El Senado de la República espera llevar al Pleno la discusión y aprobación de la reforma en materia electoral a solo dos días de que termine el periodo ordinario de sesiones, mientras que otros proyectos de ley están en espera de su votación.
Otro de los temas pendientes en la Cámara alta es la aprobación de la minuta enviada por los diputados, luego de la corrección al dictamen sobre las vacaciones dignas.
Otro dictamen en espera de llegar al Pleno para su votación es para la modificación de la Ley del Seguro Social referente al pago del subsidio de maternidad mediante la emisión de un certificado único de incapacidad, por 84 días, en una sola exhibición y desde el inicio de la incapacidad.
Este proyecto fue avalado por las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda, abriendo la posibilidad de que las trabajadoras embarazadas reciban el subsidio de maternidad que establece la Ley del Seguro Social.
La minuta fue enviada por la Cámara de Diputados para adicionar un tercer párrafo al artículo 101 y un artículo 102 Bis a la Ley del Seguro Social. De arpobarla sin cambios, esta deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación antes de que finalice el año.
El dictamen también plantea que, “a solicitud expresa de la asegurada, con la previa autorización escrita del médico del Instituto o, en su caso, del médico externo que lleve el control y vigilancia prenatal, y tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrán transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo”.
Agrega que en caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.
Con este proyecto, se busca garantizar certeza jurídica a las trabajadoras aseguradas en los periodos prenatales y postnatales de maternidad.
Los legisladores consideraron viable establecer en la ley, sin inconveniente jurídico alguno, que el subsidio en dinero, al que tiene derecho la mujer asegurada durante el embarazo y el puerperio, se pague mediante la emisión de un certificado único de incapacidad por 84 días, y se entregue en una sola exhibición, desde el inicio de la incapacidad.
Aseguraron que el descanso obligatorio que se otorga a las trabajadoras, antes y después del parto, se encuentra esencialmente relacionado con el pago de un subsidio, el cual se otorga en sustitución del salario que percibían por el trabajo prestado hasta antes que les fuese concedida la incapacidad por maternidad.
También mencionaron que el periodo de descanso anterior y posterior al parto constituye una medida para proteger tanto la salud de las trabajadoras, como la del producto de la concepción, por lo que si aquél ocurre antes de la fecha probable fijada por el médico, el resto de los días no disfrutados del periodo prenatal deberán ser transferidos al de posparto.
Señalan errores a la reforma electoral
En medio de las controversias que ha desatado la aprobación del Plan B de Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados —por la vía rápida—, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), identificó al menos 21 puntos de este conjunto de reformas que atentan contra la Constitución
Durante una primera reunión, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó 15 de los 21 cambios al Plan B propuestos por Monreal Ávila y aceptó sólo seis.
“Fue una reunión que iniciamos a las 8 de la mañana. El secretario de Gobernación y un servidor. Luego, a las 9 de la mañana se incorporaron los dos presidentes de comisión, Mónica Fernández y Manuel Espino; y a las 9:40 iniciamos la reunión con el grupo parlamentario y con los aliados: el Partido Verde, el PES y el PT”, explicó Monreal por la tarde del 12 de diciembre.
Las modificaciones reconocidas y aceptadas por el titular de la Segob contemplan la inconstitucionalidad de procedimientos alusivos al Instituto Nacional Electoral (INE), así como a la pérdida de registro de partidos políticos y el financiamiento de estos.
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