Plan B de AMLO: con limitaciones, esta es la última oportunidad de la 4T para aprobar una Reforma Electoral

El día que se rechazó en el Pleno de la Cámara de Diputados la Reforma Constitucional en materia Político-electoral de AMLO, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó el llamado Plan B, una serie de modificaciones en el ramo que no trastocan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pero sí seis leyes secundarias.

Antes de que el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro rechazara la iniciativa presidencial este martes 6 de diciembre, López Hernández presentó el nuevo texto, esto porque ya se esperaba el rechazo que manifestó la oposición parlamentaria, pues para realizar modificaciones en la Constitución, se necesitan de, mínimo, 334 votos y, como Morena y sus aliados no los tienen, la iniciativa no pasó el primer filtro.

En cambio, para aprobar modificaciones a leyes secundarias, sólo se necesita de la mayoría simple, algo que Morena sí tiene, esto sin considerar que además cuenta con el apoyo incondicional del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que esta estrategia, aunque no ahonde de manera tan profunda y estructural como lo desearía el jefe del ejecutivo federal, sí representaría un cambio considerable en la organización administrativa de los organismos políticos y electorales mexicanos.

La iniciativa que se discute durante la sesión ordinaria de este martes es la constitucional, por lo que la presentación del texto en relación a las leyes secundarias será atendida, primero, en comisiones y, después, en el Pleno, por lo que se desconoce la exacta redacción de ésta, pero sí se puede saber el tiempo de limitaciones que contiene, ya que Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, brindó una explicación de sus alcances.

Desde hace algunos días, Mier Velazco ofreció una serie de declaraciones a medios de comunicación en los que explicó que, para presentar la iniciativa político-electoral que modifica las leyes secundarias, se tiene como límite abril de 2023, por lo que, ante el probable rechazo de la oposición, se mostró tranquilo al tener la certeza de que el Plan B sí pasaría; sin embargo, reconoció que existen limitaciones es esta nueva reforma.

Por ejemplo, en el Plan A del presidente se prometió reducir de 11 a siete los consejeros electorales del INE, de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, pero como la cantidad de funcionarios en estas dependencias es algo que viene referido en la CPEUM, pues el Plan B de AMLO simplemente no puede alterarlos.

Aunado a ello, AMLO había propuesto un nuevo mecanismo de asignación de legisladores federales, donde se eliminaban los plurinominales y los partidos deberían de proponer listados por los cuales las y los ciudadanos ejercerían su voto; sin embargo, como los legisladores de representación proporcional están respaldados por la Constitución, esta modificación tampoco podrá ser presentada.

Al respecto, se destaca que cada consejero electoral gana 400 mil pesos mensuales, los senadores 105 mil y 88 mil los diputados federales. Esto quiere decir que si se hubiera aprobado la iniciativa constitucional, anualmente se ahorrarían, de puros salarios en estos organismos, 265 millones 920 mil pesos.

Sin embargo, con el Plan B sí se pueden realizar modificaciones a la organización administrativa de los organismos electorales, esto para eliminar la burocracia innecesaria, mejorar los procesos a los que están obligados, evitar duplicidad de funciones y optimizar la fiscalización, cosas que, de aplicarse tan sólo en el Instituto Nacional Electoral (INE), se generarían ahorros, de acuerdo con Morena, de 3 mil millones de pesos.

Pero la batalla entre facciones parlamentarias no terminaría ahí, pues Santiago Creel, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que si se llegaran a aprobar modificaciones a las leyes secundarias que contravinieran ala CPEUM, él y el resto de la oposición promoverán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que sería el poder judicial quien tendría la última palabra en la Reforma Electoral de AMLO.

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