De 1953 a 2014: cuáles han sido las reformas electorales en México

La vida democrática en el México moderno, posrevolucionario, ha atravesado diferentes reformas y modificaciones. Posterior al conflicto armado de inicios del siglo XX, los grupos que resultaron victoriosos se alinearon en un mismo partido político, el cual tenía como primer objetivo congregar la pluralidad de ideas en un mismo espacio para evitar posibles fracturas que trajeran consigo otro movimiento social.

En un primer momento, el nombre que adoptó la institucionalización de la Revolución Mexicana fue el del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, posteriormente sufrió cambios internos y cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938.

Así se le conoció hasta 1946 cuando nació oficialmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo que por décadas gobernó desde cada puesto de elección popular que había en el país. Tal contexto de concentración de poder y algunas dudas sobre la legitimidad en los procesos electorales causaron que grupos opositores e incluso al interior del mismo tricolor comenzaran a pedir reformas a lo que se había planteado en la Constitución de 1917.

En un primer momento las reformas no fueron tan radicales como las que se presentaron desde la década de los setentas; sin embargo, sentaron la base para que se le diera cabida a la pluralidad de ideas en el sistema político mexicano mediante modificaciones a las reglas electorales que dieron paso al sistema que actualmente se lleva a cabo en el país.

Previo a las reformas que modificaron las estructuras electorales y legislativas, en México se dio una reforma que modificó la integración social, pues fue en el tercer año de la década de los cincuenta que se oficializó la participación de las mujeres en los comicios que se realizaban en el país —como sujetas con derechos político-electorales— al aprobar su derecho al voto.

Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) hasta los años sesenta, los cambios en las leyes y normas fueron muy celosos en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, pues el legado del movimiento armando seguía siendo fuerte para la conformación social y como mito de consolidación del país.

La primera gran reforma en materia electoral ocurrió durante el gobierno de Adolfo López Mateos cuando se introdujo por primera vez el límite de espacios en el Poder Legislativo para los partidos políticos, esto porque la oposición al PRI comenzaba a cuestionar la nula competencia en los procesos electorales, debido a que el mismo instituto que gobernaba era quien organizaba los comicios.

El cambio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en julio de 1963 y estableció que un partido político se volvería acreedor a cinco curules en la Cámara de Diputados cuando alcanzara por lo menos el 2.5% de la votación total; sin embargo, no podía rebasar los 20 representantes, con el fin de evitar que un solo grupo dominara toda la Cámara Baja.

Tuvieron que pasar más de 10 años para que se volviera a legislar sobre la matera. Fue en el 76 cuando se reformó el porcentaje mínimo requerido para que los partidos pudieran acceder a un espacio en el legislativo, se pasó del 2.5% al 1.5 por ciento.

Un año más tarde se daría una de las reformas más relevantes para el México moderno, pues con la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) se pasó de 238 diputados a 400, por lo que se tuvo que modificar la Constitución y la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.

Asimismo, se eliminó la figura de diputados de partido que había nacido en la década de los sesenta, estableciéndose un sistema mixto en donde se dio mayor cupo a la mayoría relativa -los diputados que se votan directamente- sobre la representación proporcional -es decir, los legisladores que son seleccionados por su partido mediante una lista y se agregan de acuerdo al porcentaje de los sufragios-.

Esta variante de diputados fue una innovación en el sistema partidista de México, debido a que los legisladores se repartían por partido y no por distritos electorales, mediante un sistema de listas regionales; este cambio en las reglas electorales los encabezó del priista Jesús Reyes Heroles.

Tras la reforma disruptiva del 77, como muchos académicos la llamaron debido a que permitió que el PRI comenzara a tener competencia electoral y dentro de los congresos, se planteó la necesidad de que la Comisión Federal Electoral -que aún pertenecía a la Secretaría de Gobernación- estuviera integrada por el principio de representación proporcional, es decir, que la integraran más representantes y no solo personajes del Estado.

Asimismo, se reformó la conformación de la Cámara de Senadores; ahora se renovaría la mitad cada tres años, aunque cada legislador duraría seis años, es decir, dos legislaturas.

Pese a lo anterior, fue después de los rumores de fraude electoral que cubrieron la elección de 1988 donde quedó electo Carlos Salinas de Gortari como presidente que, desde el congreso, se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (COFIPE), misma que ordenaba la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), una autoridad autónoma que no dependiera del Ejecutivo Federal y que organizara los comicios en la nación.

Tras tres años con la COFIPE, el congreso modificó la ley y le dio más facultades a la autoridad electoral, como declarar la validez de las elecciones del Congreso de la Unión, expedir constancias de mayoría de ganadores, además de establecer un tope de gastos de campaña para los partidos políticos.

Asimismo, al interior del instituto también se le otorgó el poder de designar al secretario general, así como a los directores ejecutivos por el voto de las dos terceras partes del Consejo General y a propuesta del consejero presidente.

Sin embargo, en el ámbito del Congreso de la Unión se cambió la forma de integración de la Cámara Alta, pues se aumentó el número de legisladores a cuatro por cada estado y al entonces Distrito Federal, tres sería votados directamente y uno por lista plurinominal.

La reforma de este año trajo consigo modificaciones al IFE, pues por primera vez se apostó por la integración ciudadana en el Consejo General, aunque serían propuestos por la Cámara de Diputados y elector por el voto de las dos terceras partes de los miembros; asimismo, los partidos ahora tendría representantes sin derecho a voto.

Tras estas modificaciones, el consejo quedó conformado por un consejero presidente, seis consejeros ciudadanos, cuatro consejeros del Poder Legislativo y los representantes de partidos políticos con registro vigente.

Dos años más tarde se realizó una reforma constitucional al artículo 41, así como a la ley secundaría en donde se fortaleció la autonomía del IFE al eliminar los consejeros del Poder Legislativo y pasando esos lugares a consejeros ciudadanos.

Asimismo, se eliminó la figura de director y secretario general del órgano, en cambio se creó la presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva, además de crear comisiones permanentes a cargo de los demás consejeros. Hasta la fecha, estas modificaciones siguen vigentes.

En el Senado se volvieron a dar cambios, puesto que se estableció como una cámara para 128 representantes, de los cuales cada estado tendría dos senadores electos directamente y uno por primera minoría; los 32 restantes serían por representación proporcional.

El Congreso de la Unión modificó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral, con el cual se le otorgaron 53 nuevas atribuciones al Instituto Federal Electoral, con el fin de que se homologaran los procesos electorales federales y locales para garantizar la democracia social.

Es decir, además de organizar los procesos electorales federales, la autoridad debería asegurar condiciones de “equidad y civilidad” en las campañas -tanto en carteles, como en difusión de radio y televisión-, además de hacer transparente el proceso de organización con la creación de la Unidad de Fiscalización, por último, la difusión de los resultados al término de la jornada electoral.

La última gran reforma constitucional ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el IFE cambió al Instituto Nacional Electoral (INE) con lo cual, ahora la autoridad electoral organizaría los procesos electorales federales, además de coordinar a los organismos locales para la realización de los comicios en todas loas entidades federativas.

Asimismo, se estableció que el Consejo General estaría integrado por 11 ciudadanos, los cuales serían elegidos por la Cámara de Diputados; uno de ellos fungiría como el consejero presidente, mientras que los demás serán solo consejeros electorales.

Entre las nuevas funciones que tiene el órgano colegial es que, a petición de los partidos políticos, podrá organizar la elección de sus dirigentes; además de establecer la figura de candidatos independientes -los cuales no tendría que pertenecer a partidos políticos para ser parte de la boleta-; finalmente, organizar consultas populares y otros ejercicios de democracia participativa.

Por último, se crearon otras leyes secundarias como la Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en Materia de Delitos Electoral, de Partidos Políticos, así como de Consulta Popular.

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