias para enfrentar la crisis política, económica y sanitaria que vivía el país, exacerbada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, sus detractores acusaron al presidente de vulnerar la Constitución de 2014 y de intentar consolidar un gobierno autoritario.

Tras la destitución del primer ministro, miles de tunecinos salieron tanto a apoyar como a protestar contra las medidas de Saied. La comunidad internacional también expresó su preocupación por la estabilidad democrática en Túnez, un país que había sido visto como una excepción positiva en la región tras las revoluciones de la Primavera Árabe en 2011.

La Primavera Árabe en Túnez comenzó en diciembre de 2010 y se convirtió en un catalizador para una serie de levantamientos en el mundo árabe. El descontento social se desató después de que Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante, se inmolara en protesta contra la corrupción y el maltrato oficial, desencadenando protestas masivas.

En enero de 2011, las manifestaciones llevaron a la caída del presidente Zine El Abidine Ben Ali, quien había gobernado el país de manera autoritaria desde 1987.

La revolución tunecina se caracterizó por movilizaciones pacíficas y el uso extensivo de redes sociales para organizar y difundir información. Tras la caída de Ben Ali, Túnez emprendió un proceso de transición democrática que incluyó la redacción de una nueva constitución, la realización de elecciones libres y la creación de instituciones democráticas.

El 26 de octubre de 2014, Túnez celebró sus primeras elecciones parlamentarias libres, y en diciembre del mismo año, tuvo lugar la primera elección presidencial democrática, que llevó a Beji Caid Essebsi al poder.

Diversos gobiernos, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han expresado su alarma por lo que consideran un retroceso significativo en los logros democráticos del país.

La Unión Europea y Estados Unidos, entre otros actores, han hecho llamados a las autoridades tunecinas para que respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo el derecho a un juicio justo y la libertad de expresión. En varios pronunciamientos, se ha instado a Túnez a liberar a los opositores detenidos y a garantizar un entorno político inclusivo y pluralista.

Según detalló EFE, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, importantes organizaciones de derechos humanos, han denunciado el uso de la justicia para silenciar a críticos y opositores políticos. Estas organizaciones han documentado casos de arrestos arbitrarios, juicio injusto y condiciones precarias de detención.

La situación económica del país, con una inflación persistente y un desempleo elevado, ha aumentado el descontento social, lo cual agrava el panorama político de cara a las elecciones. Saied destituyó al ministro de Economía, Samir Saied, sin dar explicaciones, nombrando temporalmente a Seham al-Bogdiri Nomsia en su lugar. Esta medida ocurre en medio de una grave crisis económica y financiera en Túnez, mientras el país negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de 1.700 millones de euros para enfrentar una deuda pública que asciende al 89% del PBI.

Mientras tanto, la comunidad internacional y la sociedad civil tunecina observan de cerca estos desarrollos que son cruciales para el futuro democrático del país. Con la ausencia de rivales de peso y una oposición fragmentada y reprimida, las elecciones del próximo 6 de octubre se presentan como un proceso cargado de incertidumbre y polémica.