Las razones por las que el Plan B electoral de AMLO podría ser declarado inconstitucional, según Santiago Creel

Morena no cuidó las formas legislativas aunque la Constitución prohíbe que se vuelva a presentar de forma inmediata una iniciativa que ya había sido rechazada, señaló el panista

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Ignacio Mier, de Morena, y Santiago Creel, del PAN. (Foto: Twitter/@NachoMierV)
Ignacio Mier, de Morena, y Santiago Creel, del PAN. (Foto: Twitter/@NachoMierV)

El diputado del PAN y presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel Miranda, señaló las graves faltas en el proceso legislativo en las que incurrió Morena al presentar en “fast track” un proyecto de reforma electoral (Plan B de López Obrador), el cual ni siquiera fue leído ni discutido, para ser votado en cuestión de horas, saltándose la discusión democrática, como ordena la Constitución.

Creel Miranda aclaró que no existía justificación para dispensar de trámites al Plan B luego del rechazo a la reforma constitucional pretendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El miércoles, el proceso en “fast track” pudo correr porque fue impulsado por la mayoría (Morena, PT, PVEM) y por lo tanto como presidente de la Mesa Directiva no cuenta con facultad para frenarlo, sin embargo, desde el inicio expresó que la dinámica era inconstitucional.

Su función es, detalló, “velar por los principios de orden democrático: reflexión, diálogo, debate e intercambio de ideas”. Por eso en reunión de Mesa Directiva voté en contra del orden del día que propuso la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a cargo de Ignacio Mier, de Morena.

Creel Miranda, experto en la Constitución, explicó que hay tres causas por las que “el mayoriteo” de Morena para aprobar a máxima velocidad el dictamen fue inconstitucional:

Violó el proceso legislativo, pues en casos similares, la Corte así lo ha resuelto, resaltó el legislador.

El documento era de más de 300 páginas, por esa razón era “materialmente imposible leer, analizar, discutir y votar seis iniciativas electorales en cuestión de minutos”. Pero eso no importó para Morena y sus aliados e “hicieron valer su mayoría sin diálogo y sin cuidar siquiera las formas”.

Además, algunas propuestas del Plan B forman parte de la iniciativa de reforma constitucional que ya había sido rechazada en el Pleno de San Lázaro. No solo no recordaron que los temas electorales requieren amplios consensos y legitimación, expuso el panista, y añadió que en la bancada guinda se olvidaron de todo el proceso legislativo y que la Constitución prohíbe insistir inmediatamente en propuestas previamente rechazadas.

El artículo 72 de la Constitución prohíbe que se vuelva a presentar una iniciativa que ya había sido rechazada. Es el caso del Plan B de Morena, contiene elementos de la iniciativa de reforma constitucional que fue desechada.

Por ello, de aprobarse la iniciativa en el Senado, los panistas acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se anule lo votado por Morena y aliados.

Morena reconoce errores, de otro tipo

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, admitió que hubo un yerro al aprobar el paquete de reformas a leyes secundarias en materia electoral, por lo que habría un par de puntos “inconstitucionales”, por lo cual pedirán al Senado de la República lleve a cabo las correciones.

“En este ejercicio cometimos, digamos, un yerro procedimental que nosostros admitimos que nosotros admitimos y que es de reconocer, fue una reserva que agregamos, vamos a asumirlo y anunciar que hay dos renglones que no debieron haber aparecido y que sin embargo, se metieron”, dijo el líder de Morena.

El coordinador reconoció que se trata de una de las peticiones que les concedieron a sus aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo, para protegerlos de perder el registro pues permite una transferencia de votos, lo que evitaría riesgos de desaparecer.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, explicó los cambios que se hicieron a la iniciativa original de último momento. El funcionario aseguró que se trató de “un error” y que ante su inconstitucionalidad, se tendrá que rectificar.

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