Hacktivismo: delito o una nueva forma de ejercer el derecho de acceso a la información

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió este 2022 el que ha sido quizá el hackeo más grande de su historia luego de que al menos seis terabytes de información fueron extraídos de sus servidores por el grupo de hackers y activistas denominados como “Guacamaya”.

Si bien con el paso de los días la información que contienen los miles y miles de documentos filtrados fueron saliendo a la luz, la situación abrió el debate entre la opinión pública acerca de la legitimidad del hacktivismo, así como sobre los riesgos que ésta práctica trae no solo para las instituciones públicas sino para la ciudadanía misma.

Al respecto, Infobae México consultó a Laura Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), quien en entrevista compartió algunas de las percepciones sobre la práctica del hacktivismo, así como del panorama que México enfrenta en materia de ciberseguridad.

El activismo -al igual que muchas otras de las actividades que los seres humanos realizan en su día a día- ha migrado al ámbito digital, abriendo así la puerta a una nueva práctica que contempla el realizar ciberataques a los servidores de instituciones públicas para dar a conocer información que se le ha ocultado a la ciudadanía.

“Se entiende que esa puede ser una forma de protesta, sin embargo ya cuando se meten con el derecho de las otras personas en el resguardo de su información, de su identidad, o cuando se compromete la seguridad nacional, yo creo que deber ser algo que debe evaluarse porque en sí mismo el hacktivismo es esa combinación de hackeo con el tema del activismo, un hackeo que se hace con fines políticos o con fines sociales”, explicó Laura Enríquez Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX.

Bajo ese tenor, resulta pertinente considerar que si bien la libertad de expresión es un factor que debe respetarse, el alcance de los hackeos podría suponer un riesgo para la ciudadanía en el momento en el que se vulneran los derechos de terceros.

Pese a ello, siendo naturalmente estrictos, para que el hacktivismo pueda ser considerado como delito debería estar tipificado en la normatividad mexicana, circunstancia que no ha acontecido hasta la fecha en la que se escribe esta nota.

De acuerdo con lo expuesto por la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, si en el medio del hacktivismo se lastima o se vulnera el derecho de otras personas, se tiene que ponderar que no se lleven a cabo estas prácticas pues se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas o la vida misma de una persona determinada, identificada o identificable.

Pese a que como protesta el hacktivismo ha funcionado en algunas circunstancias, lo cierto es que mucha de la información que se obtiene a través de los hackeos puede poner en riesgo la seguridad nacional del país.

“Un ejemplo muy claro es el estado de la fuerza, por así decirlo, de una policía local o de una fuerza federal, esto implica conocer cuántos elementos tiene en determinado sitio o conocer parte de sus estrategias su seguridad. Naturalmente si se diera a conocer podría ponerse en riesgo la estrategia y por ende a los ciudadanos mismos”, aseveró la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Laura Enríquez.

Es decir, en caso de que dicha información llegara a manos equivocadas como a una organización criminal, éstos tendrían una ventaja por sobre las autoridades al estar al tanto de sus movimientos o dimensiones para combatirlos.

Cabe mencionar que aunque el Gobierno de México y cualquier institución pública tienen el deber de ejercer la transparencia y rendir cuentas respecto al uso que le dan al erario público, es justo por estas cuestiones que parte de la información que poseen puede calificarse como reservada.

No obstante dicha decisión no es ni debe ser bajo ninguna circunstancia arbitraria pues, de acuerdo con la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, toda dependencia pública tiene la obligación de aclarar y justificar por qué dicha información es reservada a través de su respectivo comité de transparencia y con pleno apego al Artículo 183 de la normatividad mexicana.

Aunque dicho artículo da cuenta sobre los parámetros que las instituciones públicas tienen para reservar su información, actualmente la exigencia de apertura por parte de la ciudadanía y de la sociedad organizada ha crecido gradualmente, orillando incluso a los servidores públicos a garantizar en mayor medida el derecho de acceso a la información.

“De pronto a las autoridades como que se les apetece más bien guardar la información que darla a conocer en vez de tener que justificarse, pero por fortuna existen también instituciones como el propio INFO CDMX o los organismos garantes locales y nacionales que se dan cuenta de que, por ejemplo, si un ciudadano se queja, se percatan de que no encuadra en ninguna causal de clasificación entonces se le exige a la institución que dé a conocer los datos o la información requerida”, puntualizó la Comisionada Ciudadana, Laura Enríquez.

Aunque el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado gran controversia, resulta pertinente destacar que no es la única dependencia pública que ha padecido ciberataques en México, pues en años anteriores instituciones como la Lotería Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco de México (Banxico), Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras, han sido víctimas del “secuestro de información”.

Dichos precedentes han dejado entrever la inminente necesidad que el Gobierno de México tiene de poner énfasis en su ciberseguridad y en la evolución de la normatividad para prevenir este nuevo tipo de ciberataques a sus servidores.

“A lo mejor antes no era tan recurrente, pero hoy en día tenemos que resolver este problema con toda la dirigencia porque reitero ha avanzado mucho la tecnología, entonces parece ser que en el caso de la Sedena por ejemplo pues hubo una falta de actualización de los sistemas informáticos, por lo que hay que meterle presupuesto a este tipo de asuntos por parte de las instituciones públicas para que no queden vulnerables, más si estamos viendo este tipo de grupos que ya han hecho acciones en otras partes del mundo por ejemplo los Guacamaya Leaks en Chile, Colombia, Perú, El Salvador, etc.”, expresó en entrevista con Infobae México la Comisionada Ciudadana del INFOCDMX, Laura Enríquez.

Reconocer la necesidad de reforzar la ciberseguridad de las instituciones públicas recae en la premisa del manejo de información sensible y datos personales que resguardan en la labor que día con día desempeñan.

Esto implica eventualmente designar un presupuesto de infraestructura tecnológica pero también de capacitación de los servidores públicos que se encargan de resguardar dicha información.

“No es cuestión de pesos y centavos, ni la Sedena ni otras instituciones pueden escatimar cuando se trata de seguridad y de los datos personales de quienes les confían la información”, concluyó la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Laura Enríquez.

SEGUIR LEYENDO: