Hace unas horas Ovidio Guzmán López, uno de los “chapitos” que lideran al Cártel de Sinaloa fue recapturado en la sindicatura de Jesús María, en medio de un fuerte operativo en el que participaron fuerzas federales, situación que desató narcobloqueos y balaceras en distintas ciudades de Sinaloa, principalmente en Culiacán.
Esta situación trajo al presente El 17 de octubre de 2019, día en el que se llevó a cabo el “Culiacanazo” el primer intento fallido por parte del Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de arrestar a Ovidio Guzmán.
Era una tarde calurosa y despejada la que marcó el mandato de AMLO. La temperatura rondaba los 32 grados. Los niños ya habían salido de clase y los oficinistas se encontraban en plena hora de la comida cuando tronaron los primeros balazos.
“Me tocó presenciar un par de balaceras cuando iba por mi hija”, recordó en entrevista con Infobae México el académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Carlos Ayala Barrón. “También vi las camionetas que iban y venían llenas de personas armadas, las quemas de vehículos en los puentes de la ciudad y la huida desesperada de las gentes”, explicó.
A los más afortunados el “culiacanazo” los agarró en sus casas o resguardados en algún lugar de la ciudad. La mayoría recibieron una oleada de mensajes, videos y audios por WhatsApp que los informó sobre lo que estaba sucediendo afuera. Se hablaba de una marcha de hombres armados que atravesaba Culiacán de sur a norte, en sentido contrario a los desfiles cívicos y militares del 20 de noviembre.
Otros mensajes advirtieron que venían en camino más sujetos armados desde la sierra, la costa y otras ciudades vecinas. Nadie sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando, pero el miedo ya se había apoderado de los culiacanenses.
La peor parte se la llevaron los que estaban en la calle. Mujeres, niños, estudiantes y familias enteras tuvieron que refugiarse en oficinas, colegios, plazas, restaurantes y casas ajenas. Unos se escondieron como pudieron entre los autos que estaban estacionados. Otros se recostaron sobre el pavimento pensando que así estarían más a salvo de los proyectiles.
“Recibí a varis maestros de la comunidad universitaria en mi casa. Les dimos alojamiento, agua y algún alimento. Tenían temor de irse. Aquí pasaron toda la noche. Al día siguiente se fueron, pero iban con miedo porque todavía estaban los carros quemados y alguno que otro cuerpo”, contó Ayala Barrón.
La detención de Ovidio
Eran las 2:45 de la tarde cuando más de una treintena de efectivos a bordo de camionetas del Ejército mexicano y la Guardia Nacional empezaron a rodear un inmueble amurallado, con varias construcciones en su interior, en el sector Tres Ríos, una zona de alta plusvalía que alberga más de 15 fraccionamientos en la capital de Sinaloa.
En esa misma franja de terreno, entre los ríos Tamazula y Humaya, se encuentra el que es probablemente el principal espacio recreativo de los “culichis”: el Parque Las Riberas, así como el centro comercial Plaza Fórum, las facultades de medicina y enfermería de la UAS y la sede de la Fiscalía General del Estado.
Media hora después los elementos encabezados por el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) irrumpieron en aquel domicilio de grandes dimensiones y les dijeron a los residentes que salieran de inmediato. Entre ellos estaba el objetivo de las fuerzas armadas: Ovidio Guzmán López, hijo de Griselda López Pérez y Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.
Mientras tanto, afuera, la capital de Sinaloa se encontraba sitiada. En cuanto los soldados fueron vistos en los alrededores del número 2403, de la calle José Muro Pico, se esparció como pólvora entre la legión de sicarios al servicio del Cártel de Sinaloa una orden clara y precisa: pelear hasta la muerte y evitar a toda costa la detención del “patrón”. No eran ni las 15:30 horas y ya se habían reportado los primeros militares heridos.
Todos coincidieron en que la organización criminal mostró una capacidad asombrosa de reacción inmediata y organización. No había pasado mucho tiempo desde que los militares habían asegurado a Ovidio cuando un grupo de cuarenta pistoleros a bordo de ocho vehículos, dos de ellos blindados y artillados, ya tenía rodeada la casa. Lo mismo ocurrió a gran escala: los sicarios se dispersaron en puntos estratégicos de la ciudad, bloquearon los accesos con vehículos incendiados y encerraron en un mismo anillo perimetral a soldados, agentes federales y a la misma población de Culiacán.
Para impedir los refuerzos por tierra, bloquearon la autopistas que conducen hacia el norte y el sur de Sinaloa. Las fuerzas federales solo pudieron recuperar y resguardar uno de los puntos de acceso de los nueve que hay en el área, en la avenida Universitarios, cerca del Jardín Botánico.
“Los círculos concéntricos de seguridad que manejaron se rompieron, fue un error. El método de extracción, que estaba planeado por tierra, en una ciudad controlada por ellos, no fue el más acertado. Sobre todo porque al ver las imágenes satelitales se ven varias áreas cerca de donde estaba la casa del objetivo prioritario, donde pudieron haber descendido uno o dos helicópteros”, dijo a Infobae el consultor en temas de Seguridad y analista en combate y supervivencia policial, Alexei Chévez Silveti.
Arde Culiacán
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que hubo bloqueos y que se habían utilizado vehículos de la propia dependencia para llevar a cabo dicha estrategia. Al mismo tiempo, otros grupos de sicarios rodearon las bases militares de operaciones en Cosalá, El Fuerte y Cosa Rica. En esta última 150 sicarios retuvieron a 26 elementos militares que escoltaban autotanques, entre ellos dos oficiales.
También rodearon una unidad habitacional militar y amenazaron con ejecutar a las familias de los soldados. Incluso agredieron a las que tropas que se dirigían apoyar. Según la Sedena, ahí participaron del lado del Cártel de Sinaloa 20 hombres con armas automáticas y 4 vehículos. Una veintena de militares y derechohabientes fueron “afectados en sus bienes y psciológicamente”.
Para que se cumplieran sus exigencias, tomaron como rehenes a once efectivos, dos oficiales y nueve de tropa. Dos fueron secuestrados por 15 individuos armados en el Crucero de Jesús María, a la altura de La Campana, a 30 kilómetros de la casa de Tres Ríos.
Todo esto mientras un ejército de entre 700 y 800 civiles armados, la mayoría de ellos jóvenes, hacía retroceder a punta de plomo a más de 350 efectivos de las fuerzas del orden público en diferentes partes de la ciudad. El ejército reportó ocho vehículos enemigos, al menos dos de ellos blindados y con fusiles Barret y ametralladoras.
Uno de los videos que más se viralizaron provino de uno de los autores de la refriega. La imagen, tomada desde el interior de una camioneta pickup, mostró un walkie talkie motorola que dio cuenta de cómo los sicarios amenazaron con asesinar a las familias de los militares si no liberaban a Ovidio Guzmán. “A ver loco, lo vamos hacer o qué pedo mi chavo. Cómo quieres el baile”. “Se te está hablando bien. Suéltalo y vete tranquilo. No se te va hacer nada. Si no, te va cargar la verga”. “Ubiquen a las familias y a la verga. Nomás no lo sueltan hijo de tu puta madre y vas a ver”.
Por si fuera poco, a las 17:00 se produjo un motín en la cárcel de Aguaruto que facilitó la fuga de 51 presos que cumplían condenas por delitos federales como tráfico de drogas, homicidios, secuestros y posesión ilícita de armas de fuego. Fueron cuatro horas con 15 minutos, según reportes oficiales, el tiempo que el crimen organizado tuvo sitiada la ciudad. Finalmente, entre las 18:49 y las 19:30 horas, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el cese del operativo. “Yo tomé la decisión, porque no quisimos arriesgar al pueblo”.
El hijo de “El Chapo” tenía una orden de aprehensión con fines de extradición girada el 2 de abril del 2018 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., “por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud”.
El “Jueves Negro” dejó un saldo de nueve muertos, aunque el gobierno dijo que habían sido ocho. Entre estos había un civil, un agente de la Guardia Nacional, cinco presuntos criminales y un interno del penal de Aguaruto. También se reportaron del lado del Ejército un oficial y ocho elementos de tropa heridos, uno de ellos perdió una pierna. Entre los ocho militares retenidos se encontraban dos oficiales y nueve elementos de tropa, quienes fueron liberados en diferentes lugares.
“Se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización criminal”, explicó al día siguiente el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
SEGUIR LEYENDO: