Impunidad, violencia y censura: el rastro del año más letal para el periodismo del gobierno de AMLO

El futuro del 2022 en lo que concierne al ejercicio periodístico en México parecía encaminarse a un sólo rumbo: convertirse en el más violento de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y tal cual se pronosticó, el año cerró como el que mayor cantidad de periodistas asesinados registró en un gobierno caracterizado por las constantes descalificaciones a la prensa crítica/opositora.

Las organizaciones Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) registraron 12 y 11, respectivamente, homicidios de comunicadores en el 2022; mientras que el Gobierno Federal ha considerado 13 asesinatos como agresión a la libertad de expresión - con dos casos que se descartaron como tal, aún con las exigencias del gremio por investigarlo como violencia a la prensa.

Sin embargo, aún cuando las fuentes varían de uno a dos asesinatos, la realidad es que cualquiera de las tres superan al número reportado en 2019, el cual ahora se posiciona como el segundo más violento del sexenio con 10 homicidios, según Artículo 19.

José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vázquez, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez, Sheila Johana García, Yessenia Mollinedo Falconi, Antonio de la Cruz, Ernesto Méndez, Juan Arjón López y Fredid Román Román: 15 periodistas por quienes se grita justicia y exige verdad; 15 historias que, en su mayoría, volvieron a evidenciar un gobierno incapaz de garantizar su protección, libre ejercicio o, en el peor de los casos, justicia por su muerte.

En mayo del 2022, el Subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja declaró que, a ojos del Federativo, los asesinatos de Jorge Luis Camero y Roberto Toledo (de Monitor Michoacán) no representaron una agresión a la prensa, pues las víctimas ya no ejercían el oficio para el momento de su asesinato.

La línea del caso de Camero fue redireccionado a un posible vínculo con el crimen organizado en razón de sus funciones públicas. En tanto, el asesinato de Toledo se descartó - casi inmediatamente - como un atentado a la libertad de expresión por supuestamente ejercer en un despacho de abogados, según el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas.

Dicha declaración contradijo al testimonio con el que Armando Linares, director de Monitor Michoacán, abogó por Toledo quien denunciaba favoritismo dentro de la policía local en los escritos que publicaba como colaborador ocasional, los cuales no solía firmar “para evitar problemas”. Esto, debido a que el propio medio ya había sido amenazado por “exhibir corrupciones de políticos y funcionarios”.

Pese a su declaración, el Federal no consideró o investigó el caso de Toledo como un atentado a la prensa. Y para el 15 de marzo, casi dos meses después, las amenazas en contra del medio y del propio Armando Linares derivaron en su asesinato por varios impactos de arma de fuego.

De ese modo, el homicidio del director y reportero de Monitor Michoacán fue determinante para que el portal cerrara sus puertas ante “la falta de interés de las autoridades para dar con los responsables” del doble homicidio.

Hasta el momento, el Gobierno Federal sólo ha aprehendido a un presunto responsable de la muerte de Linares; se desconoce del otro posible implicado, y el asesinato contra Toledo sigue sin ser un crimen contra la prensa.

El homicidio del periodista Antonio de la Cruz cargó consigo la muerte de su hija de 23 años, Cynthia “N”, quien recibió una de las balas con las que sujetos armados asesinaron a su padre el pasado 29 de junio en Tamaulipas: el único ataque en el que el Gobierno Federal reconoció un posible involucramiento de las autoridades locales.

De la Cruz era especialista en temas ambientales y si bien cuestionaba a los altos mandos al respecto, el comunicador no había sido amenazado anteriormente por algún grupo delincuencial, tanto así que tampoco estaba anexado al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Bajo ese tenor fue que Ricardo Mejía confesó que las autoridades “ubicaron datos que tenían que ver con carácter local visibles”, los cuales fueron suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso.

Casi seis meses después, la dependencia dio a conocer que ya se tenía identificado al presunto autor material, siendo éste el único avance que se ha hecho público del caso. Pero sin responsables detenidos y mucho menos vinculados a proceso o condenados, el homicidio de Antonio de la Cruz refrenda a la impunidad como un común denominador en las agresiones de la prensa; 43% de éstas orquestadas por autoridades municipales.

Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, asesinados a principios del 2022 en Tijuana, Baja California, han sido los dos únicos casos con sentencias condenatorias. Sin embargo, es pertinente señalar que ambos periodistas fueron blanco del Cártel de Los Arellano Félix, esto pese a haber solicitado protección al Estado.

El fotoperiodista Margarito Martínez, para el momento de su muerte el 17 de enero, aún estaba en espera de acceder a las medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo de Protección de Periodistas de la Segob.

Sus asesinos, Manuel Ramos y Octavio Monzón, recibieron 20 mil pesos cada uno por ejecutarlo, presuntamente, bajo las órdenes de El Cabo 20, un alto mando de los Arellano Félix quien instruyó el asesinato del fotoperiodista luego de responsabilizarlo por la difusión de su rostro y el de sus colaboradores.

Cuatro días después (el 21 de enero), periodistas de Tijuana realizaron una marcha para exigir justicia por su colega. A ésta se unió la periodista Lourdes Maldonado, quien al cabo de dos días sufrió el mismo destino y, presuntamente, a manos del mismo cártel que el de Martínez - esto a pesar que la periodista sí estaba anexada al Mecanismo y, por ende, contaba con rondines policiales para su seguridad y un botón de pánico.

Fue hasta el octubre pasado que Guillermo Julián Castro, Kevin Alberto Villarino y Erick Eduardo Contreras recibieron condenas de más de 20 años de prisión, tras aceptar su culpabilidad en el asesinato de la comunicadora (para el cual se les habrían pagado USD 5 mil). Primeros avances en la investigación, informados por la SSPC, confirmaron que el Cártel de los Arellano Félix, a quien Maldonado denunciaba, estaría detrás del segundo asesinato de una periodista en el 2022.

SEGUIR LEYENDO: