Maternidad y lactancia digna en las cárceles de México: la nueva propuesta de Movimiento Ciudadano

Julieta Mejía Ibáñez, diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), planteó garantizar una maternidad y lactancia digna para todas las mujeres en reclusión y, para materializarlo planteó modificar el Artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La iniciativa busca establecer que la maternidad y la lactancia de las mamás en prisión se realice en espacios diseñados específicamente para este fin, con respeto irrestricto a la dignidad, donde se propicie la privacidad, la higiene, tranquilidad, accesibilidad y separados de la población general.

Asimismo, busca que la hija o el hijo menor de tres años pueda permanecer con su madre en el penal en espacios dignos, higiénicos, tranquilos y separados de la población carcelaria para fomentar el mejor desarrollo físico, mental y psicoemocional del infante.

Durante la exposición de motivos, Mejía Ibáñez refirió que en el caso de las mujeres privadas de libertad, el Sistema Penal ignora sus necesidades y características, sin atender de fondo el impacto diferenciado que la privación de la libertad les genera en función de los roles que la sociedad tradicionalmente asigna, entre ellas, la crianza y cuidado de los hijos e hijas.

En ese sentido, recordó que el 67.8% de las mujeres privadas de su libertad tiene hijos menores de edad; el 53.4% procrea dos o tres hijos. Y es donde contrastó las condiciones deplorables de las prisiones, mismas que, en muchas ocasiones, vulneran el derecho al sano desarrollo de las infancias que se desarrollan en los centros penitenciarios.

Asimismo, argumentó que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el interés superior de la niñez deberá ser una consideración primordial en atender, lo cual incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios y procedimientos.

Bajo esa lógica, la iniciativa sostiene que la falta de disposiciones legales que garanticen de forma efectiva el derecho a la maternidad y la lactancia, así como el interés superior del menor, constituye violencia institucional, puesto que sólo las mujeres son afectadas. Finalmente, la reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión.

El desarrollo de las infancias en prisión debería de ser atendido por el Estado con mayor eficacia, pues si bien existen proyectos en algunos centros de reclusión, el estado de indefensión y vulnerabilidad de los menores podría tener repercusiones que difícilmente podrían ser revertidas en su adolescencia y/o adultez.

Para abundar sobre este tema, Infobae México consultó a Viridiana Camacho, psicóloga educativa egresada de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), quien explicó que es en los primeros años de crianza cuando las personas desarrollan muchas habilidades sociales que utilizarán por el resto de sus vidas. Aunado a ello, aspectos como la motricidad fina o la detección de algún margen de espectro del autismo deben de ser atendidos por profesionales, algo que se ve mermado si se está en reclusión.

Explicó que en situaciones de precariedad es más difícil detectar problemas de aprendizaje o de desarrollo intelectual, por lo que el menor podría estar expuesto a carencias de diagnósticos tempranos que acarrearían problemas de convivencia toda su vida.

Además, se debe de contemplar el estigma social con el que el menor deberá de lidiar una vez que salga de prisión, pues la mujer suele ser objeto de prejuicios de la comunidad con mucha más severidad que los hombres, de tal modo que sugirió que debe de haber un acompañamiento por parte del Estado aún cuando el menor ya no esté en prisión.

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