El drama de una madre que fue separada de sus hijos por ser lesbiana

Los casos de lesbofobía en México son muy recurrentes y a pesar de que algunos han mostrado recientemente los problemas que persisten, muchas mujeres temen denunciar estos actos de discriminación por la represalia que podrían sufrir.

Ante ello no solo las mujeres son las que son discriminadas, sino también sus hijos, porque aparte del abuso y la violencia que sufren ahora lo reciben por parte del gobierno.

Así la organización Presente lo señaló, ya que con varias pruebas denunció cómo las instituciones discriminaron a una mujer y le quitaron a sus hijos.

Una de las historias que compartió fue de Julissa Hass, madre lesbiana de 30 años que después de tener a su hijo, la trabajadora social se los arrebató, al igual que a su hijo de seis años y la razón fue porque es lesbiana.

A partir de que se los quitó, los menores están en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay), fue ahí donde mencionaron que le quitaron a sus hijos por ser lesbiana, expresarse con el género masculino y ser pobre.

Pero este no es el único caso, la Red de Madres Lesbianas en México afirmó que existen más temas de lesbofobia institucional en hospitales y oficinas de registro civil, en el país.

Al conocer el problema de Julissa, la Red de Madres Lesbianas empezó a procesar los casos que son similares, por lo menos existe en 10 diferentes estados del país donde las madres lesbianas, gestantes, no gestantes y sus hijos les son negados sus derechos.

“El caso de Julissa es muy particular. Pero en la Red detectamos casos similares en donde hay una lesbofobia institucional en hospitales, públicos y privados, y en registros civiles hacia madres lesbianas gestantes y no gestantes. Esto pasa desde Tapachula hasta Tijuana. Las madres lesbianas tienen que pagar amparos, abogadas, viajes y venir a la Ciudad de México para conseguir un trámite que a una pareja heterosexual jamás le van a negar”, dijo Miztli Leal.

Dariana Quintal, abogada de Julissa, explicó que la Prodennay pertenece al Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIF) y a su vez lleva más de 10 años violando los derechos de los menores de edad de los más vulnerables y pertenecientes a pueblos indígenas.

“Separan a los menores de su familia de forma injustificada, los llevan a albergues, promueven pérdidas de patria potestad de formas arbitrarias y ventajistas sobre todo con personas indígenas y personas que pertenecen a zonas marginadas y utilizan a estos menores para las adopciones. Así es como el DIF estatal se involucra en la trata de menores. Desde mi trabajo rescaté a 100 niños en esta situación”, comentó Quintal.

Desde el 2019, la organización México igualitario presentó un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de no limitar el derecho de filiación de menores que nacen en familias LGBT+.

La SCJN menciona que el derecho al matrimonio igualitario tiene relación con el derecho a la familia, la comaternidad, la seguridad social, la adopción y el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes.

El problema que persiste en la sociedad es que, aún y con la aprobación del matrimonio igualitario, las familias lesbomaternales siguen viviendo discriminación y negándoles sus derechos.

Entre los problemas que la Red de Madres Lesbianas ha encontrado en instituciones van desde el negar las visitas en hospitales, no aprueban el apellido de ambas madres para el menor, les recomiendan registrar al menor como madres solteras y el no resguardar las actas de nacimiento en registro civil y hacen que paguen un amparo, a pesar de que es un derecho.

Julissa ha recibido ataques de odio, es albañila y cuando la trabajadora social la examinó, la acusó de haber consumido sustancias por las cicatrices que tenía en su cuerpo, pero no hizo caso cuando Julissa le dijo que esas heridas habían sido de la violencia que recibió.

La trabajadora social acusó a Julissa sin pruebas, la denunció ante la Prodennay y abrió una carpeta de investigación.

Y a pesar de que sus vecinas escribieron una carta para demostrar que es buena madre y trabajadora, el DIF de Yucatán activó un protocolo para darle supuesta protección a menores, los medios locales distribuyeron esa información sin conocer lo que había sucedido.

En el hospital Julissa recibió violencia obstétrica, no la dejaron ver a su hijo, ni abrazarlo y a los nueve días de dar a luz la Procuraduría pidió que llevara una carta de antecedentes penales, comprobación de ingresos y examen toxicológico. Mientras que a su hijo le hicieron un examen psicológico con el fin de ver si recibía abuso.

De igual forma su hijo no tiene acta de nacimiento, caso por el cual aprovecharon para separarlo de su madre, esto porque Julissa mencionó que, al dar a luz, el hospital exigió siete mil pesos por registrarlo como “nacido vivo”.

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