La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien aspira a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue dando de qué hablar, pues las similitudes entre su tesis de licenciatura y una que fue presentada un año antes han sido motivo para que figuras públicas y miembros de la sociedad civil cuestionen su integridad profesional.

A pesar de los alegatos y documentos que ha compartido para defender su imagen (como las cartas de su asesora y otros académicos), las críticas no han parado hacia ella.

En días recientes, dada la popularidad del tema, hubo quienes se dedicaron a profundizar en la trayectoria de la ministra y recordaron algunos de los episodios más controversiales en los que Esquivel Mossa estuvo involucrada.

En agosto de 2020 vio la luz un video en el que aparecía Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo por parte de David León Romero, extitular de la Comisión Nacional de Protección Civil.

Como podía anticiparse, las imágenes provocaron un sinfín de sospechas sobre el origen y el destino de los recursos. La principal hipótesis era que el dinero pudo haber sido utilizado para el financiamiento de las campañas de Morena en las elecciones de 2018.

Sin embargo, las investigaciones y análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no arrojaron ningún indicio de que tal acto hubiera sido un delito.

Después de más de dos años, en los que los avances en la investigación fueron mínimos, la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al hermano del presidente en octubre de 2022, con lo que el agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía de Delitos Electorales (FISEL) decidió no ejercer acción penal contra ninguno de los implicados.

Uno de los movimientos clave que pudo haber llevado al fin del caso fue que, en abril del presente año, la ministra Yasmín Esquivel otorgó una suspensión a la FGR para no proporcionar información sobre Pío López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE), pues el Tribunal Electoral habría mostrado una notoria insistencia en la continuación de las indagatorias.

En medio de las controversias que causó la reforma a la Guardia Nacional impulsada por el mandatario federal para mantener al Ejército en las calles, la SCJN tuvo una sesión de análisis sobre el decreto presidencial en esa materia que fue publicado en mayo de 2020.

En aquel entonces se hizo efectivo un acuerdo en el que se estableció la facultad de las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública (correspondientes a las fuerzas civiles, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana).

Debido a una controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados, la SCJN analizó el decreto presidencial y, durante la sesión del 29 de noviembre de 2022, ratificaron la validez del acuerdo.

Con una mayoría de ocho votos, el Pleno de la SCJN determinó que el decreto se apegaba a las facultades del Ejecutivo según lo estipulado en la Ley de la Guardia Nacional, por lo que no se habrían invadido las funciones del Poder Legislativo.

Aquel día, Esquivel Mossa fue una de las que votó a favor de mantener el acuerdo debido al escenario de violencia que impera en el país.

“La ciudadanía demanda paz, tranquilidad, seguridad, justicia. Hoy analizamos este tema fundamental para la sociedad, la obligación primaria del Estado que es la de seguridad pública, creo que es uno de los principios fundamentales que debemos observar”, defendió durante la sesión.

La cercanía entre la ministra y el presidente no son un tema nuevo, ya que los tentáculos de este vínculo incluso llegan al esposo de la funcionaria, José María Rioboó.

Por tales motivos, sumado al escándalo de su tesis de licenciatura, ha habido quienes incluso solicitaron no sólo el abandono de sus aspiraciones para presidir la SCJN, sino su expulsión del máximo tribunal.

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