La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este 6 de diciembre los proyectos de los cinco aspirantes a la presidencia del máximo tribunal, cargo que se disputarán las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa, y sus compañeros Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek.
De acuerdo con la Corte, la elección se llevará a cabo en sesión pública el día lunes 2 de enero de 2023, la cual será presidida por el Ministro decano, quien será el encargado de dirigir y vigilar el procedimiento establecido en el Reglamento Interior de la Corte.
La votación se hará por cédulas (papeletas), contando con la participación de dos integrantes del Pleno para el escrutinio.
Conoce las propuestas de las Ministras y los Ministros aspirantes a ocupar la presidencia de la #SCJN para el periodo 2023-2026
— Suprema Corte (@SCJN) December 6, 2022
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Para que una persona sea electa en l apresidencia de la SCJN deberá obtener cuando menos seis votos. En caso de no tener los votos suficientes, se hará una nueva votación en la que sólo participarán las dos personas que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, resultando electa o electo quien alcance seis votos o más a su favor.
Qué proponen los aspirantes a la presidencia
En las líneas generales de su proyecto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández adelantó, que en caso de ganar, su compromiso será desempeñar las funciones de la presidencia conforme la encomienda constitucional: la independencia judicial.
La independencia judicial es indispensable para resolver conflictos entre los poderes públicos. Al mismo tiempo, irradia las relaciones entre particulares, define el ejercicio de nuestros derechos y, sobre todo, contribuye a la pacificación social.
Javier Laynez Potisek apunta que el Poder Judicial asuma plenamente su papel como uno de los tres pilares del Estado. Además, debe contribuir a preservar las instituciones esenciales para la vida democrática del país.
La independencia del Poder Judicial únicamente es sostenible si convierte a la neutralidad política en la guía para su actuación. Por ello debe desterrarse la percepción de juzgadores a favor o en contra de una posición política.
Por su parte, Yasmín Esquivel, quien llegó a la Corte en el 2019, plantea un esquema que dé continuidad al diseño de políticas públicas judiciales y reflexionar la pertinencia de modificar aquellas en las que aún existan áreas de oportunidad.
Para la ministra Esquivel, el acceso a la justicia no depende sólo de la obtención de una resolución apegada a derecho, requiere eficiencia operativa al interior de la institución que la imparte. Por ello, propone una mayor participación en la administración del máximo tribunal y mejorar el desempeño de sus atribuciones.
El ministro Alberto Pérez Dayán señaló la desmesurada campaña de desprestigio constante hacia el Poder Judicial de la Federación, ocasionando que la credibilidad institucional se haya visto mermada considerablemente.
Pérez Dayán propone continuar con la política de cero tolerancia a cualquier hecho de corrupción, haciendo de ella una más eficiente y eficaz, e implementarla al resolver hechos que impliquen discriminación, hostigamiento, acoso sexual y discriminación.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también destacó la importancia de mejorar la administración interna de la Corte, “demostrando nuestro manejo racional y austero de los recursos”.
Gutiérrez Ortiz Mena plantea un Poder Judicial de la Federación con procesos eficientes, así como una disciplina moral, mística y compromiso incondicional con el país. También sugiere la necesidad de profundizar las políticas para el trabajo a distancia, pues la pandemia demostró sus beneficios.
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