Ni recursos humanos ni financieros: por qué Va por México acudirá a la SCJN para defender al INE

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que el Plan B de AMLO en referencia a la Reforma Electoral, que ayer aprobó el Senado de la República, atenta contra las facultades constitucionales del Instituto Nacional Electoral (INE), pues los priva, de acuerdo con el abanderado del PAN, de recursos humanos y financieros.

Durante el receso solicitado entre las coaliciones Va por México (PRI, PAN y PRD) y Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) de este jueves 15 de diciembre para negociar el puntos sin conciliación de la Reforma Electoral del presidente, el también diputado del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, parte de lo que promueve la iniciativa es despedir a mil 200 funcionarios de las juntas directivas locales, con lo cual se limita la capacidad operativa del Instituto a cargo de Lorenzo Córdova.

Además, limita otras facultades, como la libertad de sancionar los actos anticipados de campaña, pues, en caso de hacerlo, la penalización resultaría mucho menor a la establecida: “esto está hecho para las corcholatas del presidente, clarísimamente”. También se impide revisar los estatutos de los partidos políticos y el rango de interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionar.

A esto, Creel Miranda aseguró que esto es violatorio del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pero lo que consideró aún más preocupante es el supuesto traspaso de votos que supone la “figura de candidatura común”, a lo que calificó como el “fortalecimiento de la partidocracia”.

Ante la tensión establecida entre partes antagónicas, el presidente de la Cámara de Diputados adelantó dos posibles escenarios, mismos que no impiden que se presenten uno en vez de otro, sino uno después de otro, donde la minuta puede sufrir modificaciones o no.

En caso de que ésta sufra modificaciones, la nueva minuta sería enviada, nuevamente, al Senado de la República para ser avalada y votada otra vez, para lo cual se tendría que convocar a una sesión extraordinaria, porque ya avalada la Comisión Permanente (misma que entra en funciones cuando el Congreso de la Unión entra en periodo de receso); o, podría esperarse al siguiente periodo de sesiones, que inicia en febrero de 2023.

El segundo escenario es que la minuta no sufra de cambio alguno y se ratifique este jueves en San Lázaro, con lo cual la oposición iniciaría con lo que dijeron que harían en referencia acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover recursos de inconstitucionalidad sobre todos los puntos que toque esta reforma y que crean contraria a la Carta Magna.

Y es que, sea cual sea el resultado, los detractores del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) adelantaron que acudirán ante la Corte para tratar de invalidar en su totalidad las modificaciones realizadas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial, y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, Santiago Creel dijo que acudió al informe del Poder Judicial y que tuvo diversos encuentros espontáneos con las y los magistrados de la SCJN, “les anticipé que llegarían las acciones de inconstitucionalidad”, dijo durante la conferencia de prensa. Además, especificó que cumplirá con su promesa de buscar la invalidez de todo el Plan B de AMLO.

De acuerdo con lo señalado, las controversias se harán llegar durante el próximo periodo de receso de la SCJN, esto para que los magistrados que queden de guardia comiencen el proceso de lectura y, cuando inicien a sesionar, le den prioridad para resolver o, agregó, existe la posibilidad de que si así lo deciden los magistrados, pueden convocar a una sesión extraordinaria para tener la determinación antes de los periodos electorales.

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