Detuvieron a la síndico y varios regidores de Tepalcingo, Morelos, por contratar personal despedido

Su aprehensión se llevó a cabo en las inmediaciones del Ayuntamiento por la Fiscalía Anticorrupción estatal, luego de que el alcalde Jesús Juan Rogel Sotelo los denunicara

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La síndica Blanca Isabel fue detenida junto a los regidores Jurgen Iván “N” y Julio “N” (Foto: Facebook/blancaisabel.pliegozuniga)
La síndica Blanca Isabel fue detenida junto a los regidores Jurgen Iván “N” y Julio “N” (Foto: Facebook/blancaisabel.pliegozuniga)

Personal de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos detuvo a la síndico municipal de Tepalcingo, Blanca Isabel “N”, en las instalaciones del Ayuntamiento luego de una sesión de cabildo que se realizó el pasado miércoles 21 de diciembre en medio de controversias.

Junto a Blanca Isabel, también fueron detenidos los regidores Jurgen Iván “N” y Julio “N”. Las autoridades indicaron que su aprehensión fue por supuestamente haber autorizado de manera indebida la contratación de personal que ya había sido despedido, “además de coaligarse para realizar acciones que van contra la Ley”, se detalló en un breve comunicado.

Se indicó que su detención la realizaron agentes de Investigación Criminal luego de que el alcalde Jesús Juan Rogel Sotelo los denunicara. En total fueron tres delitos por los cuales han sido señalados: ejercicio abusivo del servicio público, incumplimiento de servicio público y coalición de servidores públicos. Tras su aseguramiento, fueron llevados ante la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.

Pese a lo dado a conocer por la Fiscalía Anticorrupción, medios locales indicaron que en la sesión de cabildo -a la que se convocó al alcalde Sotelo y a la secretaria del Ayuntamiento, Miriam Sánchez Palma- los ahora detenidos supuestamente habrían amagado con derogar un acuerdo que posibilita al presidente municipal de Tepalcingo manejar el presupuesto de manera discrecional, según el reportero Inocente Porras.

(Foto: Archivo)
(Foto: Archivo)

Lo anterior presuntamente habría originado una discusión entre los asistentes. Fue así como los agentes de Investigación Criminal arribaron a las inmediaciones del Ayuntamiento y llevaron a cbao la detención de Blanca Isabel “N”, Jurgen Iván “N” y Julio “N”.

En agosto del año en curso, Blanca Isabel tuvo varias diferencias con el alcalde Rogel Sotelo, pues la síndico acusó que supuestamente había recibido amenazas por parte del presidente municipal. Por su parte, Sotelo amagó con proceder legalmente ante las acusaciones en su contra en caso de que no se presentaran las pruebas necesarias.

Detenciones de exfuncionarios

El miércoles 21 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción también dio a conocer la vinculación a proceso contra el ex secretario de Desarrollo Sustentable de la anterior administración estatal, Topilitzin “N”, así como de José Iván “N”, ex subsecretario de Gestación Ambiental y Noé “N”, ex director General de Gestión Ambiental.

Los imputados han sido señalados de presuntamente pagar más de 12 millones de pesos por un planta valoraizadora de residuos ubicada en el municipio de Mazatepec. Sin embargo, no fue operada de manera correcta y tampoco se le dio el mantenimiento necesario, de tal forma que actualmente se considera como inservible.

Procesaron al ex secretario de Desarrollo Sustentable, Topilitzin “N” (Foto: Especial)
Procesaron al ex secretario de Desarrollo Sustentable, Topilitzin “N” (Foto: Especial)

Fue el 29 de noviembre de 2016 cuando los ex funcionarios morelenses firmaron la acta de entrega física de dicha planta, construida por la empresa Fabricantes y Distribuidores de Materiales para la Construcción S.A de C.V. (FADIM). En total pagaron 12 millones 121 mil 297 pesos.

Como parte de sus obligaciones, los ahora procesados debían vigilar que la planta operara correctamente al momento de su entrega, así como verificar la capacitación del personal que la manejaba y el uso correcto del equipo. No obstante, la Fiscalía indicó que no realizaron ninguna de las acciones anteriores.

Además, se informó que la empresa que la operó en un principio no contaba con la capacidad técnica ni la certificación para operarla según los manuales y protocolos de funcionamiento. Tras su respectiva audiencia, se fijó un plazo de seis meses para el cierre de las indagatorias complementarias.

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