Luego del asesinato en Zacatecas del juez de control, Roberto Elías Martínez, mientras circulaba en su automóvil, el senador Ricardo Monreal planteó la necesidad de instaurar en México la figura de “jueces sin rostro”, para proteger y dar seguridad a quienes imparten la justicia.
La figura de “jueces sin rostro” debe ser valorada para proteger y dar seguridad quienes juzgan y sentencian a los acusados de narcotráfico, delincuencia organizada o terrorismo, delitos extremos y de alta peligrosidad para la sociedad, explicó Monreal.
Esta modalidad ha sido implementada en otros países como Italia y Colombia, durante la guerra contra los cárteles de la droga. En un tribunal sin rostro, los juzgadores ya no serían presa fácil de las amenazas de “plata o plomo”.
Monreal ávila explicó que es una medida de excepción, pero la violencia que se vive en varias regiones del país también es excepcional. Basta recordar que este fin de semana se registró una emboscada a policías municipales de Valparaíso, Zacatecas, y diversos narcobloqueos en los límites de esa entidad con Jalisco.
Italia fue el primer país en adoptar esta figura, en los años noventa del siglo pasado, después de que la mafia siciliana asesinara a 24 jueces, entre ellos, al conocido juzgador antimafia Giovanni Falcone.
Después Colombia siguió el ejemplo, cuando la llamada “narcoguerrilla”, promovida por el narcotraficante Pablo Escobar, asesinó a más de 290 funcionarios de la Policía y del Poder Judicial, que perseguían tanto a narcotraficantes como a guerrilleros. Incluso, el crimen organizado asesinó en 1989 a un candidato presidencial, Luis Carlos Galán, quien se mostraba a favor de la extradición de los capos colombianos a los Estados Unidos.
En Perú, durante el conflicto con el grupo terrorista Sendero Luminoso se recurrió al sistema de “justicia secreta” o “justica sin rostro”. En 2019, Brasil creó la figura “Tribunales sin rostro” para combatir narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y grupos paramilitares, después de una ola de ejecuciones de jueces y magistrados.
El legislador zacatecano insistió que la violencia padecida en México ha estado escalando de objetivos e impactos. Afecta por igual a las personas que son vistas como “daños colaterales”, hasta los personajes que representan a la seguridad y la justicia, como policías y jueces.
Hace seis años, en el Estado de México, fue asesinado el juez federal Antonio Bermúdez, quien llevaba los casos de dos importantes narcotraficantes, Abigael González, el Cuini, y Miguel Angel Treviño, el Zeta 40.
Hace dos años, en Colima, el juez federal Uriel Villegas y Verónica Barajas, su esposa, fueron ejecutados al salir de su domicilio.
El sábado pasado, el juez estatal Roberto Elías Martínez fue asesinado en Zacatecas al salir de su domicilio.
Si ya se tiene legalmente reconocido un cuerpo civil con formación militar como la Guardia Nacional, si ya adoptamos también el “criterio de oportunidad” para disponer de testigos protegidos, si contamos con unidades federales y estatales de inteligencia financiera para detectar el lavado de dinero, entre otros instrumentos jurídicos, justo es proteger ahora el último eslabón de la cadena holística de seguridad y justicia: los jueces, expuso Monreal.
Zacatecas se ha convertido en uno de las entidades más violentas, en medio de las disputas de las bandas del crimen organizado por el control del territorio.
Hace poco más de una semana, el jefe de la Guardia Nacional en el estado murió durante operativo, en uno de los ataques a mandos de más alto rango de la policía militarizada creada por el actual Gobierno para combatir la delincuencia.
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