Los países del Golfo investigan ilícitos financieros del régimen de Nicolás Maduro en la región

Los canales financieros operados por los estados árabes del Golfo son actores económicos que han adquirido gran importancia en los últimos años en cuanto a las transacciones económicas internacionales. Algunos de esos activos se han constituido en gigantes económicos que operan grandes inversiones que superan cifras de alrededor de los cuatro billones de dólares estadounidenses al año. En virtud de ese volumen de giro financiero han sido elegidos por organizaciones criminales que tratan de valerse de ellos para el lavado de activos a través de las criptomonedas.

Actualmente los países del Golfo están abocados a la busqueda de capitalización de industrias en varios rubros que han sido golpeados por la recesión que tuvo lugar a partir de la pandemia del Covid-19, entre esas industrias se destacan la tecnología y el turismo, estas áreas son consideradas clave para re-impulsar las economías regionales. No obstante, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCPG) está encontrando varios factores que se contraponen a su proyección financiera por dos aspectos que se han hecho presentes. En primer lugar, la pronunciada baja en los precios del petróleo, principalmente durante el año y medio de pandemia; y el segundo es el lavado de dinero a través de las criptomonedas, estas operaciones ilícitas se ampliaron de forma importante en la región. Ambos problemas están perjudicando el normal desarrollo en los programas de los fondos soberanos del Golfo.

Sobre la baja del precio del petróleo, los países productores saben que es un aspecto emergente de las relaciones políticas y económicas globales que inciden temporalmente en los mercados internacionales y es un punto que, si bien demanda la atención, no ha presentado problemas que no se solucionen con adaptaciones financieras de parte de los países productores en las diferentes situaciones en que se ha producido. Sin embargo, en el segundo punto, que se manifiesta en relación al lavado de activos, autoridades saudíes y las agencias regionales sostienen que en el Golfo se encuentra influenciado y articulado por la República islámica de Irán, el rival de los países que integran el CCPG y han dado lugar a preocupaciones que denuncian la presencia de actividad criminal a través del lavado y la utilización de las criptomonedas que se acentuó con sospechas de actividades del regimen venezolano en la región apalancado por Irán y China.

Considerando que las redes criminales buscan ocultar el origen de su patrimonio ilícito a través de personas físicas o jurídicas creadas al efecto, este aspecto es altamente complejo y configura el reto más importante para las agencias anti-lavado que confrontan las redes criminales. En esa dirección es que las operaciones con criptomonedas prestan el servicio más obvio y configuran la modalidad más común del crimen organizado, ya sea por parte de redes o carteles del narcotráfico como por regímenes que se sostienen a través de lo recaudado en sus actividades criminales, incluida la modalidad del lavado de activos por medio de las criptomonedas.

Uno de los estados que apareció en los radares de la región con operaciones de lavado es Venezuela, según informes de agencias financieras de Washington y países del Golfo, Maduro ha estado recurriendo cada vez más al bitcoin, lo que confirma los interrogantes sobre su posible uso en el lavado de dinero y la evasión de las sanciones impuestas por Estados Unidos, esto ocurre de manera no muy distinta a lo que sucede con el tráfico ilegal de oro desde enero de este año. En ese mes, Caracas implementó un nuevo tipo de cajeros automáticos, que permiten a los ciudadanos venezolanos cambiar moneda legal por criptomoneda bitcoin a un equivalente cercano a los USD 60.000 estadounidenses por cada unidad de bitcóin.

En el caso venezolano, Maduro ha dicho que es una nueva política de inclusión financiera para los ciudadanos que también favorece la apertura a las transacciones internacionales. Esta medida del gobierno abre puertas a las operaciones de redes criminales tanto en la economía local, la que se caracteriza por su alta volatilidad apartada del dólar y lo propio ocurre a nivel internacional como forma de generar divisas a un régimen en quiebra económica y financiera. La operatoria es ideal para blanquear dinero proveniente del narcotráfico de redes colombianas, mexicanas y brasileñas que operan bajo el paraguas de Caracas como también del tráfico de oro a gran escala al que se ha inclinado el regimen en los últimos tres años en la zona conocida como “el triangulo minero”.

Según informes reservados de las agencias del Golfo, la rentabilidad generada por el tráfico del metal precioso era manejado por el gobierno de Maduro para préstamos a futuro otorgados a su gobierno por Rusia y China. Sin embargo, se detectó que parte del flujo de miles de millones de dólares de esas transacciones ilícitas actualmente está buscando ingresar a la actividad financiera de los países del Golfo.

Según la DEA estadounidense, una docena de empresas creadas por mandatarios del régimen en paraísos fiscales permiten transferir cientos de millones de dólares a diferentes puntos financieros evitando el consiguiente peligro de girar el dinero en efectivo proveniente de actividades criminales en efectivo para incorporándose al mercado digital, de esa manera, el dinero puede ser transferido sin mayores impedimentos a cuentas internacionales de distintas empresas ocultando su procedencia y neutralizando el riesgo de operar grandes sumas de efectivo que siempre dejan su rastro.

En virtud de esta nueva operatoria criminal es que el CCPG ha dado a conocer la creación de una oficina cuya actividad central está dirigida a neutralizar y combatir esa operatoria de lavado de activos e infiltración financiera en sus fondos de inversión. Según declaraciones de funcionarios árabes del propio Consejo del Golfo la buena noticia no es sólo la creación de este organismo que opera desde el mes de mayo del año en curso, sino que él ha tenido ya sus primeros éxitos al detectar y bloquear unos 8 mil millones de dólares provenientes de esos ilícitos en los últimos tres meses. Se especula que las investigaciones en curso para dar con la ruta y el origen de ese dinero ya es conocida por los funcionarios encargados de la investigación y que la totalidad del mismo proviene de cuentas que se encuentran en entidades radicadas en Bahamas, Trinidad y Tobago y Panamá. La titularidad, así como los nombres de las empresas y las personas físicas es una informacion que todavía no ha sido dada a conocer públicamente a la prensa, no obstante ya se ha conformado un cuadro financiero situacional que permite a las autoridades disponer de la informacion ampliada sobre la operatoria en la que no sería solo el gobierno venezolano y sus funcionarios los involucrados sino que otros regímenes latinoamericanos y sus integrantes también estarían bajo la investigación que está avanzando no solo en los países árabes del Golfo sino también en Washington y en media docena de capitales europeas que ya han identificado sociedades fantasmas dedicadas al lavado a través de operaciones con criptomonedas.

Esta situación ha dado lugar a que una legislación financiera más amplia y restrictiva esté comenzando a implementarse. Las autoridades financieras del Golfo han expresado esta semana que de ninguna manera la intención del CCPG es bloquear operaciones con criptomonedas, pero aclararon que ejercerán un estricto control sobre ellas para impedir que la modalidad sea utilizada por redes criminales.

La nueva reglamentación de los países del Golfo para operatorias financieras se dará a conocer a finales de octubre y posiblemente las finanzas globales se muestren mucho más estrictas en materia de transferencias, inversiones y utilización de criptomonedas a partir de noviembre. También las autoridades que trabajan en el proyecto de forma mancomunada con Washington darán a conocer en ese momento los nombres de las empresas y personas físicas involucradas.

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