El papa Francisco promulgó hoy nuevas medidas sobre la contratación del personal administrativo y de las áreas financieras del Vaticano para evitar casos de corrupción, después de los últimos escándalos en la gestión de las inversiones de la Santa Sede.
Con el nuevo “motu proprio” del papa publicado hoy, se introducen nuevas reglas para evitar que se manifiesten “conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general”, según escribe Francisco.
Las nuevas medidas llegan en un momento en el que las investigaciones vaticanas revelaron que se contrató a intermediarios financieros como el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaría de Estado y que creó un agujero de cerca de 400 millones de euros en las arcas vaticanas.
Con estas reglas, quienes prestan su obra en los dicasterios, ministerios, del gobierno vaticano, en las instituciones vinculadas a la Santa Sede y en las administraciones de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano “tienen la responsabilidad particular de rendir la fidelidad de que habla el Evangelio, actuando según el principio de transparencia y en ausencia de cualquier conflicto de interés”, añade Francisco.
El papa decidió añadir artículos al Reglamento General de la Curia Romana, con una medida que concierne a todos los que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3, es decir, desde los cardenales jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.
Todos tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que afirmen que “no tienen condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y que no se han beneficiado de indultos, amnistías o gracias, y de no haber sido absueltos por prescripción”.
Tampoco podrán “estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos y evasión fiscal”.
Además, deben declarar “que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales, a menos que sus familiares sean residentes o estén domiciliados por demostradas razones familiares, laborales o de estudios”.
Deberán garantizar, añade el nuevo reglamento, “que todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas”.
Contra los paraísos fiscales
Esta nueva ley se suma a la aprobación de una nueva norma anticorrupción que prohíbe expresamente a los directivos vaticanos la inversión en paraísos fiscales y en empresas que operan en ámbitos contrarios a la doctrina católica. Además, tendrán que declarar que no pesa sobre ellos ninguna condena por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal. La nueva legislación también impide a estos directivos aceptar regalos por valor de más de 40 euros, casi 50 dólares.
La nueva normativa entra en vigor este jueves después de ser publicada en el periódico L’Osservatore Romano, la gaceta oficial del Vaticano. La norma coincide también con la discusión del informe sobre la transparencia de las finanzas del Vaticano por parte del órgano de control del Consejo de Europa, conocido como Moneyval.
La ley anticorrupción se publica poco después de que la cadena italiana Rai3 revelase que el A.P.S.A., el organismo de la Santa Sede que se ocupa de la gestión del patrimonio, habría invertido el dinero del Vaticano en la empresa farmacéutica Novartis, que produce la píldora del día después.
En concreto, el exrevisor general de la Santa Sede, Libero Milone, encargado de supervisar la contabilidad de la Curia Romana del 2015 a 2017 y que acabó dimitiendo de su cargo, reveló en este programa que el Vaticano había realizado inversiones “arriesgadas” que “no respondieron a la doctrina social de la Iglesia que enumera exactamente las cosas que podían y no podían hacer”.
Concretamente, la nueva regulación impone a los cardenales, los jefes de dicasterios y los vicedirectores con contratos directivos de cinco años, que no tengan dinero en efectivo o hayan realizado inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operen en contra de la Doctrina Social de la Iglesia.
La Secretaría para la Economía del Vaticano verificará la veracidad de las declaraciones firmadas en papel y en caso de destapar alguna mentira podrá despedir al empleado y reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos.
(Con información de EFE y EP)
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