El Cártel de Sinaloa, considerado por muchos como el grupo del crimen organizado más poderoso de México, blanqueó más de 6 mil millones de pesos en un periodo de 5 años a través de 18 empresas fachada establecidas en la capital mexicana.
Las 18 empresas estaban legalmente constituidas y operaron entre 2013 y 2018, de acuerdo con una investigación encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo primero que detectó la UIF fue que un conjunto de empresas, en apariencia sin nada en común entre ellas, habían operado entre octubre de 2017 y abril del 2018 más de 2 mil millones de pesos sin tener ningún tipo de actividad comercial ni justificación contractual.
Según el reporte de la UIF, se detectaron varias coincidencias entre las empresas ya que tenían los mismos representantes legales, accionistas y domicilios registrados, además de que presentaban vínculos financieros inexplicables.
Otras irregularidades detectadas fueron operaciones por elevados montos a favor de personas físicas a través de cheques y trasnferencias, situación que en muchos casos se da cuando no se trata de operaciones reales y que suele encender las alarmas de las autoridades.
La UIF señaló que una de las empresas estaba relacionada con el esquema financiero implementado por Manuel Rodolfo Trillo Hernández, ex piloto del Chapo Guzmán y prominente empresario en Puebla. Conocido también como “La Trilladora”, este sujeto financió el túnel por el que se fugó el capo del penal del Altiplano en 2015, de acuerdo con acusaciones de la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR).
En ocho años, la Trilladora y/o Trillo, habría lavado 900 millones de pesos para el cártel sinaloense a través de nombres falsos. Sus negocios eran los restaurantes y las casas de cambio. Cayó el 19 de agosto de 2015 en San Pedro Cholula. Fue señalado como operador financiero de Guzmán Loera por presuntamente utilizar el sistema financiero para distribuir 954 millones de pesos en cinco años, a través de tres entidades falsas y 16 cuentas.
Su hermano, Miguel Ángel, había sido arrestado desde 2001, tras la primera fuga del Chapo de Puente Grande, Jalisco.
La UIF halló que desde 2013, y por lo menos hasta diciembre de 2018, los involucrados en la red de empresas desplegaron en forma permanente conductas que tenían como finalidad cometer delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de recibir, transferir y ocultar o pretender ocultar recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
“Simulaban operaciones comerciales para pretender justificar el tránsito de recursos en las cuentas bancarias y así dorarlos de apariencia de legalidad. Con ello se lograron operaciones ilegales por más de 6 mil 120 millones de pesos”, detalló la UIF.
Como parte de la investigació, fueron aseguradas 63 cuentas bancarias contratadas a nombre de las personas involucradas, desde las que se hicieron depósitos y retiros millonarios.
Uno de los involucrados fue identificado como Santiago y fue detenido y vinculado a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de opraciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El imputado, en dos de sus cuentas, entre 1 de marzo de 2015 y el 30 de abril de 2018, recibió 907 depósitos por 406 millones 638 mil 446 pesos e hizo 670 retiros por 406 millones 28 mil 997 pesos.
En otras cuentas a su nombre, del 14 de agosto de 2015 al 31 de octubre de 2018, se recibieron 2 mil 138 depósitos por 1 mil 004 millones 326 mil 606 pesos y se hicieron mil 969 retiros por mil un millones 480 mil 804 pesos.
En las investigaciones la FGR identificó a Santiago como uno de los responsables y obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada el 10 de junio de 2022 y quedó a disposición del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez.
El juez de control encontró elementos suficientes y el 19 de junio fue vinculado a proceso penal. Sin emabrgo, el magistrado dictó prisión preventiva que cumplirá en su domicilio por el estado de salud que padece.
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